Moreno apeló un fallo en su contra

La decisión judicial afirmó que no es delito que una consultora publique su índice
Francisco Jueguen
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1 de octubre de 2012  

En una jugada oficial que busca consolidar el cepo informativo sobre la inflación real en el país, el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, apeló la decisión de la Justicia que desestimaba una de las causas penales que el Gobierno había impulsado contra una consultora privada por elaborar un índice de precios alternativo al que calcula el cuestionado Indec.

La presentación judicial de Juan Luciano Ortiz Almonacid –abogado de Moreno– busca revocar el fallo del juez en lo penal económico número 6, Marcelo Aguinsky –sobre un dictamen de la fiscal del mismo fuero María Gabriela Ruiz Morales–, que afirmó que no era posible considerar delito penal que el centro de estudios Buenos Aires City publicara su propio índice de inflación . La causa iría mañana a sorteo, para determinar si recae en la sala A o en la B de la Cámara en lo Penal Económico.

Buenos Aires City es dirigido por el economista de la UBA Nicolás Salvatore y la ex directora del área de Precios del Indec y primera desplazada por Moreno del organismo en 2007 Graciela Bevacqua.

El escrito, al que accedió La Nacion y que fue entregado en el juzgado el 18 de septiembre, exigió que se revocara el fallo de Aguinsky por las "consideraciones arbitrarias y erradas" de la fiscal Ruiz Morales. Para Moreno, Buenos Aires City habría violado el artículo 300 del Código Penal, que contempla el delito de "agiotaje" y que prevé penas efectivas de entre seis meses y dos años de prisión.

Aguinsky había tomado como suyos para desestimar la causa uno de los párrafos de la fiscal que más enojaron a Moreno: "La actividad informativa que aquéllos habían desplegado no constituía un riesgo jurídicamente desaprobado". En ese texto, que representó el primer revés judicial contra Moreno en su embestida contra las consultoras privadas, la fiscal consideró que las actividades de esos economistas eran "desarrolladas dentro de lo que socialmente se considera un riesgo permitido" y, en un párrafo anterior, sugirió que "una eliminación de todos los riesgos supondría la renuncia a actividades como los medios masivos de transporte, como el avión, los trenes, los automóviles [...] o los modernos medios de comunicación, que permiten la difusión en forma masiva de contenidos informativos".

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