Impuesto al cheque: un tributo distorsivo que vencía en 2002 y sigue vigente

Durante el fin de semana el Gobierno reglamentó que, a partir de agosto, los pagos realizados a través de Proveedores de Servicios de Pago (PSP, aunque son conocidos popularmente como fintech) deberán pagar el impuesto sobre los débitos y créditos bancarios. Si bien en las práctica se sigue extendiendo y consolidando, en teoría, este impuesto debía estar vigente solo hasta fines de 2002.

“La realidad es que este impuesto se pensaba que iba a tener vigencia hasta 2002. Se creó en 2001 por la Ley de Superpoderes, a raíz de la situación de emergencia que transitaba el país. Pero es un impuesto tóxico para la actividad económica y, en vez de cortar la vigencia, ya tiene 20 años. Tiene el podio de los tributos más distorsivos, junto a Ingresos Brutos y la retención de exportaciones, que son los tres peores del sistema tributario argentino”, consideró César Litvin, socio del estudio Lisicki Litvin & Asociados.

Pero esa no fue la única promesa que no se cumplió. En un principio, el Gobierno aseguró que se iba a poder computar el 100% del impuesto a los débitos y créditos bancarios como pago a cuenta de Ganancias. “Desde que se creó, recorrió muchos andariveles. Se informó que iba a ser pago a cuenta al 100% del impuesto a las ganancias, pero después comenzaron las restricciones. Hoy solo tienen esta opción las pymes del tramo uno”, recordó el tributarista Santiago Sáenz Valiente.

Ahora, a partir de agosto, el impuesto alcanzará a las personas jurídicas que operen a través de plataformas como MercadoPago, Ualá, RapiPago y PedidosYa, entre otros 51 proveedores que aparecen en el listado del Banco Central. Tendrán que actuar como agentes de liquidación y percepción del impuesto a los débitos (0,6%) y a los créditos (0,6%).

Las críticas al impuesto: distorsivo e inconstitucional

Una de las principales críticas que tiene el impuesto al cheque es que no tiene en cuenta la capacidad contributiva de la persona, sino que se rige únicamente por los movimientos bancarios, razón por la cual se lo considera distorsivo. “Es una suerte de ‘tortura china’ que, gota a gota, te perfora el financiamiento de un emprendimiento. Imaginen que este impuesto se cobra hasta sobre los ATP recibidos del Gobierno”, sentenció Iván Sasovsky, titular de Sasovsky & Asociados.

“Los movimientos financieros pueden no tener nada que ver con la rentabilidad que puede generar un negocio. Por eso es distorsivo. En cambio, si fuera pago a cuenta de Ganancias, del 100% y de forma inmediata, ahí la distorsión desaparece. Pero eso no existe”, agregó Sáenz Valiente.

Además, los tributaristas señalaron que tiene “vicios de inconstitucionalidad”, debido a que los impuestos deben aprobarse por ley y no a través de un decreto del Ejecutivo, como lo fue en este caso. Según Sasovsky, la modificación por decreto en materia penal “está estrictamente prohibida al poder Ejecutivo”.

“En su momento, la creación de este impuesto tuvo el pecado original de que el hecho imponible fue creado por el poder Ejecutivo y no por el Congreso. Ahora, se extendió el hecho imponible mediante un decreto. Con esto, estamos violando el principio de legalidad”, coincidió Litvin.

No es el primer impuesto que llegó a la Argentina con la promesa de ser temporario, para luego establecerse definitivamente. Sin embargo, los profesionales consideran que este tipo de situaciones siguen acumulándole presión fiscal a los contribuyentes y “fomenta la informalidad de la economía”.

“Me pregunto si habrá algo más que podamos decir o reclamar desde la comunidad de profesionales en la materia. Este tipo de decisiones nos van matando día a día y empobreciendo a todos”, cerró Sasovsky.