Piden en la Justicia que se cambie la tasa a pagar en las indemnizaciones

El Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA), la Unión Industrial Argentina (UIA), la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa) y el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires presentaron hoy una nota ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, en la que solicitan se suspenda la vigencia del Acta 2764/22 de esa dependencia de la Justicia laboral, que establece el cálculo de la tasa de interés a abonar por las empresas en casos de indemnizaciones por despidos.

En simultáneo, las entidades enviaron a la Corte Suprema de Justicia de la Nación una nota advirtiendo sobre esta situación. “La honda preocupación que existe entre los dadores de trabajo con relación a los métodos de actualización de las liquidaciones que surgen de las sentencias de condena que se pronuncian en ese fuero. Estamos convencidos de que esas actualizaciones están dañando seriamente a las empresas, generando perjuicios y distorsiones que muchas empresas ya no pueden afrontar”, manifestaron en la nota mencionada.

Según el texto presentado ante la Justicia laboral, el método de cálculo adoptado “arroja resultados erráticos, inequitativos, exorbitantes y criterios disímiles de interpretación, todo lo cual afecta seriamente al principio de la seguridad jurídica con el consiguiente aumento de incidencias procesales, interposición de recursos de apelación y asimismo de extraordinarios y quejas ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

Asimismo, en el texto se agrega: “Es una creencia compartida de las entidades que representamos en el sentido de que ese mecanismo de cálculo tiene efectos extremadamente nocivos para la industria, elcomercio y los trabajadores en general”.

Las entidades basaron su reclamo en dos informes, uno de la Universidad de Buenos Aires (UBA), y otro de la UIA –verificado por la firma de auditoría PwC Argentina–, que señalan las inconsistencias del método de cálculo. Por este tema se presentaron numerosos recursos de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por parte de las empresas afectadas; pero estas presentaciones no suspenden los procesos judiciales y la Cámara ordena ejecutar las sentencias.

“Esto ocasiona enormes daños patrimoniales a las compañías, que deben pagar montos varias veces superiores a los vigentes antes de la publicación del acta cuestionada”, se señaló en la nota de las entidades mencionadas.

Por otro lado, los firmantes afirman que esta situación produce efectos extremadamente nocivos para la industria, el comercio y los trabajadores en general, en particular a las pequeñas y medianas empresas generadoras de la mayor parte de los empleos registrados en el país, afectando seriamente el derecho a la propiedad, la garantía de igualdad y el principio de seguridad jurídica.

“Además, la recarga de recursos en los tribunales genera demoras en las causas que debieran resolverse en tiempo, y eso constituye un deterioro en el servicio de justicia para la población”, se indicó.

De acuerdo con lo señalado por las entidades firmantes, los estudios de la UBA y de la UIA encontraron, entre otras cuestiones, que “el esquema de capitalización compuesta habilitado por el acta mencionada es un factor que presenta notables asimetrías en su aplicación, en tanto el monto resultante de la demanda se encuentra fuertemente influenciado por las oscilaciones de una tasa activa que no guarda correlación directa con la variación en el nivel general de precios ni la evolución de salarios de la economía”.

Además, de estos trabajos surge que es discutible la utilización de una tasa activa en una actualización de índole laboral dado que su construcción aglutina componentes de distinta índole, y que las tasas de interés involucradas en el acta también forman parte de un herramental con que los gobiernos cuentan para realizar políticas públicas, donde persiguen diversos objetivos vinculados a la estabilidad macroeconómica.

Otras de las conclusiones son que “con una tasa nominal con diferenciales marcados respecto a la tasa de inflación, a lo largo de los años la tasa real se mueve de terrenos nítidamente positivos a valores negativos”, y que “el margen anual por sobre la inflación depende del período detallado, en donde el indicador de ajuste presentará un resultado final con una amplia volatilidad de acuerdo con la fecha inicial de la demanda, el dictado de sentencia firme y la fecha de efectivo cobro”.

Por último, se especificó que del análisis realizado por la UBA, queda claro que la utilización de mecanismos de ajuste basados en tasas activas, cuyo basamento teórico dista del mantenimiento del poder adquisitivo del salario, sólo dará como resultante importes aleatorios y alejados del objetivo perseguido.

En tanto, desde la Unión de Aseguradores de Riesgos del Trabajo (UART), se señaló que quizá con ejemplos pueda ilustrarse mejor el daño que se inflige a un sistema consolidado y apreciado por trabajadores y empleadores. “A partir de la actualización de la tasa según Acta CNAT 2764/22, el valor de un juicio de 2014 que antes se multiplicaba por 6, ahora pasa a multiplicarse por 45. Si bien esta Acta alcanza sólo al 13% de los juicios en stock, implica un impacto de más del total del patrimonio de todas las ART”, se ejemplificó.

Asimismo, en la UART enfatizaron que las consecuencias sobre el sistema son fuertísimas. “Las ART funcionan con la lógica del sistema asegurador, previsionando y cobrando según reglas de juego vigentes. Cuando, como en este caso, se cambian de un día para el otro y con aplicación retroactiva, se destruye la ecuación que equilibra cobertura y financiamiento y con ello se pone a riesgo la cobertura y los beneficios del sistema”, se argumentó desde esta cámara.

LA NACION

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