Los juicios de jubilados al Estado llegaron al récord de la década

En el término de los últimos cinco años, la cantidad de juicios iniciados por jubilados contra la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) prácticamente se multiplicó por cuatro: mientras que en 2004 hubo 27.004 causas, la cifra trepó a 103.643 en 2009. Así, el año pasado -cuando los juicios se duplicaron respecto de 2008- cerró con un récord en cantidad de demandas en la última década (desde 2000), según los datos de la Cámara Federal de Apelaciones de la Seguridad Social, que muestra que, hasta 2004, el número iba cayendo, y que luego cambió la tendencia. Hoy, en todas las instancias judiciales, hay en trámite unas 230.000 demandas.

Los reclamos que crecieron a ritmo más acelerado fueron los referidos a un reajuste de haberes -entre los juicios de 2009, fueron más del 60% del total-: esas presentaciones se hicieron mucho más frecuentes luego de que la Corte Suprema dictaminó que los ingresos de los pasivos debieron haber subido desde enero de 2002 siguiendo un índice predeterminado.

Fue en aquel mes cuando, tras la salida de la convertibilidad, la inflación comenzó a hacer visibles sus efectos en un deterioro del valor de los ingresos. Los gobiernos optaron por elevar sucesivamente la jubilación mínima y por no actualizar, en cambio, los haberes de muchos pasivos que cobraban más que ese básico. En algunos casos, los ingresos quedaron congelados hasta 2004, y en otros, hasta 2006.

Una razón por la cual se reactivaron los juicios en 2005 fue que ese año la Corte dictó el fallo Sánchez, en el que dispuso un índice de actualización de haberes para el período de 1991 a 1995 (la convertibilidad había intentado frenar esas subas). El incremento de las causas tomó un ritmo más dinámico después de que, a fines de 2007, los jueces resolvieron, en el caso Badaro, que a las jubilaciones se les debía aplicar una suba en función del alza de los salarios, por el período de 2002 a 2006 (la mejora acumulada da un 88,5%). Para 2007 y 2008, años en que hubo subas de haberes generalizados, la Corte nada dispuso. Y desde 2009 rige la ley de movilidad -que prevé ajustes periódicos y automáticos- que la Justicia le ordenó dictar a los poderes Ejecutivo y Legislativo.

Pago de fallos, en problemas

La alta judicialidad en los últimos años también tuvo que ver con la falta de liquidación de sentencias en tiempo y forma por parte de la Anses.

En noviembre último, funcionarios de ese organismo y de la Cancillería, en nombre del Estado argentino, se comprometieron ante la Organización de Estados Americanos (OEA) a agilizar el pago de juicios. Entre las medidas por tomar están la instrumentación de un sistema que garantice que la correcta liquidación de los fallos; la falta de apelación de sentencias cuando el reclamo sea similar al de casos en los que la Corte ya se expidió (como Badaro), y el desistimiento de apelaciones ya hechas, ante el supuesto de que el tema ya fue tratado por los jueces supremos.

Para este último objetivo, se fijó un plazo que venció la semana última. Consultado por LA NACION, Sergio Bobrovsky, uno de los abogados que patrocinaron a los jubilados que iniciaron años atrás el reclamo ante la OEA, consideró que el acuerdo tiene un cumplimiento relativo. Dijo que cada tanto hay un desistimiento de apelaciones, pero que, por lo general, ello no ocurre. En eso coincidieron otras fuentes consultadas.

También consideró que el 95 por ciento de los fallos se liquida mal y que, además de no cumplirse el plazo dispuesto por ley para que las sentencias se abonen en 120 días hábiles, aún no existe un sistema informático para pagar casos que benefician a jubilados de la ley 24.241. Bobrovsky afirmó que los abogados del Gobierno actúan en forma heterogénea a la hora de decidir si apelan fallos o no.

En la Anses, organismo que conduce Diego Bossio, explicaron que ya no se apelan las causas en las que se pide la aplicación del índice dispuesto para Badaro, y que la demora en pagar los juicios es hoy de 331 días hábiles, mientras que en junio de 2008 era de 437. Agregaron que los nuevos fallos se cumplen en el plazo de los 120 días dispuestos por ley y admitieron que quedan otros de larga data.