Moratoria previsional de la Anses: las claves y los números de una política que esquiva un necesario debate de fondo

Del total de jubilaciones liquidadas cada mes por la Anses que son cobradas por mujeres, el 77,6% fue obtenida tras la adhesión de sus titulares a una moratoria por aportes no hechos en su momento. Entre los varones, la proporción de beneficios con esa característica es más baja, de 43,7%, pero no deja de ser muy significativa. Miradas en conjunto, el 65,2% de esas prestaciones previsionales son cobradas por personas que, al llegar a la edad jubilatoria (65 años los varones y 60 años las mujeres), no habían reunido la cantidad de contribuciones que exige el sistema. Son algo más de 3,4 millones sobre un total de 5,23 millones. El número de quienes llegaron por un mecanismo nacido con carácter de excepción y sin que se previeran sus costos es, así, mayor al número de quienes lograron cumplir con los requisitos impuestos por la norma.

Los datos, que son a marzo último y surgen del boletín estadístico de la Secretaría de la Seguridad Social, revelan mucho de la situación social y laboral de la Argentina. Muestran, también, el resultado de políticas pensadas desde el cortoplacismo, a las que les falta una evaluación dinámica de costos y estar acompañadas de estrategias efectivas, tanto para dar respuesta al problema de raíz –la informalidad laboral–, como para adecuar el diseño del sistema jubilatorio a la sociedad real.

La última novedad del tema llegó el miércoles último, cuando una resolución de la Anses dispuso trasladar al 31 de diciembre la fecha tope para adherir al plan dispuesto originalmente en la ley 26.970, de 2014. Esa moratoria les permite a las mujeres que cumplen 60 años o que tengan ya entre esa edad y 64 años, declarar deudas por aportes no hechos, correspondientes a períodos anteriores a 2004, para pagarlas luego en hasta 60 cuotas que se descuentan de los haberes mensuales.

La vigencia de esa nueva fecha tope quedará sin efecto si el Congreso aprueba antes “un nuevo régimen para el acceso a las prestaciones previsionales a través de un plan de regularización de deuda”, aclara la resolución 174 de la Anses (no pocos abogados advierten que, a falta de una ley, correspondía, en lugar de ese instrumento, un DNU firmado por el Presidente y sus ministros).

De no haber llegado la modificación, las mujeres que cumplen 60 años desde hoy, 24 de julio, habrían quedado sin acceso al plan, al que sí habrían tenido derecho quienes cumplieron esa edad hasta ayer. Esa diferenciación solo según cuándo se nació es muestra de la falta de equidad derivada de estos esquemas.

La desigualdad se refleja también en la cantidad de meses por los cuales se pueden declarar aportes adeudados. Por ejemplo, al ingresar a la moratoria de la ley 26.970, como es válida por períodos previos a 2004 y siempre con la condición de haber tenido 18 años en el primer mes por el que se informa la deuda, una mujer que cumple 60 años en agosto podrá adherir por 23 años y 5 meses (y sumar, eventualmente, entre uno y tres años por cada hijo, según un derecho negado a los varones). Por su parte, quien llegó a esa edad en agosto de 2019, por citar un ejemplo, pudo declarar en la moratoria aportes por 26 años y 5 meses. Y quien ingresó en los primeros tiempos de vigencia del régimen, directamente pudo declarar 30 años de deudas.

Todo eso se da, dice el abogado Adrián Tróccoli, por el propio diseño de una política basada en parches. “La nueva medida, como no modifica el período que es posible regularizar, tiene poco alcance”, agrega.

El otro plan

Hay otra moratoria que, a diferencia de la que hoy solo es válida para mujeres, tiene carácter permanente en cuanto a la posibilidad de adherir, pero que avanza progresivamente a su vencimiento “natural”. ¿Por qué? Porque permite declarar deudas por meses previos a octubre de 1993. Es el plan de la ley 24.476, de 1995, reglamentada una década después.

Por ese régimen, un varón que cumple en agosto 65 años tendrá derecho a declarar deuda por hasta 18 años y dos meses, por lo cual, para jubilarse, debería contar con aportes efectivos en cantidad necesaria para llegar a 30 años. Algo a tener en cuenta es que por cada dos años de exceso de la edad jubilatoria, puede contarse un año como aportado.

En el caso de la moratoria para mujeres, la condición de tener al menos 60 años y de no haber llegado a los 65 tiene que ver con el hecho de que la ley 27.260, de 2016, creó la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), equivalente al 80% del haber mínimo, a la que se accede con 65 años si se pasa un examen socio económico. Esto último es requisito también en las moratorias, aunque no fue así al principio, lo que generó que se dieran subsidios a quienes no necesitaban.

Crear la PUAM fue un intento por cortar con la política de moratorias, pero hoy se advierte que su esquema también requiere de correcciones. Por ejemplo, porque, al igual que ocurre con el sistema contributivo, no se contemplan prestaciones proporcionales para quienes, sin llegar a 30 años de aportes, acumulen, por ejemplo, 15 o 20 años.

Esa misma ley de 2016 dispuso mantener abierta hasta 2019, para las mujeres, la moratoria creada en 2014 con una vigencia inicial de dos años. Luego, el plazo se extendió por tres años más (hasta ayer).

La visión trianual que planteaba la normativa estaba vinculada con el mandato de que se elaborara, en ese lapso, un proyecto amplio para crear un nuevo régimen previsional. Esa misión no se cumplió. Y la norma dictada ahora por la Anses es una muestra más del cortoplacismo que rige en las políticas previsionales.

Cuando la nueva resolución menciona la eventual aprobación de una ley, puede referirse a que se establezca una nueva fecha tope para el ingreso a la moratoria, o a que se avance con el proyecto, ya votado en el Senado, que busca crear un régimen de “compra a crédito” de “unidades de pago de deuda previsional” (cada una equivaldría al aporte de un mes), que se pagarían en hasta 120 cuotas, descontadas del haber mensual.

Este proyecto, promovido por legisladores afines a Cristina Kirchner, es uno de los temas que influyen en la fuerte interna del Gobierno, en un contexto de suba del déficit fiscal (que se agravaría con la aprobación del texto, que tendría también efectos en el mediano y en el largo plazo) y de la inflación. En la iniciativa no se contempla cómo financiar sus costos, un punto en el que enfatiza Federico Despoulis Netri, abogado y docente especializado en seguridad social.

“Todos son conscientes de la necesidad de las moratorias, pero no se hace nada para resolver el fondo de la cuestión”, dice la abogada previsionalista Andrea Falcone, quien puntualiza que el debate pendiente tiene cinco grandes razones de ser: el empleo no registrado, el monotributo (en este segmento, a diferencia del de los asalariados formales privados, creció el número de ocupados en el mediano plazo, pero los aportes previsionales son bajos en relación con los de los dependientes), el envejecimiento poblacional, y la realidad de un mundo que ve los colapsos y hace reformas jubilatorias. Guste o no, señala, el sistema tendrá que cambiar y sino, “las prestaciones serán cada vez más bajas”.

Mientras no llega la revisión integral y con una inflación que no cede, los haberes sufren ajustes –recortes a su poder adquisitivo–, que tuvieron puntos fuertes en los momentos de cambios de los esquemas de movilidad (pasó en 2020, un año “puente” en el que no se aplicó ninguna fórmula y se definieron las subas de manera discrecional).

Y, a más de una década y media de arrancar, las moratorias son una política difícil de soltar. “El problema es que se aplican sin contar con fuentes de financiamiento genuinas” y sin que se modifiquen “los aspectos estructurales que llevan a la necesidad de garantizar la cobertura –sintetiza el abogado Aníbal Paz–. Es un círculo vicioso que no se corta”.