Procrear licitará $10.000 millones con nueva modalidad: bancos prestarán a beneficiarios
CÓRDOBA.- Entre fines de este año y comienzos del próximo, el plan Procrear licitará un primer tramo de $10.000 millones a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses , para que los bancos los tomen con asignación específica para otorgar créditos a los beneficiarios del sistema y a los desarrolladores de proyectos de vivienda. "Es una manera más inteligente de operar; damos liquidez al sistema financiero y el Estado es articulador; es un esquema más sustentable", define ante LA NACION Iván Kerr, secretario de Vivienda de la Nación.
El modelo es nuevo, ya que hasta ahora -salvo algunas iniciativas en diferentes localizaciones- los créditos hipotecarios de este plan eran entregados a los beneficiarios por el Fideicomiso Procrear. La estrategia que se pone en marcha apunta a conseguir financiamiento para los desarrollos a través del sistema bancario, que sean las entidades las que otorguen los préstamos y el Estado pueda recuperar los montos invertidos en la construcción en el corto plazo y reinvertirlos en nuevas unidades o en entrega de subsidios.
Además, el 4 de diciembre se licitarán 11 predios de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (donde se construirán 3500 viviendas) en todo el país. Los privados serán los encargados de la construcción, con el beneficio de una exención del 10% sobre el precio final de la tierra, la posibilidad de vender desde el pozo y con el Procrear gestionando la preinscripción de la demanda.
Kerr señala que el desarrollador pagará las tierras contra la entrega final de las viviendas y el Estado usará esos recursos para subsidios; insiste en que el ejecutor podría buscar financiamiento en los bancos, que "aún no están acostumbrados a fondear directamente los proyectos".
Respecto de la licitación de fondos de la Anses, apunta que serán en tres tramos, dos a 20 años para hipotecas (compra y construcción) y uno a seis años para construcción.
Marcelo Bussellini, director nacional de Política Habitacional, explica que el nuevo modelo en marcha significa que los beneficiarios individuales deberán presentar toda la documentación ante el banco, como cualquier aspirante a tomar un crédito hipotecario. Además, las entidades también financiarán a los desarrolladores.
Indicó que así se apunta a pasar de un "Estado constructor" a un "Estado facilitador", que utilizará diferentes herramientas para incentivar la oferta, como la promoción fiscal, el crédito intermedio al desarrollador, los seguros de caución, el registro del boleto de compraventa en todo el país (en CABA, por decreto, ya se puede hacer y el sistema financiero puede otorgar créditos contra ese documento) y la licitación de tierras públicas, como la del 4 de diciembre.
Respecto del primer punto, la promoción fiscal, se incluyen la exención de 10% del IVA (vía devolución del crédito fiscal) para proyectos de vivienda social con un costo de hasta 140.000 UVA aprobados por la Secretaría de Vivienda (está incluido en el presupuesto 2019). Las provincias podrán adherir incorporando una exención en Sellos e Ingresos Brutos (II.BB.).
También está prevista la reducción de la alícuota de II.BB. para fondos comunes de inversión cerrados o fiduciarios que inviertan en iniciativas de viviendas de hasta 220.000 UVA; en ese marco, se promoverá la inversión de compañías de seguros e inversores institucionales. "La creación del seguro hipotecario -dice Bussellini- permitirá ampliar el fondeo a tomadores finales".
El funcionario agregó que el esquema de promoción no solo es para tierras fiscales, sino que los desarrolladores privados que acerquen proyectos de construcción de unidades de hasta 140.000 UVA podrán beneficiarse del sistema. La ley contempla promover la construcción de 60.000 viviendas sociales en cuatro años con estos beneficios.
Desarrollo urbanístico
Por otro lado, se encaró otra solución para la entrega de desarrollos urbanísticos cuya construcción comenzó en la gestión anterior: que sean los bancos los que financien a los beneficiarios. Con ese modelo ya se entregaron 200 llaves de las 600 casas ejecutadas en Corrientes con el Procrear, pero con financiamiento del Banco Nación para los beneficiarios. "Recuperamos el dinero que pusimos para la construcción y eso nos permite precancelar la deuda con la Anses y liberar cupo de los activos que la entidad tiene la obligación de invertir en el sector", acota Kerr.
Los beneficiarios del desarrollo de Corrientes fueron seleccionados a través de un sorteo en Lotería de la Ciudad de Buenos Aires en agosto de 2017; presentaron la documentación al Nación, que hizo la evaluación crediticia y, en función de los resultados, se asignaron las unidades.
Hay unas 5000 viviendas en marcha por esta operatoria (desarrollos urbanísticos) en Salta y en Misiones (con el banco Santander), en Tierra del Fuego (con el banco provincial), en La Rioja y Santiago del Estero (Nación) y en la ciudad de Buenos Aires (Banco Ciudad).
De las 23.000 soluciones habitacionales del Procrear (enmarcadas como "desarrollos urbanísticos"), ya se entregaron cerca de 8000 con financiamiento estatal durante esta gestión. Kerr adelantó que, para esos casos, se firmó un convenio con el Banco Central, porque no figuran como deudores en la base de datos de la entidad, lo que "genera un problema, que estamos en vías de resolver".
El convenio que está cerrando Procrear con el FGS permitirá, según las autoridades, nuevos llamados para construcción con lote propio y para compra de primera vivienda, ambas apalancadas por fondos de la Anses y del Banco Nación.
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