La pelea con los fondos buitre le costó al país US$ 184,85 millones en abogados

Mientras agitaba la bandera en defensa de los intereses nacionales y populares de los argentinos, el kirchnerismo le pagó US$ 168,85 millones a Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton LLP, el estudio de abogados de Nueva York que condujo la disputa contra los acreedores de la deuda en default, cuyo capítulo más complejo fue la pelea con los denominados fondos buitre. Esa fue la mayor parte de una erogación total de US$ 184,85 millones que costó entre 2002 y este año hacer frente a todos los gastos jurídicos en el marco de ese litigio.

El saldo para el Estado, sin embargo, fue mucho más oneroso que esa cifra, dado que el país perdió el juicio en los estrados de Thomas Griesa y fue obligado a pagar US$ 9300 millones a quienes tenían deuda local que había entrado en default a fines de 2001 y no habían entrado a los canjes de los años 2005 y 2010.

En tanto, el pago a los abogados podría haber resultado sustancialmente menor si se hubiese llegado a un acuerdo con los acreedores antes de la llegada de Mauricio Macri al poder.

LA NACION reconstruyó la factura que se les pagó a quienes litigaron en representación del país, hasta ahora desconocida, a través de documentos oficiales. Entre ellos, un pedido de acceso a la información pública que respondió el Ministerio de Finanzas, a cargo de Luis Caputo, en base a información de la Oficina Nacional de Crédito Público (ONCP), y datos que remitió al Congreso la Jefatura de Gabinete que conduce Marcos Peña.

Los pagos a Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton tienen, cuanto menos, algunas irregularidades administrativas, según confirmaron a este medio dos fuentes oficiales que pidieron reserva de su nombre. Una de las más importantes es que los pagos hechos entre el año 2002 y septiembre de 2012 mezclan los desembolsos del Estado al estudio por cuestiones corporativas y por los litigios contra el país, debido a que no están discriminados en los sistemas informáticos de la administración pública. La mayor parte de la facturación estuvo relacionada con la disputa por la deuda impaga, según sostuvieron fuentes al tanto de esa situación.

La ONCP, un organismo que trabajaba en la órbita de la Secretaría de Finanzas, también explicó que la información sobre los pagos hechos entre 2002 y 2006 carece de apertura suficiente, porque proviene de un sistema informático que impedía un alto grado de detalle. Un miembro del equipo de abogados de la Procuración del Tesoro, el organismo de asesoramiento legal del Gobierno, insistió en ese punto. La actual gestión pudo saber cuántas horas se facturaron, pero no a qué se dedicaron los abogados del estudio en ese tiempo. En otros términos: con las herramientas disponibles hoy, ningún funcionario puede discutirle al estudio neoyorquino por uno u otro ítem liquidado.

Otro abogado que trabaja para el Estado y forma parte del círculo cercano a Mauricio Macri sostuvo que los pagos a los abogados estuvieron por encima de las previsiones que a priori se podría calcular por ese trabajo. Pero justificó en parte la actuación del gobierno de Cristina Kirchner. “Cuando el problema estaba encima, era muy difícil discutir honorarios”, resumió.

En el sector privado, sin embargo, no mostraron tanta sorpresa por el número final erogado. Sí, en cambio, sostuvieron que se podría haber pagado menos si el conflicto hubiese sido más corto. Es decir, si se hubiese llegado más rápido a un acuerdo con los tenedores de deuda soberana. Es muy difícil establecer si eso no ocurrió por una impericia en la gestión de los intereses del Estado por parte del kirchnerismo o por el rédito político que obtenía la administración anterior de la pelea con los holdouts, según sus propios funcionarios creían.

El kirchnerismo cometió otros errores en los servicios jurídicos, según la misma fuente. Por caso, Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton manejaba la disputa de los holdouts en países como Alemania y Japón, pero tercerizaba los servicios legales, algo que habilitaba una doble imposición para el Estado argentino por una tarea que se podría haber hecho sin el bufett neoyorquino como intermediario.

Pese a que la disputa con los fondos buitre (uno de los más destacados fue NML, de Paul Singer, apuntado por el gobierno anterior como uno de los grandes enemigos del país) terminó poco después del cambio de gestión, la administración de Macri debió hacerse cargo del pago de US$ 9,94 millones a Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton en 2016 y en la primera parte de este año. Pero a esa altura otro bufett neoyorquino había desplazado al viejo prestador de servicios legales de la Argentina del centro de la escena. Se trata de Cravath, Swaine & Moore, que fue nombrado en febrero del año pasado por orden del Ministerio de Hacienda y Finanzas (entonces en manos de Alfonso Prat-Gay) como estudio a cargo del litigio.

Prat-Gay tenía al menos dos motivos que justificaron esa decisión. Por un lado, el Gobierno estaba disconforme con los servicios de Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton. Pero a eso se sumó un cambio en la estrategia oficial en relación con los acreedores, por lo que hubiese quedado desprolijo que los abogados que antes del cambio de inquilino en la Casa Rosada defendían una postura, debieran encarar otra distinta.

Hasta principios de este año, la administración de Macri no le había pagado un solo centavo a Cravath, Swaine & Moore. Pero hizo un desembolso total de US$ 4,2 millones este año para saldar la deuda, que estaba atrasada.

Otro que obtuvo una tajada importante fue el mediador Daniel Pollack, nombrado por Griesa tras el fallo adverso contra el país para que “conduzca y presida” las negociaciones entre las partes. Dan, como lo llamó el ex ministro de Economía, Axel Kicillof, en alguna ocasión tras un encuentro en que daba la sensación de que el kirchnerismo finalmente acordaría con los fondos buitre, recibió US$ 1,18 millones entre 2014 y 2017. Paradójicamente, la mayor parte se pagó en la era Macri.

De los US$ 184,85 millones en servicios jurídicos que le costó al país la pelea con los acreedores, según se puede establecer de registros oficiales, Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton se llevó el 97%, Cravath, 2,28% y Pollack, 0,64 por ciento.

Si bien las mayores erogaciones se hicieron en el kirchnerismo, que coincidió con la mayor parte del tiempo que duró la pelea con los holdouts, también hubo pagos en la era Macri y en la presidencia de Eduardo Duhalde. De hecho, la elección de los abogados estuvo a cargo del bonaerense, que en mayo de 2002 aprobó la contratación del estudio para desarrollar tareas de asesoramiento en las negociaciones con los acreedores externos poco tiempo después de la declaración del default, debido a que el estudio ya trabajaba con el país desde la década anterior. Pero el ex presidente apenas desembolsó $ 672.947,57 para los abogados.

“Es muy difícil juzgar el trabajo profesional de otro y ser crítico cuando las cosas salen mal. La Justicia falló de esa manera por el comportamiento de la Argentina, que repudió la deuda y aplicó la «ley cerrojo»”, resumió Marcelo Etchebarne, socio del estudio Cabanellas, Etchebarne, Kelly & Dell'Oro Maini y especialista en temas de deuda.

Es una afirmación compartida por el mundo local de las leyes, donde interpretan que las arengas "anti Griesa" del kirchnerismo quizás tuvo éxito en los seguidores del gobierno anterior, pero anotó un impacto negativo en la definición del juicio. Y minó cualquier estrategia que pudiera desplegar Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton, a quienes los consultados consideran como un gran estudio de abogados.

La ex presidenta Cristina Kirchner le dedicó varias afirmaciones antológicas a la justicia norteamericana, en especial a Griesa. Sostuvo, por caso, que “no es juez” porque no respeta “la igualdad ante la ley”.