Intentan evitar despidos con más intervención del Estado

Con la intención de imponer frenos a los despidos masivos y a las suspensiones, el Ministerio de Trabajo prepara un decreto de modificación del régimen que rige para las negociaciones encaradas por las empresas y los sindicatos en situaciones de crisis. Según fuentes de esa cartera, los cambios apuntarán a evitar, mediante una mayor intervención estatal, que las partes "escapen" en la práctica a las negociaciones, que deberían tender a aliviar, de alguna manera, los efectos del deterioro de la actividad sobre los trabajadores.

La reforma se fundamentará en las conclusiones de un informe que la gestión de Alfredo Atanasof encargó a los técnicos de la cartera laboral. Allí se evalúa que las negociaciones de crisis abiertas en los últimos siete años han tenido pobres resultados, a la vez que ha ido cayendo el porcentaje de procedimientos que terminan en acuerdo de partes, que hoy se ubica en no más del 10 o el 15 por ciento.

Recesión mediante, en los últimos años se ha incrementado la cantidad de empresas que piden la apertura de un procedimiento preventivo de crisis, una instancia obligatoria previa a despidos o suspensiones masivas, que determina el inicio de un plazo de 15 días para negociar con el sindicato. Sin contar las presentaciones en los organismos provinciales, en 2001 hubo 188 procedimientos habilitados por el Ministerio de Trabajo de la Nación, lo que representa un aumento del 72% respecto de las negociaciones iniciadas el año anterior y un incremento del 290% en relación con 1998, año en que comenzó la caída de la actividad. En lo que va de 2002, ya se sumó una veintena de casos.

"El procedimiento de crisis se ha transformado en una mera instancia administrativa con vistas a cumplir una obligación legal, perdiéndose su función como salvaguardia del nivel de empleo", señala el informe de la cartera laboral.

La lupa estatal

Una alta fuente del ministerio dijo a LA NACION que se busca promover una mayor intervención del Estado, para evitar que algunas empresas pidan negociaciones de crisis "para después despedir pagando el 50% de la indemnización", una reducción prevista para los despidos que se justifican en razones económicas.

La reforma abarcaría lo siguiente:

• El posible llamado a participar de las conversaciones a organismos como la AFIP, para tratar de incluir en el acuerdo algún plan especial de pagos de deudas. El punto también podría incluir la determinación de asignar montos previstos para los planes de empleo a la entrega de subsidios temporales, si se entiende que la actividad de la empresa es viable.

• La aclaración de que el ministerio tendrá la facultad de dictar una conciliación obligatoria luego de fracasadas las conversaciones entre las partes. De esta manera, y a pedido de alguna parte o de oficio, se extenderían los tiempos para buscar un acuerdo. En última instancia, se prevería la posibilidad de un arbitraje, pero sólo si existe voluntad de las partes.

• La creación de una comisión interministerial que dictamine si la empresa está en una crisis que la obliga a despedir.

• Un mayor control sobre otras instituciones de resolución de conflictos laborales dependientes del ministerio. Ayer, por caso, se conoció una resolución del secretario de Trabajo, Carlos Tomada, que dispone la presencia de un abogado de la cartera toda vez que se firme en el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (Seclo) un acuerdo espontáneo (retiros voluntarios) que involucre a más de 10 personas. "El objetivo es apoyar a los trabajadores, observando si no los están forzando a firmar, cuando en rigor hay un despido encubierto", apuntó la fuente.

Los datos de los procedimientos abiertos en los últimos años permiten concluir que, cuanto más aguda la recesión, menos acuerdos firman las partes, porque lógicamente, tienen menos elementos para negociar. De hecho, en 1998 y 1999 un tercio de las presentaciones terminó favorablemente, mientras que en 2000 y 2001 esa proporción cayó a la mitad. El año postequila, 1995, resultó el de mayores procesos abiertos, con un total de 214 y también el de mayor cantidad de acuerdos (47,7%).

Para el período 1994-2001, se estima que las medidas inicialmente previstas por las empresas (despido, suspensión o modificación de jornadas) afectaron a 37.080 personas, sobre 50.056 involucradas inicialmente. En otras palabras: las negociaciones lograron desafectar de medidas perjudiciales al 16% de los trabajadores. El indicador es insuficiente para medir la eficacia de los procedimientos, porque se presume que las 25.397 personas involucradas en acuerdos firmados se vieron afectadas, pero de una manera más leve que la inicialmente planteada por la empresa.