La lealtad tiene límites: con la mía no, Sergio

Sergio Massa les prometió a sus socios del Frente de Todos que en septiembre conseguiría US$5000 millones de las cerealeras para contener las presiones cambiarias. Las negociaciones fueron mucho más difíciles de lo que el flamante ministro imaginaba, pero estarían llegando a buen puerto. Con todo, en su entorno ya avisan: si quiere lograr que la paz cambiaria de las últimas ruedas se sostenga, será necesario recortar el gasto público más de lo deseado. Con fama de derrochador, el peronismo no tiene otra opción que sobreactuar para que su ortodoxia sea creíble.

Obediente, el secretario de política Económica, Gabriel Rubinstein, le pidió esta semana a su equipo que hiciera los números. Incluso, avanzó hasta ensayar cuánto tiempo le llevaría al Gobierno alcanzar el ansiado déficit cero.

Pero la realidad del Excel –bien lo saben sus antecesores– es muy distinta a la del día a día. El temor a una corrida cambiaria inmanejable que se llevara puesto al Gobierno unió al kirchnerismo, a gobernadores, sindicalistas y a intendentes en un reclamo por un giro hacia la ortodoxia económica. Pero no está claro que ahora, en el momento en que se deben asumir los costos, estén todos tan alineados. La filtración, por parte del periodista Horacio Verbitsky, del paper que contenía el plan de Rubinstein para justamente estabilizar la economía –y que incluía no solo un fuerte recorte de gastos, sino también una devaluación del peso– es una señal de las limitaciones que el kirchnerismo empieza a poner, y un recordatorio del amor que tiene ese espacio por el fuego amigo como herramienta disciplinante.

Referentes kirchneristas, en privado, también empiezan a adelantarse a lo que sería un supuesto éxito de Massa: “una vez que consiga los dólares que se necesitan, va a tener que hacer una política de redistribución. Si un gobierno peronista no lo hace, es reprochable”, deslizaba esta semana un kirchnerista con acceso a algunos de los despachos más relevantes del poder. La idea de que antes de fin de año deberá haber un bono de suma fija para los trabajadores sigue viva.

Del mismo modo, existe entre los gobernadores, aun los peronistas, el temor creciente de que el Tesoro saque ventaja de los excedentes de caja que muchos de ellos tienen. A diferencia de lo que sucede en la Nación, la mayoría de las provincias –con la excepción de distritos como Buenos Aires– son superavitarias. En muchos casos las provincias están arrojando resultados fiscales récord. Ya en las últimas semanas, muchas de ellas fueron “persuadidas” para renovar o suscribir letras del Tesoro nacional con sus posiciones de caja. Las que pueden hacen malabares para esconder sus pesos del Tesoro.

Tres provincias –Salta, Tucumán y Río Negro– confirmaron que desdoblan sus elecciones. Para ellas, el reloj ya empezó a correr. No pueden darse el lujo de que en los próximos meses sus finanzas se desequilibren.

Pero la Nación empieza a advertir que se vienen recortes, no solo de las transferencias a las provincias, sino también indirectamente vía ajustes en las partidas para obras, que hoy gestiona el ministro Gabriel Katopodis. Claro está: Buenos Aires, bastión por excelencia del kirchnerismo, y distrito clave en toda elección, quedaría al margen. “Massa es bonaerense, no es boludo”, dice, con franqueza, un hombre que conoce de cerca los vericuetos de la gestión provincial. Toda una enseñanza para el vidalismo, que atendía en el Museo Ferroviario de Retiro y no en La Plata.

Tampoco el sindicalismo tiene tanta vocación por transformarse –al menos, no abiertamente– en una variable de ajuste. La CGT mostró esta semana los dientes y Massa fue rápido para prometerles que, contra lo previsto inicialmente, las obras sindicales recibirán unos $20.000 millones hasta fin de año. ¿Cumplirá el tigrense?

En Economía saben que empiezan las negociaciones más incómodas. El ajuste no se reducirá solo a la quita de subsidios a la energía para un segmento de la población ni a la cancelación de partidas subejecutadas. Con eso no alcanza. Calculan que todavía deben recortar cerca del 0,5% solo para alcanzar la meta del FMI a fin de año. En la mira por estas horas hay partidas de los ministerios de Obras Públicas y de Hábitat. También se monitorean de cerca las partidas para gastos de capital en algunas empresas públicas. Nada se habla aún de Aerolíneas Argentinas, la empresa más deficitaria del holding estatal.

Todo gira en torno al dólar

“Hay un timing político. En 2002 podías hacer lo que querías, hoy todavía no”, reconoce una fuente que participa de la discusión económica en el Gobierno. “Acá hay que dar malas noticias, pero conseguir que esas noticias afecten a los dólares paralelos a la baja. Si eso no se da, hay un problema. Pero es un trabajo que demora tiempo. Ir al equilibrio fiscal es largo, el resultado se ve después de seis meses. Pero si no bajan los paralelos, hay que pensar en políticas de shock”, anticipa.

En cualquier escenario, Massa dependerá de la buena voluntad del campo para cumplir con la meta fiscal. No solo tiene el agro los dólares, sino que el Estado cuenta con que las cerealeras liquiden sus exportaciones y paguen los derechos de exportación (retenciones) que también se están haciendo desear. En los primeros siete meses del año, último dato disponible, la recaudación por derechos de exportación subió un 36,4% versus igual periodo del año anterior, una cifra que no alcanza para cubrir la inflación ni refleja la escalada internacional de los precios de las materias primas, y que justifica a los K para que disparen su verborragia contra el campo.

La escasez de reservas es evidente. Pese a la buena voluntad de Massa, las empresas que en las últimas semanas participaron de encuentros en el Palacio de Hacienda volvieron con las manos vacías. Y todo pese a que usaron en muchos casos de fronting a sus correspondientes delegados gremiales. La UOM lleva ya varios días haciendo lobby para que les habiliten nuevas importaciones a las empresas de Tierra del Fuego. El gremio de aceiteros, otro de los pesos pesados dentro del sindicalismo, está encabezando las negociaciones por la empresa Dánica, que anunció públicamente que debía parar ante la falta de insumos. “Las paritarias pasaron a un segundo plano –reconoce un abogado laboralista–. Hoy los sindicalistas son socios de los empresarios en el reclamo por los dólares”.

Las empresas, en general, juegan con un factor en contra a la hora de negociar. No solo el BCRA está convencido de que muchas de ellas están sobrestockeadas de importaciones, sino que además muestran que tienen espaldas para aguantar financieramente algún parate. Hoy a muchas grandes empresas les sobran los pesos y no saben qué hacer con ellos: invierten en real estate (el Grupo Eskenazi, por caso, compró dos edificios de oficinas), en agro (empresas de Tierra del Fuego compraron cientos de millones de pesos en soja), se vuelcan a acciones de empresas extranjeras o hasta dan préstamos a otras compañías, sobre todo, vía pagarés bursátiles.

Aun consiguiendo los US$5000 millones de las cerealeras, en el BCRA creen por estas horas que será inevitable la prórroga de la norma 7030, que obligó a las empresas a patear los pagos de sus importaciones a un plazo no menor a 180 días. La entidad se prepara además para volver a subir las tasas de interés en pesos una vez que se conozca el dato de inflación de agosto, que podría ubicarse por encima del 6,5% mensual.

Hay dos bancos internacionales que siguen en carrera para aportar otros US$2000 millones a las reservas mediante un préstamo contra garantía de bonos –repo, en la jerga financiera–, pero en Economía admiten que el costo de la operación hace que sea solo una opción en una instancia de corrida mayor.

Massa, por su parte, espera volver con buenas noticias de los Estados Unidos, donde viaja la semana próxima. Probablemente, las buenas nuevas no vengan del FMI, con quien las primeras conversaciones son ásperas. No se espera dinero fresco del FMI. Aunque sí podría haber anuncios por el lado del BID y desde Houston, donde Massa tiene una agenda netamente energética.

Es de esperar que reciba muchas preguntas de los burócratas de Washington sobre la política argentina, y sobre la situación judicial de Cristina Kirchner. Los disturbios frente a su departamento en Recoleta no solo podrían poner en riesgo la frágil paz cambiaria que hace dos semanas hay en la City, sino que también golpearon a la oposición. Las internas dentro de Juntos detonan -al menos, temporariamente- cualquier expectativa positiva que puede haber en el mercado por un eventual cambio de signo político en 2023. En algunas usinas de la oposición hay mucha ansiedad por generar un shock rotundo ante un eventual triunfo, lo que cual hace cada vez más atractiva la propuesta que acercó un puñado de empresarios tutelados por el economista e historiador Emilio Ocampo para ir hacia una dolarización. La tentación de obtener resultados rápidos no es exclusiva del Frente de Todos.