Mercado eléctrico: cómo es el mapa de las deudas de las distribuidoras, que ahora tienen plan de pago

El saldo no regularizado de las eléctricas de todo el país con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista (Cammesa), al 28 de febrero último, es de $1.418.814.398.924 (al 31 de enero era de $1.338.593.709.301) De ese global, el gobierno nacional apunta a regularizar hasta noviembre de 2024 con un plan de pago a seis años que sacó por DNU. Un análisis de la Federación Argentina de Cooperativas Eléctricas (FACE) de los números oficiales de la administradora revela que 59% de la deuda es de distribuidoras privadas, 18% de las provinciales y 13% de estas entidades (14% es de las 18 que negocian de manera individual y 9% de las que lo hacen con FACE).

El plan de pago es similar a otros que ya rigieron: incluye hasta 12 meses de gracia y 72 cuotas a una tasa equivalente al 50% de la que cobra el Mercado Eléctrico Mayorista (que es la tasa del Banco Nación). Establece un régimen de reconocimiento de créditos a quienes hayan cancelado la totalidad de las transacciones en 2024 y no tengan deuda no regularizada a diciembre de 2023. La condición es que las distribuidoras paguen la deuda corriente, sino serán multadas y perderán el beneficio, a la vez que deben presentar un plan de inversiones para mejorar la red.

Los mayores problemas de cobrabilidad se registraron en el primer trimestre del año pasado; con la suba de tarifas, una buena parte de las distribuidoras empezaron a cancelar el total de la factura con Cammesa. Según el reporte al que accedió LA NACION, la cobrabilidad promedio de todas las empresas alcanza al 89% (con mora) y 94% (sin mora, solo factura corriente). “El nivel de cobranzas se encuentra bastante estabilizado y resta ahora trabajar sobre las deudas no regularizadas y especialmente sobre los intereses acumulados”, señala el trabajo.

De un total de 79 distribuidoras, 15 están con juicios (19%). De esas, 13 son cooperativas; un caso testigo es la de Villa Gesell, que tiene incumplimientos desde 2018 y que cuya intervención fue anunciada en noviembre pasado pero no sé hizo junto a las de Las Flores, Olavarría, 9 de Julio y Tres Arroyos (todas de Buenos Aires); la de Gualeguaychú, en Entre Ríos, y la de Río Grande, en Tierra del Fuego. También hay litigio judicial con dos empresas provinciales. El total de deuda sin regularizar judicializado es de $207.902.268.561 con un nivel de pago del 58% sobre la factura corriente.

Por FACE, en las negociaciones con Cammesa participó su presidente, José Álvarez. En el sector entienden que el DNU de regularización de deudas es correcto, que la administradora tuvo en cuenta la realidad de las cooperativas (“que están en todo el territorio nacional”), aunque insisten en que “sin certidumbre sobre el Valor Agregado de Distribución (VAD) y sin actualización tecnológica es imposible armar un sistema de garantía de gestión que permita un nuevo esquema de generación y financiamiento”.

Al anunciarse el DNU, desde el Gobierno indicaron que, al asumir, en diciembre de 2023, la tasa de cobrabilidad de Cammesa era del 48%, “lo que significaba que los importes no cobrados se cubrían con aportes del Tesoro nacional; un círculo vicioso que se traducía en más emisión, más inflación que sufrían todos los argentinos y una descapitalización del sistema eléctrico”.

Los datos de la administradora muestran que, por ejemplo, Edenor y Edesur (concentraban, a noviembre del 2024, el 41% de la deuda con Cammesa) en abril pasado, suba del precio del VAD mediante, regularizaron los pagos corrientes mientras que en enero pagaban 33,9% de la factura, en febrero 16,3% y en marzo 34,1%. Lo mismo pasó con las distribuidoras del interior de Buenos Aires, Edea, Edelap, Eden y Edes, que empezaron a cancelar el 100% de los pagos corrientes. Por eso la necesidad imperiosa es solucionar el stock de deuda.

La adhesión al régimen “debe hacerse de manera integral, no pudiendo hacerlo por partes ni condicionado a ninguna ocurrencia de hecho futuro”, según establece el DNU.

Por Gabriela Origlia

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