
Los gobiernos están en guerra con las grandes empresas. En junio, el presidente Joe Biden habló por boca de muchos políticos del mundo cuando acusó a las grandes corporaciones por sus codiciosos aumentos de precios, sus demorados aumentos salariales, su falta de innovación y sus frágiles cadenas de suministros. Sus funcionarios antimonopolio de la Comisión Federal de Comercio (FTC) tienen puesta la lupa en los grandes contratos, simplemente porque son grandes o al menos eso les parece, y las sucesivas derrotas en los tribunales no parecen aplacar el fanatismo de la agencia. El último revés judicial llegó el 11 de julio, cuando un juez desestimó el pedido de la FTC para bloquear la venta por 69.000 millones de dólares de la desarrolladora de videojuegos Activision Blilzzard a la empresa Microsoft. Además, los funcionarios de defensa de la competencia también están amenazando con desguazar Google. Y el año pasado, la Autoridad de Competencia y Mercados del Reino Unido (CMA) logró descarrilar la venta por 40.000 millones de dólares de la diseñadora de microchips Arm a la gigante Nvidia.

