Las maniobras de Arbizu, según el relato del expediente judicial

WASHINGTON.- Todo tomó una velocidad de vértigo para Hernán Arbizu a partir del lunes 14 de abril. Con un sueldo anual de US$ 300.000 y una cartera de clientes superior a los US$ 200 millones, el vicepresidente del JP Morgan y ejecutivo senior de banca privada para América del Sur ese día envió los cuatro pedidos de giros bancarios que le cambiaron la vida. "Confirmado. El cliente firmó la transferencia en mi presencia. Por favor, procedan con las órdenes. Urgente", redactó al enviar los pedidos por fax a la sede del banco en el 345 de la Park Avenue, en el corazón de Manhattan.

Junto a su firma figuraba, al menos en teoría, la del cliente, según relata el informe que presentó el agente de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), Randall Avery, ante el juez James Francis, cuya copia obtuvo LA NACION. Las dos firmas abrieron un hueco en las normas internas de JP Morgan, que imponen llamar al cliente para verificar la transferencia, pero no así cuando un banquero "senior", como Arbizu, también rubrica el pedido, validándolo. Más aún cuando el ejecutivo argentino, que ahora afronta una orden de arresto emitida por la justicia estadounidense, llamó a quien recibió los fax en Manhattan y le dijo que estaba, en ese momento, con el cliente.

Todo pareció marchar bien. El 15 se completaron los giros por 1,1 millones, 757.000, 570.000 y 370.000 dólares. Un total de US$ 2.797.000 dólares, con los que, según el banco, Arbizu buscó tapar otras irregularidades. Pero la madeja comenzó a complicarse tres semanas después.

El 6 de mayo, un allegado al cliente afectado notificó que él no había autorizado esas transferencias. De inmediato, un empleado de JP Morgan lo llamó a Arbizu, que primero dijo no saber de qué le hablaba. Pero cuando su interlocutor le dijo que tenía las copias de las cuatro órdenes con sus firmas, el hoy fugitivo de la justicia estadounidense dijo recordar la operatoria y reiteró que el cliente había firmado los pedidos delante suyo.

Llanto desconsolado

Un día después, sin embargo, su seguridad se evaporó. "Otro empleado de JP Morgan Chase Bank habló con Arbizu por teléfono", relató el FBI, en alusión, al parecer, al jefe de la División de Banca Privada para América latina, Alvaro Martínez Fonts. "Arbizu lloraba descontroladamente. Cuando a Arbizu se le preguntó si había tomado dinero de otras cuentas además de la de este cliente, dijo: «No. Esa es la única»."

El 13 de mayo, Avery completó su pesquisa preliminar y pidió el arresto de Arbizu al juez Francis por la supuesta comisión de un fraude bancario, apoyado en esos y otros testimonios, incluyendo el de un investigador del banco, y documentos y pruebas que no especificó. El juez accedió. Pero para entonces, Arbizu ya era inhallable. Se habría refugiado en la Argentina, convencido de que irá a la cárcel si retorna a Estados Unidos. JP Morgan canceló su contrato y se presentó ante la justicia civil para reclamar los documentos y datos confidenciales que -sostuvo- su ex ejecutivo se había llevado de manera indebida.

Entre otros, la lista de todos los clientes de la entidad en América latina, lo que habría confirmado el abogado de Arbizu el 29 de mayo, en Buenos Aires, ante el juez local Sergio Torres (ver aparte). Preservar la confidencialidad de esa información es desde entonces el mayor -y casi único- afán de los abogados de JP Morgan, que hasta excluyeron de sus últimos escritos judiciales, que cotejó LA NACION, cualquier alusión a su rival de Wall Street, Morgan Stanley, al que en un principio acusaron de ser el destinatario de los datos sustraídos. Ausente de ambos expedientes, el juez Richard Holwell le dio a Arbizu hasta este viernes, a las 11, para fundamentar por qué no debería darle fuerza definitiva a la orden provisoria que libró el viernes para que no entregue a terceros todos los documentos y activos que sustrajo y se los reintegre a JP Morgan.