Nueva York. Avanza la demanda por la estatización de YPF
LA NACION
El juicio por la estatización del 51% de las acciones de YPF sumó un capítulo más hoy, luego de que hace dos semanas se decidiera formalmente que el caso se llevaría adelante en los tribunales de Nueva York. La jueza de la Corte del Distrito Sur, Loretta Preska, recibió dos pedidos, de la Argentina y de los demandantes, para realizar un discovery, un procedimiento que obliga a la Justicia de Estados Unidos a investigar sobre la expropiación.
Ambos discovery son diferentes. Mientras que la Argentina pedirá que la investigación se concentre en los aspectos contractuales del prospecto y del estatuto de YPF, Burford Capital, el fondo que adquirió el derecho a litigar contra el país, pedirá investigar los daños económicos en los que incurrieron las empresas Petersen, que tenían el 25% de las acciones de la petrolera en el momento de la expropiación a Repsol.
Según contó el analista financiero Sebastián Maril, quien sigue de cerca el juicio, Preska decidirá si acepta el pedido de discovery de la Argentina o el de Burford. "La estrategia del fondo tiene cierto sentido: como saben que si piden cobrar ahora, la Argentina demorará el proceso haciendo análisis financieros y pondrá trabas, se anticipó y pidió la investigación para saldar ese tema", comentó el director de Fin.Guru.
"Ambas partes correr riesgo en ir por este camino, ya que por un lado se puede descubrir que la privatización de Petersen fue fraudulenta, con lo cual el caso se caería, y por otro lado pueden salir asuntos que ensucien a este Gobierno", agregó.
Lo paradójico es que detrás de la estrategia legal de la Argentina está el nuevo Procurador del Tesoro, Carlos Zannini, quien era el entonces secretario de Legal y Técnica durante el gobierno de Cristina Kirchner, cuando ocurrió la expropiación. Hasta antes de asumir, Zannini se desempañaba como director del Banco de Santa Cruz, cuyo dueño es el Grupo Petersen.
Sin embargo, el Grupo dice que ya no tiene nada que ver con las empresas Petersen Energía Inversora y Petersen Energía, que crearon en España con el fin de comprar el 25% de las acciones de YPF. Luego de la expropiación, ambas empresas entraron en quiebra porque no pudieron hacer frente al crédito sindicado que habían obtenido del banco Credit Suisse para comprar las acciones. Burford adquirió el derecho a demandar al país por 15 millones de euros más el 30% de la indemnización que se obtenga por el resultado del juicio.
En el escrito de Burford presentado a la jueza, de hecho, el fondo destaca que "es poco probable que [los accionistas de las compañías Petersen] reciban alguna distribución de las propiedades en bancarrota", y que "evitaron cualquier participación en estos procedimientos (probablemente debido a preocupaciones políticas en Argentina) y no están cooperando con un abogado en este caso o el receptor".
Burford además cita una columna de opinión de presidente de YPF, Guillermo Nielsen, de febrero de 2019, para decir que la Argentina "ha insinuado que espera enfrentar una responsabilidad multimillonaria en este caso". El exsecretario de Finanzas había dicho para El Cronista que "el gobierno anterior [por Cristina Kirchner] se manejó totalmente a espaldas del mercado financiero, y a los compromisos en él asumidos por la República" y que "tampoco podemos olvidar las características de la 'renacionalización de Repsol-YPF', donde se ignoraron los Estatutos de la empresa otra acción de alto impacto en el mercado".
Con el pedido de discovery, la Argentina gana tiempo pare evitar pagar un juicio cuyo fallo en contra podría significar el pago de no menos de US$3000 millones, en un contexto de negociación por la deuda externa y profundización de la crisis económica por la pandemia.
La representación argentina está en manos de los estudios en Nueva York Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom, que fue contratado durante el gobierno de Mauricio Macri, y de Sullivan & Cromwell, que sumó Zannini. Este bufete, a su vez, ya había sido contratado por la administración de Macri para llevar la defensa del juicio por el pago del cupón atado al PBI. En representación de YPF sigue el estudio Cravath, Swaine & Moore.
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