Aumentos: el Gobierno va a la Corte contra las telcos

Este viernes el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) presentó un recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema de Justicia para “garantizar el pleno acatamiento” del DNU 690/2020, normativa que declaró el año pasado a la telefonía, internet y TV por cable como servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia y estableció que los precios estarían regulados por el organismo nacional.

La presentación se realizó hoy ante la Sala 2 de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, que dos semanas atrás falló a favor de Telecom y suspendió por seis meses la aplicación del decreto. La noticia había significado un fuerte revés para el Gobierno y el presidente del organismo, Claudio Ambrosini, advirtió que usarían “todas las armas legales para proteger a los usuarios”.

Además, esa misma sala tiene el recurso de Telecentro y DirecTv que iniciaron conjuntamente un expediente con el objetivo de obtener la declaración de inconstitucionalidad del mencionado DNU y solicitaron que cautelarmente se suspendan sus efectos y aplicación.

“Vamos a acatar los fallos, pero usaremos todas las armas legales. Apelaremos el fallo y veremos cuál es la respuesta que nos da la sala. Si otorga el recurso y si tiene efecto devolutivo o suspensivo. Si es devolutivo eso quiere decir que Telecom puede seguir aumentando y si es suspensivo que no. Si la respuesta es devolutivo, haremos la presentación ante la Corte Suprema porque estamos hablando de millones de usuarios damnificados”, afirmó Ambrosini días atrás, en diálogo con LA NACION.

Ayer, el Enacom hizo una conferencia en la cual participaron referentes de diversas asociaciones de usuarios y consumidores, en la cual adelantaron que presentarían esta mañana un recurso extraordinario ante la Corte Suprema, con los argumentos legales para “hacer valer la legalidad y vigencia” del DNU.

En tal sentido, plantearon que la situación “trasciende el interés de las partes intervinientes” sobre el decreto, el cual tiene carácter de ley, ya que “afecta a un servicio necesario para todas y todos los ciudadanos”.

A su vez, indicaron que el fallo “no se fundamenta en las pruebas, sino en un supuesto perjuicio económico basado en los dichos del accionante”, es decir, Telecom, razón por la cual el Ente presentó los balances de la empresa acreditando que acatar el 690 “no implica perjuicio económico para ella”.

“Y, principalmente, la afectación de la implementación de la PBU, que es un nuevo derecho consagrado para dar respuesta a los sectores más vulnerables, interfiriendo en la capacidad que tiene el Poder Ejecutivo de fijar la política a implementarse”, agregó el comunicado oficial.

Por su parte, desde la Asociación Civil de Usuarios Bancarios Argentinos (Acuba) informaron que en enero se iniciaron acciones legales colectivas ante cuatro prestadores TIC por la aplicación de aumentos superiores a los autorizados por Enacom.

La medida había sido fuertemente cuestionada por el empresariado. Es más, en un texto titulado “La Argentina estrangula a uno de sus sectores más competitivos”, que Telecom hizo público a finales del año pasado, la empresa de telecomunicaciones cuestionó la decisión del Gobierno y remarcó que “cambió drásticamente las reglas del juego”, algo que “no existe en ninguna parte del mundo”.

“Esta industria no pudo contar con el Estado como su socio estratégico, para generar consensos que aseguren su desarrollo estratégico, garantizando y expandiendo sus prestaciones en condiciones de mercado, como lo fue hasta el dictado del DNU 690/20. Si este es el camino que el Gobierno Nacional elige para el sector de la industria TIC, será también el de las oportunidades perdidas”, sentenció la compañía de telecomunicaciones.

Cabe recordar que el DNU 690/2020 fue dictado el 21 de agosto del año pasado, cuando el país atravesaba la primera ola de la pandemia de coronavirus. En un escenario en el cual la conectividad cobró una relevancia inédita, el Gobierno declaró a la telefonía celular y fija, internet y a la televisión paga como “servicios públicos esenciales y estratégicos”.

De esa manera, obligó a las compañías a brindar una prestación básica y universal a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Universal por Embarazo (AUE), como también a sus hijos de entre 16 y 18 años, entre otros.