María Migliore: “Hay que pensar una política social que pueda acompañar el crecimiento”

“Llevar adelante un plan de estabilización era necesario en la Argentina. La pregunta es cómo se acompaña socialmente para que eso sea viable”, plantea María Migliore, al analizar el escenario socioeconómico del país, las causas de la crisis y las consecuencias inmediatas de las medidas que impulsa el Gobierno. Formada como politóloga, tiene experiencia en la función pública, especializada en temas de integración socio-urbana en el gobierno porteño hasta 2023.

En su análisis, plantea que es necesario “rediscutir” la política social en sus objetivos y en su implementación, con foco en las urgencias inmediatas y en generar condiciones para el desarrollo. “Tenés una discusión de coyuntura, que tiene que ver hoy sobre todo con la inflación, que es uno de los temas que más está pegando, y, asociado a eso, distintos problemas que se ven en la problemática social, como el acceso alimentario y la infraestructura urbana. La pregunta que vale la pena hacerse tiene que ver con cómo resolver las cuestiones estructurales para poder crecer”, dice en diálogo con LA NACION.

-¿Cuál es su mirada sobre estos meses de la nueva gestión?

-Hoy, el plan del Gobierno tiene grandes lineamientos y la gran pregunta que me hago es si el plan es sustentable, tanto en términos sociales como fiscales. Haciendo foco en lo social, creo que hay temas que había que poner en discusión, pero lo que no podemos discutir es la necesidad de una política social.

-¿Cuál es la importancia de la macroeconomía en estos temas?

-La estabilización y el crecimiento son las dos premisas para el bienestar. Tenés que generar más riqueza. Eso es básico y, desde el campo social, hay que trabajar en esa mirada. En general, muchas veces el campo económico y el campo social están totalmente desvinculados, y cuando vos pensás un país tenés que pensar el equilibrio general, cuáles son las premisas fiscales, cuál es el modelo productivo y cómo eso se va a traducir en bienestar. Que el orden fiscal y el crecimiento automáticamente se traduzcan en bienestar cuando tenés núcleos de pobreza estructural tan grandes como los que tenemos acá, no es lineal. Creo que el Gobierno tiene que hacer más cosas.

-¿En qué plano tiene que ser rediscutida la política social?

-En los qué y en los cómo. Primero hay que definir cuáles son los grandes lineamientos que se quieren trabajar, porque no es lo mismo una política de protección social con foco, por ejemplo, en una política alimentaria, que en la política de jubilaciones (si lo entendemos como parte también de una mirada social general), o en una política de infraestructura urbana como la de integración de barrios populares, o cómo regularizar o hacer más productiva la economía informal. Son líneas programáticas que entran dentro de la categoría política social, pero que tienen abordajes diferentes. Y me parece que primero hay que redefinir esos lineamientos y después ver si las políticas que estamos implementando son efectivas o no. Y yo creo que no y que hace varios años se viene planteando la necesidad de rediscutirlas.

-¿Por ejemplo?

-En el caso de la política alimentaria, ¿cuál es la mejor manera para garantizar la cobertura: que el Estado compre comida, que asista a comedores o a través de transferencias directas? Y hay una pregunta más profunda, que es cuál es el largo plazo, qué política social queremos, qué resultados esperamos, y, en función de eso, cuál es la mejor metodología para implementarla. Creo que falta un rumbo y que lo que se está planteando es si se intermedia o no se intermedia. Y lo que yo veo que sucedió es que se cambia la intermediación de organizaciones sociales a iglesias. ¿Eso es bueno o es malo? Depende de qué organización social y de qué iglesia. Lo que hay que hacer es fortalecer las políticas de transferencia directa. Y, como definición general del rumbo, creo que la política alimentaria tiene que ser una política que busque autonomía, que privilegie la capacidad de las personas para elegir qué, cómo y dónde comer.

-El Gobierno apunta muy fuerte contra la intermediación y el rol de las organizaciones sociales. ¿Cuál es su visión?

-Más que la pregunta desintermediación sí o no, siempre es la pregunta de desintermediación para qué, cuál es el resultado que vos querés lograr, y en función de eso ver cuál es el mejor camino. Yo creo que las organizaciones sociales o del tercer sector son recontra necesarias, más en este contexto. En lo territorial cumplen un rol enorme de cuidado o contención; muchas veces son un lugar de presencia cuando la escuela está cerrada o en los lugares donde no tenés una jornada extendida, que es en la mayoría de los lugares. Y tenemos que tener claro que los vacíos no existen: lugar que queda vacío o que no se ocupa por organizaciones de ese tipo en contextos vulnerables, lugar que gana el narcotráfico. Y eso está pasando en Rosario y en algunas zonas de la provincia de Buenos Aires. Me parece que a la red de mediaciones territoriales hay que fortalecerla. ¿Eso es igual a que las organizaciones sociales ejecuten el Potenciar Trabajo? No. Entonces, volvemos a lo anterior. El programa tenía como objetivo mejorar la empleabilidad o hacer más productivas las unidades a la economía informal, y no lo logró en escala. Creo que hay que discutirlo. ¿Eso es igual a decir que todas las organizaciones sociales del país son malas y hay que eliminarlas? No.

-También son cuestionadas por temas de transparencia.

-Siempre que se administran fondos públicos, si hay una sospecha o irregularidad, hay que auditarlo y ordenarlo. Eso es por definición. Hoy veo es que se plantea una política de desintermediación, pero en los hechos no hubo una propuesta alternativa. Lo que definitivamente no se puede hacer es cortar esa red y el acompañamiento, porque estamos en una situación crítica.

-¿Por qué prefiere fortalecer las políticas de transferencia directa a otras alternativas?

-Primero, porque llega de manera directa a las personas. Como norte, queremos llegar a que cada familia argentina pueda elegir qué, cómo y dónde comer. ¿Eso pasa en el contexto de hoy? No, con lo cual es necesaria una red de acompañamiento. Yo creo que una política de transferencia de ingresos focalizada como es la AUH tiene muchos beneficios. Y creo que la política alimentaria podría implementarse vía este mecanismo, porque llega directo a las personas. Tenés una asignación que es 100% transparente, porque cualquier persona que cumple los requisitos de esta asignación va a una oficina de la Anses y puede sacarla. Es una política que tiene criterios claros, que llega al universo donde tiene que llegar con una cobertura muy potente para los chicos de 0 a 18 años. Obviamente hay un universo que queda afuera, que son sobre todo las personas mayores de 18 que no tienen hijos; hay un núcleo que está en situación de vulnerabilidad. Yo hago una pregunta también: si es mejor que eso lo haga el Estado Nacional, las provincias o los municipios. Hay que ordenar también en política social, qué cosa es competencia de cada quién. Si mirás la política educativa, por ejemplo, las competencias están mucho más claras. En lo social no está tan claro eso.

-¿En qué sentido?

-El Estado nacional es quien marca la mirada, la regulación, los marcos estructurales sobre los cuales se implementa, y muchas de estas políticas tienen que ser llevadas adelante por gobiernos provinciales o incluso gobiernos locales. En todo lo que tiene que ver con la integración urbana, por ejemplo, la mayor competencia la tienen los gobiernos locales en torno a la capacidad de ordenamiento urbano, de planificación, de zonificación y un montón de herramientas que se necesitan para que eso pueda llevarse adelante.

-¿Cómo se acomoda un esquema de ajuste del gasto como el actual con estos planteos sobre la política social?

-Más que la magnitud del gasto, hay que empezar a pensar la calidad del gasto. Y estos temas hay que pensarlos dentro de un equilibrio general. Para mí no es viable pensar un ajuste fiscal sin pensar cómo es la sustentabilidad de eso. Hay una mirada que tiene que ser de equilibrio general y la política social tiene dos funciones. Una es acompañar en momentos de crisis, pero, sobre todo, yo la veo como el punto de partida para iniciar un proceso de desarrollo. Hay algo que es claro: sin una macro ordenada, sin crecimiento es imposible resolver cualquier tema estructural de pobreza. Y eso es necesario también traerlo a la conversación. En la Argentina estamos muy acostumbrados a pensar la política social con la premisa de que “si las cosas van mal, necesitamos esto”. Y a veces me hago la pregunta: “¿Y si las cosas van bien?”. Hay que pensar una política social que pueda acompañar un ciclo de crecimiento.

-¿Y qué incluye ese esquema?

-Lo alimentario tiene que estar cubierto. Otro tema es la política de integración socio-urbana. En un país donde hay cinco millones de personas que viven sin acceso a servicios básicos, donde hay más de 6000 barrios populares, pensar que el desarrollo es posible sin invertir en infraestructura me parece muy difícil. El punto de partida para las personas que viven ahí es mucho más complejo. Está estudiado. La inseguridad pega más en esos lugares. Entonces, tener políticas robustas que puedan nivelar el punto de partida para iniciar un proceso virtuoso, para mejorar un montón de indicadores de hacinamiento, educación o seguridad son básicas. Hay que diseñar políticas sociales que contengan la emergencia, pero que a la vez tengan los incentivos correctos para generar desarrollo. Una instancia es estrictamente de contención; otra empieza a poner pasos para que haya una transformación y eso pasa con la integración socio-urbana. Se necesita integrar entramados urbanos informales a las tramas generales, y eso tiene un montón de efectos positivos. Primero, para las familias que viven en esos lugares, pero también en indicadores de empleo, educación o hacinamiento. Cuando en un barrio se empiezan a abrir calles, hay iluminación pública, pasan colectivos, se restablece el servicio de limpieza o empieza a pasar un patrullero, no solamente los vecinos de ese barrio ganan, sino todo el entramado urbano general, y eso tiene un montón de externalidades positivas.

-¿Y hay algo de eso en el plan del Gobierno?

-Yo no lo veo. Justamente con la política de integración socio-urbana las señales que se dieron en el último tiempo fueron de desfinanciar ese fondo. Y creo que es una política que hay que financiarla, no solamente desde el presupuesto corriente del Tesoro, sino que también hay que buscar nuevas formas de financiamiento. Y eso fue justamente lo que se buscó cuando se diseñó el fideicomiso original. Se usó para que las provincias fueran a tomar deuda con organismos internacionales, que pudieran involucrarse y que no todos los fondos salieran del Estado, e incluso con una buena infraestructura se pudiera salir a pedir fondos en el mercado de capitales. Hoy las señales que veo no van en esa dirección.

Esteban Lafuente

LA NACION

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