Análisis: qué se necesita para que llegue el 5G a la Argentina

La inversión de unos US$2000 millones anuales en infraestructura digital por parte del sector privado permitió que hoy en la Argentina exista una gran mayoría de hogares conectados a banda ancha (64%), muchos a través de fibra optica (10%), un promedio de velocidad de Internet de 38 megabits por segundo (mbps) y más de 35 millones de usuarios de 4G.

Si bien su planificación y proyección anual reflejaba el impacto social, resultaba impredecible la importancia de contar con conectividad en plena pandemia: trabajar, estudiar, hacer deporte, socializar, pagar cuentas, reservar pasaje para el transporte público o incluso tramitar el permiso único de circulación… la herramienta fundamental para adaptarse y pertenecer a esta nueva normalidad fue Internet.

Sin embargo, y buscando representar un escenario intermedio y de "normalidad", dejaremos a un lado este contexto tan particular, que pone en evidencia la necesidad de nuestro país de mirar al futuro para generar con anticipación políticas públicas, en términos de tecnología y digitalización, que nos permitan avanzar al mismo ritmo que el mundo.

En este sentido, sin dudas, el principal desafío será lograr el desarrollo de la red 5G. Esta red cambiará la forma de comunicarnos, posibilitará que además de las personas, infinidad de objetos puedan conectarse en tiempo real. Así, lo que llamamos "internet de las cosas" (IOT) tendrá un crecimiento exponencial en usos tales como: vehículos autónomos, dispositivos hogareños o industriales, intervenciones quirúrgicas teleasistidas, ciudades inteligentes, entre muchos otros. En definitiva, el 5G impactará de tantas formas en nuestra vida que podemos hablar de una auténtica "revolución tecnológica", quizá la más grande de nuestros tiempos, tal como puede haber sido en su momento la radio, la televisión o Internet.

Además de soportar una mayor cantidad de equipos conectados a la red, el 5G puede alcanzar velocidades de 20.000 megabits por segundo (mbps), es decir, que puede llegar a ser 200 veces más rápido que el servicio actual 4G.

La posibilidad de su desarrollo en el país depende de fuertes inversiones en materia de infraestructura digital: una mayor cantidad de antenas, más pequeñas que las tradicionales pero con una mayor densificación y capilaridad. La consultora Convercom estima que serán necesarias para las zonas más pobladas unas 225 de estas pequeñas antenas por km2, proyectando para 2030 varias decenas de miles en todo el país.

En cuanto a su instalación, será importante delimitar en forma clara la competencia de las provincias y municipios. Hoy, la industria debe lidiar con tantas normativas e impuestos como cantidad de municipios tiene el país (más de 1500). Un reciente fallo de la CSJN delimita en forma acertada la intervención de los municipios a favor de una mayor competencia federal, doctrina que sería conveniente volcar a una ley para acelerar el desarrollo de la infraestructura digital necesaria para el 5G.

Un eficaz desarrollo de la red 5G puede impactar rápidamente en el crecimiento del PBI. Según Nokia, aportará 8 billones de dólares a la economía mundial para 2030. En el caso de la Argentina, una asociación del sector móvil (GSMA) estima, en la actualidad, que el aporte económico total equivale al 4,6% del PBI nacional. Esta cifra se compone del impacto directo generado por los operadores móviles, el efecto indirecto sobre la economía más amplia y el incremento de la productividad de las empresas y los empleados como resultado del uso de este tipo de servicios.

Asimismo, estima que para el 2034, el 5G genere US$91.000 millones de expansión económica en América Latina (5,4% del PBI). En ese sentido, sería razonable fijar fuertes obligaciones de cobertura aplacando el afán recaudatorio que se dio en anteriores licitaciones de espectro, con el objetivo de estimular un más rápido desarrollo de la red.

Pero el despliegue y continuidad de estas importantes inversiones para el desarrollo de servicios en la Argentina, no serán posibles sin reglas claras, seguridad jurídica y competencia. En este sentido, debo señalar el lamentable error del Gobierno en el reciente DNU que volvió al esquema de servicio público para todos los servicios (Internet, cable, telefonía fija y móvil), que generó críticas unánimes del sector, por el simple hecho de que podría eliminar la competencia. Increíblemente, ahora los precios serán fijados por el Gobierno.

Vale repasar principios básicos, presentes en la Constitución Nacional (art. 42). El derecho de los usuarios a elegir es una conquista de la economía de mercado. Éste no tendría sentido sin la libre competencia, que debe ser un derecho, pero también una obligación de los prestadores. Aquella "disputa" entre las empresas genera mejoras en la oferta en beneficio del consumidor.

La industria recuerda el antecedente de la telefonía fija: entre los años 2001 y 2016 no tuvo aumentos tarifarios, transformándose en el servicio más barato de la región y provocando falta de inversión en su infraestructura. Esto resulta una contradicción a la hora de plantear como fundamento técnico que más usuarios puedan acceder a los servicios, ya que los servicios y la cobertura no pueden mejorar sin fuertes inversiones.

La fórmula es la competencia, no una mayor intervención del Gobierno. Así funcionan los mercados de este tipo de servicios en todo el mundo. Sólo como ejemplo, México logró una reducción del 43% en el precio del servicio móvil entre los años 2013 y 2020.

Evidentemente, el sector no escapa a la actualidad económica del país, que afecta a gran parte del sector privado. Por eso, en un contexto de absoluta incertidumbre, resulta importante tener en cuenta que el sector de las TIC aporta un dinamismo que repercute directamente en todos los sectores de la economía y la inversión en infraestructura, en el crecimiento del PBI.

El autor es exdirector del Ente Nacional de Comunicaciones y consultor en telecomunicaciones