Las normas anticorrupción no se cumplen en América Latina

Las convenciones contra la corrupción tienen no solo un fin punitorio, sino también preventivo. En América latina esos tratados no han tenido efecto positivo porque los encargados de implementarlos han sido ineficientes o corruptos. Lo que sigue son los datos de una investigación presentados ante el Policy Forum del Banco Mundial y el FMI, en octubre de este año.

Desde mediados de la década de 1990 hubo una ola en el mundo de convenciones contra la corrupción. En América Latina 17 países, dejando de lado al Caribe, ratificaron la Convención Interamericanafirmada en 1996 y la de la ONU, del año 2003. Siete países,entre ellos la Argentina, ratificaron además la convención de la OCDE contra el soborno de funcionarios públicos extranjeros (1997) y casi todos (excepto Bolivia, Venezuela, Nicaragua) ratificaron la Iniciativa de Gobierno Abierto (2011), para dar mayor transparencia a los estados.

Desde 1996 casi todos los países ratificaron tres o cuatro convenciones para prevenir la corrupción y promover la transparencia. ¿Redujeron estos tratados el nivel de corrupción en América latina?

Para responder la pregunta, el estudio cruzó las fechas de ratificación de los tratados de seis países con la posición de esos seis países en el Índice de Percepción de la Justicia. Formamos tres grupos de países: 1) Chile y Uruguay; 2) Guatemala y Honduras; 3) México y la Argentina. Veamos por qué.

Chile y Uruguay mantuvieron durante 22 años una percepción muy baja de corrupción e incluso mejoraron. Guatemala y Honduras mantuvieron siempre la percepción negativa, y México y la Argentina, que tenían en los 90 una buena percepción, con los años empeoraron, a despecho de haber ratificado varias convenciones cada uno.

Lo que hicimos luego fue determinar si estas percepciones subjetivas estaban respaldadas por hechos. En la región encontramos que desde 2010 impactaron: Panama Papers, Odebrecht, La Línea (Guatemala), La Estafa Maestra (México), FIFA Gate, Cuadernos de la Corrupción, etcétera. Estos casos emblemáticos son la punta del iceberg; en estos países y en otros de la región existen otras investigaciones en curso.

Al tiempo que esos importantes delitos tuvieron lugar, todos los países contaban con un código penal, dos o tres convenciones anticorrupción, el convenio de Gobierno Abierto, una justicia criminal, fiscales y varios organismos con diferente nombre pero con la misma misión de combatir a la corrupción. Pero la corrupción gana la batalla contra todo este arsenal institucional.

Las causas de la corrupción parecen estar en manos de los funcionarios encargados de implementar esas normas. Así fue como tomamos varios índices que miden la eficacia y calidad las instituciones.

El índice de Eficacia de la Justicia Criminal del World Justice Project ratifica lo que venimos sosteniendo. En el Grupo 1, Chile está en el puesto 33 entre 126 países y Uruguay en el 42; en el Grupo 2, Guatemala está en el puesto 109 y Honduras en el 123. Y en el Grupo 3, la Argentina está en el puesto 61 y México en el 115. El Índice de Calidad del Estado de Derecho del Banco Mundial muestra que los dos últimos grupos de países tienen serios problemas de implementación institucional y que no pudieron mejorar en 22 años, mientras que Chile, Uruguay sí lo han podido hacer.

Para tomar conciencia de la gravedad de la situación tenemos ejemplos concretos. La OEA realiza auditorías en las Américas sobre el cumplimiento de la Convención Interamericana. En la auditoría de 2016 encontramos que la Argentina: a) no había utilizado sustancialmente el concurso público para contratar agentes del Estado; b) no había hecho estudios para determinar si las remuneraciones eran adecuadas para cada cargo y responsabilidad; c) no había entrenado ni provisto capacitación sobre las obligaciones éticas de los cargos.

En 2011, en Guatemala, la OEA recomendó al país mejorar el sistema de admisión a través del concurso público. Ocho años más tarde debió reiterar la misma recomendación. La respuesta oficial del país fue que "?como resultado de interferencias políticas ? el proceso de contratación por examen competitivo ha declinado".

Conclusiones,

1. El estudio toma la evolución de los países durante 22 años, de 1996 a 2018.

2. Las comparaciones son homogéneas: todos los países de la región tienen el mismo sistema institucional, como la división de poderes, la independencia de la Justicia y la protección de derechos, entre otros puntos.

3. Las convenciones no han tenido mucha influencia: los países que estaban bien en 1996, año de la primera convención, siguen bien en 2018; los países que estaban mal, siguieron así luego de 22 años; otros países, como la Argentina, empeoraron.

4. Esto sugiere que las fallas no residen en la falta de normas anticorrupción, sino en la implementación del sistema institucional.

5. Los problemas de implementación pueden ser porque: a) los funcionarios son ineficientes o no se les da capacitación, o b) estamos nombrando funcionarios corruptos.

Lo que está claro es que, dada la persistencia del fenómeno y su agravamiento en países como el nuestro, es que la clase política, por sí sola, no nos va a sacar de esta situación. Uno de los caminos es tener una fuerte participación de la sociedad civil.

Un programa debe ser duradero. Si en 22 años la situación en varios países no mejoró, no podemos esperar hacerlo en dos o en cuatro, porque el problema está inmerso en la sociedad. Lo que no debemos hacer es negar lo grave de la realidad.

El autor expresidente de Fores

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