Impuesto a la riqueza. Proponen transformarlo en un aporte productivo al sector privado

El impuesto a la riqueza, que se trata hoy en el Congreso, desató una ola de críticas de empresarios y tributaristas. Mientras los contadores de grandes contribuyentes se preparan para dar pelea en la Justicia en caso de que el proyecto de ley prospere -algo que ya se da por descontado-, algunos referentes del sector privado sugieren transformarlo en un "bono" para poner en marcha la actividad.

Por un lado, la Unión Industrial Argentina (UIA) propuso que, en primer lugar, no se graven los activos productivos. Además, y en caso de que el proyecto avance tal como está propuesto, solicitó que el saldo que se paga se pueda tomar a cuenta como un "bono" para hacer inversiones y capitalizar la propia empresa. Los equipos técnicos de la central fabril se movieron durante todos estos días para promover la idea y su titular, Miguel Acevedo, lo declaró públicamente.

Mientras tanto, un hombre que conoce bien a los principales referentes del sector privado fue armando su propia propuesta. Se trata de Amadeo Vázquez, expresidente de Telecom y exCEO de Banco Río, quien sugiere que, en lugar de cobrarse un impuesto, se sancione una ley que obligue a quienes tengan un patrimonio mayor a $600 millones (unos $400 millones más que el piso propuesto por el proyecto) valuados en la forma habitual al 31 de diciembre de 2020 a invertir un 3% de su patrimonio en nuevos bonos u obligaciones negociables registradas en la Comisión Nacional de Valores.

Esos títulos podrían ser en pesos o en dólares, con un plazo no menor a dos años y una tasa en dólares no mayor a un 4% anual, según la propuesta de Vázquez, y los emisores serían empresas privadas o cooperativas privadas con sede y operaciones en el país de los sectores industrial, agropecuario, de la construcción, tecnológico o de servicios con domicilio fiscal y operativo en el país.

El objetivo de su propuesta es fomentar el apalancamiento del sector privado en el mercado de capitales (ya que algunas compañías deberían emitir esas obligaciones negociables) y ayudar a la reconstrucción del sector privado, hoy golpeado por la pandemia.

"La ley debería establecer sanciones por incumplimientos de inversión no menores a las tasas de interés previstas para las inversiones. El concepto clave es que estamos ante una inversión solidaria entre privados y no un ingreso tributario de carácter fiscal", explicó Vázquez en diálogo con LA NACION.

El impuesto a la riqueza es un tributo propuesto por el oficialismo que grava por única vez los patrimonios mayores a $200 millones. Según cálculos de AFIP, alcanzaría a un universo potencial de 9298 personas, integradas por 7438 que ya presentaron sus declaraciones juradas de Bienes Personales y otros 1860 que aún no. La recaudación potencial sería de $307.000 millones.

Además, se estima que 253 personas con patrimonios de más de $3000 millones podrían aportar el 50% de esa recaudación potencial.