Jubilaciones: fuertes advertencias de abogados por el proyecto de ley oficial

El proyecto de ley impulsado por el Gobierno para disponer una nueva fórmula de actualización de las jubilaciones conlleva el riesgo de "desnaturalizar el haber previsional y la garantía constitucional de movilidad", referida a procurar que los ingresos no pierdan valor con el paso del tiempo. Esa es una de las advertencias que hacen los abogados de la Comisión de Seguridad Social de la Asociación de Abogados y Abogadas de Buenos Aires (AABA), en una nota que le enviarán hoy a la vicepresidenta de la Nación y presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, y a los presidentes de los bloques de legisladores de la cámara alta, según dijo a LA NACION Federico Percovich, quien preside la comisión de esa entidad especializada en temas previsionales.

Con fuertes críticas al proyecto de ley que el Poder Ejecutivo busca que hoy se apruebe en el Senado para que luego Diputados lo convierta en ley, un texto emitido por la asociación de profesionales señala que, en caso de aprobarse la iniciativa, "el aumento de la litigiosidad no se originará por una supuesta ‘industria del juicio’, sino como única respuesta, una vez más, frente a la vulneración de derechos".

Un aspecto del proyecto que se rechaza en el documento es la manera en que se calculará el aumento del último mes de cada año. Según prevé el texto, habrá cuatro subas, concretamente en marzo, junio, septiembre y diciembre. El porcentaje se definirá según la variación de la recaudación de recursos tributarios que se destinan a la Anses (medida por beneficiario) y la evolución de los salarios de la economía. Para esta última variable se considerará la que haya tenido la variación trimestral más alta entre dos: la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte) y el índice salarial que elabora el Indec. Según lo que se busca disponer, para calcular la suba de diciembre se observará el incremento que haya tenido en un año la recaudación de recursos totales que van a la Anses incrementado en un 3%: ese valor no podrá ser superado por el reajuste acumulado en el año por los haberes.

Entonces, si la fórmula arroja para diciembre un porcentaje que, junto con los que se dieron previamente en el año supera el aumento de la recaudación de recursos que van al sistema incrementado en un 3%, no se otorgará el porcentaje total que dé como resultado el cálculo. Es una cláusula que desde el oficialismo asocian con la necesidad de "dar sustentabilidad" al método. De acuerdo al diseño de la fórmula propuesta, señala el documento emitido por los abogados, los jubilados y pensionados "no tienen asegurado participar ni de la mejora de los salarios ni de la mejora del crecimiento de la Anses", en función de la aplicación de esa cláusula, que actúa como un techo. En cambio, la fórmula no tiene piso. "Eso le da a la fórmula una tendencia a la baja y parece tener un propósito de ajuste", dijo Percovich.

El informe es en general crítico con el uso de la recaudación como variable para determinar los aumentos de haberes, algo que resulta cuestionado por varios economistas y previsionalistas. Se advierte, entre otros puntos, que la recaudación está expuesta a una amplia volatilidad, que la información es poco transparente ("debe tenerse en cuenta que no se trata de la recaudación total, sino de una parte", se recuerda)y que es una variable que sufre cambios frecuentes de las reglas que la rigen.

"Al incluirse la recaudación como variable de la fórmula, la movilidad va a representar no solo la capacidad recaudatoria del Estado, sino también su voluntad política y, así, se van a generar conflictos entre posibles medidas", expresa la nota.

En el proyecto oficial esas cuestiones buscan ser salvadas con la inclusión de una cláusula que indica que la comparación de las variables deberá hacerse "en forma homogénea". Pero el texto deja a las reglamentaciones posteriores la tarea de establecer de qué manera concreta cumplir con esa condición y qué hacer frente a situaciones como una reforma tributaria u otras medidas de política económica que alteren la recaudación de los impuestos que tienen por destino a la Anses.

Tal como ya habían advertido varios analistas respecto de esa parte de la ley, se expresa que se "abre un indeseado espacio de discrecionalidad y falta de transparencia" y que, aun descartada cualquier intencionalidad en la redacción de una norma reglamentaria, esa cláusula hace que la fórmula sea compleja y de dificultosa implementación.

Las críticas de los profesionales incluyen también la manera en que se pasará de una fórmula a otra. Al debatirse esta nueva modificación a la modalidad de actualizar jubilaciones se transita un período en el que la fórmula antes vigente está suspendida en su aplicación por un año. En este 2020, por decisiones discrecionales tomadas por decreto los jubilados recibirán un incremento total de entre 24,3% y 35,3%, cuando según la ley 27.426 deberían recibir un 42%, todos por igual.

Según la opinión de los abogados de la AABA los aumentos que se den en 2021 deberían calcularse sobre los montos de haberes que hubieran correspondido en caso de haberse usado esa fórmula aprobada durante el macrismo (se trataría, en la totalidad de los casos, de haberes superiores). De lo contrario, señala la nota enviada a los senadores con el objetivo de "colaborar en el debate parlamentario", lo dispuesto por los efectos de la emergencia permanecerá en el tiempo, algo considerado indebido.

El criterio propuesto por los abogados significaría que el porcentaje que arroje la fórmula para el mes de marzo se aplique, por ejemplo, sobre $19.981 en el caso de la jubilación mínima, y no sobre $19.035, que es el monto que a partir de este mes tiene el haber básico del sistema. La diferencia sería sustancial, sobre todo en el caso de los ingresos medios y altos, que obtuvieron menores recomposiciones este año.