Oscuro, polémico, frágil

El kirchnerismo está agregando otra página oscura a la historia de sus relaciones con la energía. Ayer, YPF anunció un acuerdo con Chevron cuyos detalles siguen siendo misteriosos. Sólo se sabe que ambas compañías integrarán una sociedad en partes iguales a la que se asignarán 97.607 acres de Vaca Muerta. Chevron aportará 1240 millones de dólares para una explotación inicial de 4942 acres, 740 de los cuales se destinarán a la adquisición de los activos y 240, a compensar a YPF por los trabajos realizados en la zona. De modo que la inversión genuina será de sólo 500 millones de dólares.

La suma de 1500 millones, que se venía adelantando, era engañosa: incluía las inversiones ya realizadas por YPF en esa zona.

El pacto se consolidará dentro de 60 días. Las valiosas áreas con que dotarán a la nueva sociedad, Loma La Lata Norte y Loma Campana, serán rebautizadas. Se llamarán Área Mosconi. Fue una exigencia de Cristina Kirchner, quien quiso conservar siquiera un recuerdo nominal de la vana furia nacionalista con la que hace poco más de un año ingresó en YPF. Tal vez ignore que la creación de esa empresa nacional obedeció a una intempestiva reacción del general Mosconi frente a California Standard Oil, su eterna enemiga. California Standard Oil hoy es Chevron.

El acuerdo tiene varios aspectos controvertidos. En principio, transfiere a Chevron activos de Repsol de los que el Estado se apropió sin poner una moneda. Quiere decir que Galuccio va a cobrar por bienes por los que todavía no pagó. El pragmático Alí Moshiri, responsable de Chevron para América latina, parece no desvelarse demasiado por esa violación al derecho de propiedad. Además, el riesgo de la operación es nulo. Los yacimientos que forman parte de la transacción ya son explotados por YPF. También la selección del socio deja mucho que desear. La performance productiva de Chevron ha sido mucho menos satisfactoria que la de Repsol, lo que es decir bastante. En síntesis: la Presidenta, que expropió YPF para sancionar a la multinacional española, reprivatiza ahora algunos de esos activos a una multinacional norteamericana cuyo compromiso inversor fue más débil que el de empresa castigada.

La fragilidad política y jurídica de esta transferencia explica su hermetismo. Galuccio apenas emitió un comunicado a la Comisión Nacional de Valores. Las razones de esa timidez se esbozaron ayer por la mañana, en una reunión de directorio convocada de urgencia la noche anterior. Los detalles del convenio siguen en la penumbra, pero se sabe que será celebrado bajo jurisdicción estadounidense. Quiere decir que cualquier controversia se discutirá en los tribunales de Nueva York. Una disposición que tal vez se denomine Cláusula Mosconi.

La resistencia de los funcionarios de YPF a divulgar precisiones sobre el pacto fortalece la versión, que sale del seno de la empresa, sobre la existencia de artículos secretos. Estarían destinados a asegurar a Chevron que cualquier resarcimiento que Repsol pueda obtener en la justicia correrá por cuenta de YPF. Es decir, del Estado. Llama la atención también que en el comunicado a la CNV se hable de YPF "y sus subsidiarias" y Chevron "y sus subsidiarias". ¿Cuáles son esas subsidiarias? ¿Se crearán sociedades especiales para operar este convenio? ¿Será para evitar eventuales embargos?

Esas cláusulas fantasma también pondrían a salvo al inversor del cepo cambiario, para que pueda cobrar su renta en dólares. Conquistas de Moshiri, un petrolero nacido en Irán, donde se inventó el ajedrez.

La sobriedad comunicativa de Galuccio es un signo más de las dificultades de este contrato. Dentro del Gobierno, y de la propia YPF, se discute su conveniencia. Para el vicepresidente de la empresa, el inexperto Axel Kicillof, que aconsejó a Cristina Kirchner la estatización, se trata de una grave derrota. En otro caso podría esperarse una renuncia, como la del director Eduardo Basualdo, un académico célebre por su defensa del estatismo. Pero Kicillof seguirá acumulando cargos.

El acuerdo con Chevron daña al gobernador de Neuquén, Jorge Sapag, del Movimiento Popular Neuquino. En su comunicado a la Bolsa, Galuccio no sólo informa que transferirá recursos de la provincia. También adelanta que el acuerdo incluye la renovación por parte de Neuquén de la concesión a 35 años de las áreas explotadas. Y advierte que es una condición para que el convenio se realice. Promete hacer lo mismo con áreas de Mendoza.

En plena campaña electoral, Sapag debe resistir la crítica de quien fue presidente de la empresa provincial de energía, Rubén Etcheverry, candidato a diputado por Nuevo Compromiso Neuquino y acaso el mayor experto en la formación Vaca Muerta. Etcheverry le viene reprochando a Sapag ser cómplice de los supuestos acuerdos ocultos con Chevron.

El pacto de YPF con Chevron es tan incómodo para el oficialismo que obligó a dictar anteayer el precipitado decreto 929. Esa norma intenta universalizar los beneficios que se conceden a la petrolera norteamericana, para que no se vuelvan tan escandalosos.

El decreto tiene aspectos muy polémicos. Sobresale otra vez el olímpico desdén por las provincias, que son las propietarias de los recursos naturales. Ese carácter se lo otorga la Constitución gracias a un artículo cuya más encendida defensora fue la entonces convencional Cristina Kirchner.

Ahora una comisión de funcionarios de segundo rango, como Kicillof; el secretario de Energía, Daniel Cameron, y el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, prorrogan concesiones, dividen áreas y fijan nuevas condiciones a los contratos con el solo aval de una adhesión provincial.

Otra rareza del decreto es que otorga ventajas a las empresas que inviertan más de US$ 1000 millones. ¿Por qué no darles esos mismos beneficios a las que desembolsan 999 millones? ¿No producen hidrocarburos, generan trabajo y pagan impuestos y regalías lo mismo que las otras?

El decreto crea una categoría especial de contrato para la explotación de recursos no convencionales, para la que prevé extensiones automáticas de las concesiones. Tal como se redactó el articulado, se podría especular con que funcionarios nacionales podrán otorgar áreas por 70 años.

El problema más serio es que, convertida en un barrilete sin cola, la política energética de la Presidenta no alcanza a dar certeza a los inversores a los que ahora, a las puertas del fracaso, pretende atraer. Cuando se fundó Enarsa, también se establecieron preferencias para los que se asociaran con ella. Hasta se dictó la ley 26.154 para regularlas. Pero nadie se sintió atraído y la ley ni siquiera fue reglamentada.

Por otra parte, las ventajas que les ofrece ahora el Gobierno a las petroleras son una sombra de lo que, al comienzo de este ciclo intervencionista, se les arrebató. El anterior régimen petrolero preveía libre disponibilidad del 70% de las divisas obtenidas y no establecía retenciones. El Gobierno promete ahora flexibilizar un poco el acceso al dólar y moderar las retenciones para dentro de cinco años. Y lo hace a través de la firma de Kicillof, Moreno y Cameron, cuya facilidad para cambiar de opinión está demostrada en la misma promesa.

A pesar de estas debilidades, algunos empresarios proclives al oficialismo celebraron a través de un comunicado el nuevo régimen. A la cabeza de la lista figuró, para que todo quede claro, Chevron. Fue un entusiasmo inducido. Anteayer, el gerente de Relaciones Institucionales de YPF, Gonzalo López Nardone, dirigió un mail a los responsables de asuntos corporativos de casi todas las petroleras del país, en el que decía: "Como ya hemos hecho en otros casos, pero esta vez por una muy buena noticia [el decreto 929], quisiéramos impulsar en el día de hoy un comunicado de toda la industria apoyando esta iniciativa. Es por ello que les adjuntamos una propuesta de texto de comunicado, al cual nos gustaría que vuestras compañías se adhieran [el subrayado y las negritas son del texto original]".

El funcionario remitió el comunicado que después suscribieron las empresas, redactado por el jefe de prensa, Mariano Gibaut. Hay que retroceder mucho en el tiempo para encontrar una declaración oficial con semejante fervor privatista. Por lo visto, el Informe Mosconi de Kicillof no consiguió convencer a todo el mundo en YPF.

La característica principal de este proceso es la ausencia de debate, sin el cual es imposible dotar a la política energética de un mínimo consenso. La Argentina se reencuentra consigo misma. Perón negoció con California Standard Oil-Chevron casi en secreto. Arturo Frondizi emprendió su audaz apertura petrolera en el marco de un conflicto. Menem entregó YPF a Repsol apremiado por urgencias fiscales. Kirchner cedió el 25% de esa empresa a sus amigos Eskenazi entre gallos y medianoche. Y su esposa la estatizó en un operativo comando. Son decisiones con signos conceptuales muy distintos. Pero están emparentadas por un rasgo: todas fueron anuladas.