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La Argentina va a la Corte Suprema de Estados Unidos para evitar un embargo de activos
Es por cerca de US$310 millones equivalentes a bonos del Tesoro estadounidense que el Estado argentino tenía depositados en una cuenta del Banco Central en la Reserva Federal estadounidense
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LA NACION
El Estado argentino apelará por segunda vez un fallo en contra para evitar que los tenedores de bonos que quedaron en default hace 23 años puedan embargar activos que tiene el país en una cuenta del Banco Central en la Reserva Federal estadounidense (Fed). Según estimaciones privadas, sería un total de US$310 millones.
En agosto pasado, la jueza Debra Ann Livingston, de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, confirmó el dictamen en primera instancia de la jueza Loretta Preska, de la Corte del Distrito Sur de esa ciudad, quien habilitó que los acreedores de la Argentina embarguen bonos del Tesoro de Estados Unidos que el país tenía en su poder. Son títulos que se usaron como garantía de pago de los bonos Brady, emitidos a principios de 1990 y que vencieron en marzo de 2023.
La defensa argentina ahora intentará ante la Corte Suprema de Estados Unidos dilatar el pedido de embargos, ya que es poco probable que el máximo tribunal acepte tomar el caso luego de los dos fallos en contra.
“La Argentina vuelve a la Corte Suprema de los EE.UU. por primera vez desde 2018. En este caso, busca evitar el embargo de US$310 millones en colateral de los bonos Brady, que se encuentran en cuentas de la Reserva Federal de Nueva York. El caso Attestor está relacionado con holdouts que aún no han cobrado la sentencia y acudieron a su derecho de embargar activos soberanos para cobrar, en conjunto, US$450 millones aproximadamente”, dijo Sebastián Maril, consultor de Latam Advisors y especialista en los juicios que la Argentina enfrenta en el exterior.
Los fondos Attestor Master Value, Trinity Investments, White Hawthorne, Bison Bee LLC y Bybrook Capital Master compraron deuda argentina en default desde 2001 a tenedores que nunca ingresaron a ninguno de los tres canjes que emitió el país, en 2005 (bajo la gestión de Néstor Kirchner), 2010 (Cristina Kirchner) y 2016 (Mauricio Macri).
Se cree que son menos del 3% del total de los tenedores originales que mantuvieron la deuda en default e iniciaron juicio al Estado argentino, llamados coloquialmente holdouts o fondos buitre.
En total, la Argentina debe alrededor de US$450 millones por la deuda en default de 2001. Los fondos quieren cobrar al menos US$187 millones de bonos que tiene el Estado depositado en su cuenta en la Fed.
Son títulos del Tesoro de Estados Unidos cupón cero que la Argentina tenía como garantía de pago de los bonos Brady que el país emitió a principio de los 90, cuando refinanció la deuda acumulada de la década anterior, gracias a una política de beneficios que lanzó el entonces secretario del Tesoro estadounidense, Nicholas Brady. Si la Argentina no pagaba los intereses de los bonos Brady, los acreedores podían cobrar los bonos del Tesoro estadounidense que estaban en una cuenta especial en la Reserva Federal de Nueva York.
Durante 2005, esos bonos ya fueron parte de un embargo cuando la Argentina lanzó el canje por la deuda en default de 2001. Cuando se reabrió el canje en 2010 y luego en 2016, los tenedores de los bonos Brady cambiaron su deuda en default y liberaron la prenda.
Sin embargo, los holdouts que nunca entraron a ninguno de los canjes volvieron a la carga por los activos que la Argentina tenía en garantía en junio de 2021. La jueza Preska concedió el embargo en agosto de 2022, pero la Argentina apeló.
La defensa argentina dijo que el excedente de títulos que había quedado remanente luego de terminar de pagar los bonos Brady, en marzo de 2023, eran del Banco Central y no del Estado, y que, por lo tanto, no estaban disponibles para pagar una deuda del país. También dijo que es una garantía que no debería ser considerada como actividad comercial y que por esa razón era inmune a embargos (Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras).
Sin embargo, el fallo en contra del país argumentó: “En primer lugar, la Argentina sostiene que no es propietaria de los derechos de reversión porque pertenecen al Banco Central de la República Argentina (BCRA). Si bien hemos concluido dos veces que estos derechos de reversión pertenecen a la Argentina, el país pretende volver a litigar la cuestión casi 20 años después de que se resolviera por primera vez. En cualquier caso, su argumento sigue siendo infundado”.
Y luego: “La Argentina utilizó los derechos de reversión en actividades comerciales al menos dos veces antes de su embargo actual. Argumenta que nunca ‘utilizó' los derechos y que ningún uso se produjo en actividades comerciales, pero ninguna de estas afirmaciones tiene fundamento”.
La Procuración del Tesoro no dio respuesta a LA NACION al momento de publicar la nota.
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