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La vez que terminó en el Rodrigazo
Por Roberto Cortés Conde Para LA NACION
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Para el gobierno que asumía en 1973, los reiterados fracasos en detener la inflación se debían que no se había resuelto el problema de las pujas distributivas. Había que llegar a un acuerdo de empresarios y trabajadores sobre la distribución del ingreso.
Para lograrlo, se necesitaba un árbitro con poder, que no era otro que Juan Domingo Perón, quien contaba con el apoyo de la Confederación General del Trabajo y la Confederación General Económica, que en mayo de 1973 suscribieron el Acta de Compromiso Nacional para la Reconstrucción, Liberación Nacional y Justicia Social.
Se dispuso así el congelamiento de precios y salarios por dos años, que fue revisado a los diez meses. Si los precios afectaban el poder de compra, los salarios serían aumentados. Sólo en mayo de 1975 se volvería al régimen de convenciones colectivas, suspendido desde 1966. El programa tuvo éxito inicialmente al morigerar las expectativas. En el primer mes, algunos precios bajaron, y entre julio y diciembre de 1973 subieron sólo el 1,9 % mensual, mucho menos que el 64% anual de 1972. La moneda, que estaba en mayo a 12,50 pesos por dólar, bajó a 10 por dólar y se mantuvo estable hasta fines del año. En 1973 mejoraron los términos de intercambio externo con una mejora en los precios de los commodities y se obtuvo una excelente cosecha.
En ese momento, los aumentos de precios serían autorizados sólo si se comprobaban mayores costos. Para controlarlos, se dispusieron regulaciones complicadísimas con intervención de la Secretaría de Comercio en distintas etapas de elaboración, comercialización y venta; se revisaron costos y se autorizaron los aumentos, lo cual generó costos y situaciones de casi imposible cumplimiento, algo que daba lugar a la corrupción.
La favorable situación inicial comenzó a complicarse hacia fin de año con reclamos de empresarios y sindicatos. La suba del precio de las importaciones en 1974, hizo más difícil la congelación. Los que usaban componentes importados reclamaron que se les permitiera subir sus precios. Para compensarlos el gobierno subsidió el tipo de cambio de importación por lo que, al vender divisas más baratas que las que compraba, tuvo pérdidas que absorbió el Banco Central (déficit cuasifiscal). Empezaron a faltar mercaderías. Los acuerdos y los controles no se respetaban; los precios subían y, finalmente, se legalizaban.
En marzo de 1974, a requerimiento de la CGT, se concedió un reajuste de salarios y las presiones se intensificaron desde todos lados.
Por otra parte, el gobierno financiaba los desequilibrios con una impresionante creación de dinero que se utilizaba, además, para que el sector privado financiara aumentos salariales. La enorme expansión monetaria tuvo menos incidencia en los precios debido al control que ocultaba una importante inflación reprimida.
Cambio de ministro
En julio de 1974, murió Perón y lo sucedió la vicepresidenta, Estela Martínez de Perón. Gelbard siguió en el gabinete en medio de una situación en la que se habían generalizado el desabastecimiento, el mercado negro y la violación del acta de concertación. El acuerdo y los controles habían fracasado, por lo que en septiembre asumió Alfredo Gómez Morales, que tenía como antecedente un reconocido prestigio profesional. Con una inflación reprimida muy intensa, la administración trató de flexibilizar los precios.
En febrero de 1975, el peso se devaluó un 50% y pasó el financiero de 10 a 15 pesos por dólar y el comercial de 5 a 10. En marzo se autorizaron nuevos aumentos de salarios. En mayo debían volver a discutirse los convenios colectivos y ya habían empezado las presiones de los sindicatos y de todos los sectores. La flexibilización no resolvía el problema de los reacondicionamientos de precios y las presiones amenazaban con explotar.
Se apeló, entonces, a un cambio más radical. La presidenta, por influencia de José López Rega, designó en junio en Economía a Celestino Rodrigo, quien trató de implementar un severo programa de ajuste. Se devaluó la moneda, que pasó de 15 a 30 pesos por dólar en el mercado financiero, mientras que en el comercial, de 10 a 26 pesos. Era la segunda devaluación de un año que había empezado con un dólar a 10 pesos. Para reducir el déficit, se elevaron las tarifas de los servicios públicos y combustibles en casi el 189% en promedio.
Por entonces, ya habían comenzado las negociaciones salariales con una pauta del 40% de aumento. Frente a los cambios en las tarifas, los sindicatos reaccionaron airadamente; se enfrentaron a la presidenta y, aliados a la oposición, con apoyo militar, el jefe de granaderos desalojó a López Rega de la residencia de Olivos, quien arrastró en su caída a Rodrigo y al breve y traumático experimento antiinflacionario que esta vez concluyó con un salto de precios mucho mayor que en el pasado.
Los convenios se firmaron con entre un 60 y un 80%, y un 200% de aumento (un promedio del 170 por ciento). Los precios subieron en un solo mes (julio) un 35 por ciento.
Se estaba a las puertas de la hiperinflación. La inflación había saltado a los tres dígitos anuales y no bajaría de allí, salvo durante excepcionales períodos, en los años siguientes.
