El Estado ahorrará $6000 millones con un cambio que afecta a las generadoras

La necesidad del Estado de reducir el gasto en subsidios energéticos se tomó una nueva víctima. Primero habían sido los usuarios, con el aumento del 55% que tendrán en el año las boletas de luz. Luego siguieron las productoras de gas en Vaca Muerta, con el cambio de interpretación en el esquema de subsidios. Y la semana pasada fue el turno de las generadoras de electricidad, a las que se les redujo el pago por tener garantizada una potencia determinada en caso de ser necesaria la energía. Este nuevo ajuste que decidió la Secretaría de Energía permitirá ahorrar $6000 millones en las cuentas nacionales en 2019, según dijeron fuentes oficiales.

Para las generadoras implica pérdidas de entre US$40 y US$50 millones en el año, indicó una de las empresas más grandes del país. "Es un cambio en las reglas de juego a través de una resolución que este mismo gobierno emitió. Es una mala señal para los inversores, ya que genera una incertidumbre fenomenal en todo el sector de la energía eléctrica, porque deja establecido que el político de turno puede modificar de manera muy relevante la remuneración", se quejó el ejecutivo.

Según indicó el Gobierno, esta normativa afecta al 35% de la generación media anual. Para el sector privado, por otro lado, impacta en el 60% de la energía que se genera en el país. Las más afectadas son la energía térmica y la hidroeléctrica.

La resolución en cuestión es la 19, que firmó en febrero de 2017 el entonces ministro de Energía, Juan José Aranguren, que establecía que las generadoras recibirían un subsidio de US$7000 por MW generado por mes para que mantengan una disponibilidad de potencia determinada -la que habían ofertado- por tres años. Se trata de la electricidad que es menos eficiente, pero la más necesaria, ya que entra en funcionamiento en los picos de demanda, cuando el resto de la energía ya fue despachada en el sistema.

Con la modificación de la resolución, el dinero que se les destina a las generadoras se redujo a US$5500 por MW por mes en el semestre más frío del año.

"Es un mecanismo de ajuste de remuneración que permite reducir costos del sistema (bajar el costo de la energía para la industria nacional y reducir el costo de los subsidios), manteniendo la viabilidad operativa de los equipos y contribuyendo a la eficiencia (las maquinas más eficientes tienen menor ajuste)", explicaron en la cartera que conduce Gustavo Lopetegui. "Las empresas mantienen una rentabilidad más que suficiente. Además, este año entra al sistema la energía nuclear generada del embalse Río Tercero, en Córdoba, y muchos parques de energía renovable, con lo cual baja el requerimiento de energía térmica más de un 10%", justificaron.

Este cambio normativo había sido conversado con las distribuidoras a principios de diciembre pasado, cuando todavía conducía la cartera de Energía J avier Iguacel. En enero, Lopetegui volvió a reunir a las empresas y transmitió un mensaje de tranquilidad, según indicaron las generadoras: que el cambio sería de manera gradual para no afectar los balances de las empresas, y que se iban a negociar las formas y los términos de la modificación.

Sin embargo, cuando la semana pasada fueron convocadas nuevamente por el secretario de Energía, se sorprendieron con que la decisión ya estaba tomada.

"Si bien no somos ajenos al estado de la situación económica del país, vemos esta decisión como mero paliativo o intento de mostrar resultados de corto plazo sobre un sector que se basa, en todos sus aspectos, en decisiones con horizontes de largo plazo", dice la misiva que le envió a Lopetegui Ageera, la asociación que agrupa a las generadoras de electricidad.

El enojo de las empresas de generación de energía se suma al que hicieron público en enero las petroleras, luego de que el Gobierno disminuyera los subsidios a la producción de gas no convencional. También se espera que con el aumento de las tarifas de luz, a fin de año el Estado deje de destinarles subsidios a los consumidores (salvo la tarifa social, que seguirá vigente). Todo esto tiene un único fin: reducir el gasto para llegar a la meta de déficit fiscal cero que se estableció con el FMI.

Más incentivos para el gas

La Secretaría de Energía anunciaría hoy la puesta en marcha de una nueva resolución para incentivar la producción de gas en los meses de invierno, cuando la demanda aumenta hasta cinco veces más que en verano. A este nuevo incentivo fiscal no podrían ingresar las empresas que ya reciben subsidios por la resolución 46, y estará atado a la licitación para construir un nuevo gasoducto.