Preparan el tiro de gracia al modelo de control de precios favorito de Cristina Kirchner

Acostumbrada durante años a reglas económicas que obligan a jugar siempre con un número limitado de cartas, la sociedad aún está midiendo al nuevo presidente que propone un juego distinto en el que, de golpe, hay que usar todo el mazo. Es un intento de desregulación masiva, multisectorial, que despierta atracción y resistencia por igual; un propósito casi utópico, cuyo resultado, al igual que todo juego, es incierto.

El mundo económico y empresario está en estos días viendo cómo se adapta a ese nuevo escenario. Del Estado omnipresente a la libertad casi absoluta. Procesos que en otros países quizás han llevado décadas aquí se procuran atravesar en semanas. La versatilidad que exige un país como la Argentina, condición que suelen valorar quienes vienen aquí a buscar ejecutivos locales para integrar o liderar compañías en el exterior, es nuevamente puesta a prueba.

Es el caso del consumo masivo, por ejemplo, donde la Secretaría de Comercio, que sumaba regulaciones año tras año hasta armar un verdadero jenga administrativo, hoy busca acelerar la desburocratización. Derogadas las leyes de abastecimiento, de góndolas y el Observatorio de precios con el megadecreto de desregulación, la cartera que conduce Pablo Lavigne apunta ahora a dar de baja resoluciones con distintos tipos de controles que había establecido la exsecretaria de Comercio Interior Paula Español, la funcionaria que mejor encarnaba las ideas de Cristina Kirchner respecto de los controles de precios y la relación del gobierno con los empresarios.

Se trata de las normas que, entre 2020 y 2021, crearon, a instancias de la economista militante de La Cámpora, el Sistema Informativo para la Implementación de Políticas de Reactivación Económica (Sipre); el Sistema de Fiscalización de Rótulos y Etiquetas (Sifire) y un régimen informativo especial para la industria de la carne. Este último obligaba a las empresas de los distintos eslabones de la cadena cárnica a comunicar a la entonces Subsecretaría de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores, el último día hábil de la semana de cada mes calendario, la cantidad diaria de kilos de media res y cuero vacuno comercializados, su precio promedio diario de venta por unidad de medida y la categoría de origen de esos productos.

Curiosamente, esos monitoreos rebuscados eran autopercibidos por las autoridades como simples. “La Secretaría de Comercio Interior desarrolló un sistema ágil y versátil para que las diversas empresas puedan presentar la información requerida de forma clara, sencilla y automática”, dice por ejemplo, un anexo instructivo del Sipre de 28 carillas.

Según fuentes oficiales, la idea en Comercio es sacar una resolución única que, antes del 31 de este mes, ponga punto final por escrito a ese entramado administrativo promovido en su momento por Español, defensora del “Estado activo y presente” e impulsora también, durante el gobierno de Alberto Fernández, del cepo a las exportaciones de carne como elemento de “equilibrio” para los precios del mercado interno.

La efectividad de estos mecanismos para controlar la inflación ya había sido cuestionada por el propio kirchnerismo cuando, en 2021, decidió reemplazar a Español por Roberto Feletti, quien prometía como remedio una mayor dureza con las empresas, aunque también fracasó en el intento y renunció meses más tarde.

En las reuniones que ya tuvieron con distintos sectores empresarios, Lavigne y su subsecretario de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, Fernando Blanco Muiño, dijeron que veían a las leyes derogadas y las resoluciones por derogar como un andamiaje del Estado para presionar al sector privado en las negociaciones de los distintos programas de control como Precios Cuidados o Precios Justos, que también fueron archivados.

Seguirá en pie, en cambio, el Sistema Electrónico de Publicidad de Precios Argentinos (SEPA) que sirve como base para el programa Precios Claros que activó el gobierno de Macri en 2016, cuando Blanco Muiño era Director Nacional de Defensa del Consumidor. Las fuentes oficiales dijeron que actualmente se están modernizando los sistemas para recabar la información que permite relevar 16 millones de precios por día y -que vía web y una app para celulares- posibilita comparar precios de un mismo producto en diferentes comercios. Una vez completada la revisión, la idea es relanzar el programa en marzo.

Esto es, se apuntará a la competencia y al control del consumidor como una de las herramientas para contener los precios en momentos en que se esperan meses de altísima inflación. Otra herramienta será la apertura comercial. Con la eliminación del SIRA y su reemplazo por el Sistema Estadístico de Importaciones (SEDI), en Comercio creen que los productos importados ya están llegando a las góndolas con mayor fluidez facilitados por un sistema “menos discrecional y más transparente” que el anterior. Obviamente, la futura evolución del tipo de cambio será clave para ver si la incidencia de la importación será importante o marginal y sus eventuales consecuencias sobre el mercado interno y la producción nacional. Con un tipo de cambio mucho más alto, el incentivo a importar hoy disminuyó fuerte respecto de la gestión Massa, pero a medida que la inflación vaya erosionando ese colchón, recuperará atractivo. ¿De no mediar otra devaluación, que algunos esperan para marzo, podrían volver los reclamos de mayor protección por parte de los industriales? “Hoy se importás pagas un 130% de impuestos; eso ya te deja el precio en niveles altos, ya parece suficiente”, consideran en el Gobierno, aunque reconocen que un eventual atraso cambiario reviviría la demanda importadora. Se espera que la recesión económica también sea un freno no solo para las importaciones, sino también para el desborde de los precios.

Con el declarado objetivo de ser “intrascendente” en materia de control de precios, la Secretaría de Comercio en realidad hoy dedica el mayor tiempo al ordenamiento de la deuda comercial de las empresas con el exterior. Es el organismo que deberá auditar la legitimidad de cada una de las acreencias reclamadas. Al fin y al cabo, lícitas o irregulares, todas emanan de un esquema sospechado de corrupción, que hasta ahora no ha podido ser probado en la justicia. El registro lo está elaborando la AFIP y aún no lo giró a la cartera que conduce Lavigne. El plazo de los importadores para anotarse era hasta el 10 de este mes, pero todo parece indicar que habrá una prórroga. Según fuentes oficiales, cabe esperar una revisión detallada de los números antes que un escándalo con nombres y apellidos. “La aprobación de las Siras era muy discrecional y de ahí iban al Banco Central; pero no hay trazabilidad y si no hay denunciante no podés tirar del piolín”, razonan. “Salvo que se animen a denunciar los empresarios, estamos obligados a hacer borrón y cuenta nueva”, admiten.

La autorregulación, puesta a prueba

Antes de que Javier Milei ganara el balotaje, las prepagas y los prestadores de salud estaban enfrascados en una intrincada negociación con el gobierno anterior para incorporar, en el cálculo para ajustar las cuotas a sus afiliados, el explosivo crecimiento de los costos de la salud, un fenómeno global que pone en jaque incluso a sistemas ordenados como los de muchos países europeos. También se discutía una flexibilización en la oferta que permitiera ofrecer planes más reducidos y económicos. De pronto, tras el triunfo del libertario, se encontraron con las manos libres para aplicar los ajustes que consideraran necesarios, ningún control oficial y apenas una sugerencia: “vayan a competir, libertad absoluta, pero no traten de recuperar 12 años en tres meses”. La referencia es a la ley que fijó el marco regulatorio de la medicina privada en 2011 y que, dicen en ese ámbito, es la responsable del desfinanciamiento crónico del sistema.

Un hombre del sector afirma que, en distintas reuniones, los funcionarios se llevaron la promesa de las prepagas de “salir de la jaula” progresivamente y en forma ordenada. “No podés aumentar 80% la prepaga porque mucha gente se cae del sistema privado y la mandás al público, que no está preparado para recibirla; eso le generaría muchos problemas al Estado”, explica la fuente, que reconoció que, a cambio, el ajuste de las cuotas empezará a ser mensual. El primero fue de 40% promedio.

Es un intento de autorregulación que será puesto a prueba más temprano que tarde y que demuestra que hay sectores que entrañan un grado de complejidad mayor, como la salud o la seguridad, en los que no siempre es posible tomar decisiones aisladas o basadas exclusivamente en cálculos económicos. La interrelación entre los distintos sectores desregulados es otro de los desafíos que tendrá que administrar el Gobierno. La liberación total del precio de los combustibles, por ejemplo, tiene consecuencias sobre los precios de toda la economía. Sin ir más lejos, una de las mayores prepagas del país tiene en la calle, todos los días, 160 ambulancias en circulación. Cada aumento de los combustibles es una amenaza para cualquier compromiso de palabra.