Punto por punto: qué acordó la Argentina con el FMI

Sin cambios en la meta de déficit, menor exigencia de acumulación de reservas, tasas de interés positivas y un esquema de devaluación administrada (crawling peg) sostenido. Esos son los ejes centrales del nuevo acuerdo que confirmaron hoy el FMI y el Gobierno argentino, que implicará un anunciado desembolso de alrededor de US$7500 millones en agosto, luego de que se lo apruebe el directorio del organismo a mediados de ese mes, luego del receso de verano. Ese giro de fondos, consecuentemente, será luego de las PASO.

“Desde la finalización de la cuarta revisión el 31 de marzo, la situación económica de la Argentina se ha vuelto muy desafiante. Los objetivos clave del programa hasta finales de junio no se cumplieron debido al impacto mayor de lo previsto de la sequía, así como los desvíos y retrasos en las políticas”, reconoce el comunicado del FMI, que explicita las nuevas metas establecidas.

Tras las negociaciones entre el equipo económico y el equipo técnico del Fondo, se “ha acordado un paquete de políticas con un conjunto secuencial de medidas para reconstruir las reservas y mejorar la sostenibilidad fiscal, protegiendo al mismo tiempo la infraestructura crítica y el gasto social”.

Déficit fiscal

En este punto, la meta anual se mantuvo sin cambios: el Gobierno ratificó su pauta de déficit fiscal primario para 2023 en un 1,9% del PBI. Días atrás, Sergio Massa había anunciado que la meta sería del 2% (0,1 puntos más que la pauta original), pero el documento oficial mantiene el objetivo sin modificaciones.

Para alcanzar esta cifra, el Gobierno deberá recurrir a una mayor caída en los gastos o más impuestos para incrementar sus ingresos, luego de que en el primer semestre del año se incumpliera la meta de déficit acordada previamente. Solo entre enero y junio, el resultado fiscal arrojó un déficit primario de $1,88 billones, equivalente a alrededor de 1,1% del PBI, según estimaciones de la consultora LCG.

Son casi $700.000 millones por encima del objetivo al que se había comprometido la Argentina con el FMI para el primer semestre.

Gasto público

Mantener la pauta de déficit fiscal llega acompañada de nuevas exigencias en materia de reducción del gasto. “El cumplimiento de la meta requiere un mayor endurecimiento de la política fiscal en el segundo semestre de este año, respaldado por una serie de medidas acordadas de ingresos y gastos, protegiendo los programas sociales y de infraestructura prioritarios”, establece el comunicado.

Entre otras pautas, el FMI dispone que en el segundo semestre serán necesarios “esfuerzos” para “contener el crecimiento de la masa salarial” y “fortalecer los controles de gasto”. En este punto, describe un conjunto de esquemas de política ortodoxa: dispone que el Gobierno deberá “focalizar mejor” la asistencia social y “racionalizar” las transferencias a provincias y a empresas estatales.

Por otra parte, se refiere explícitamente a la cuestión de los servicios públicos, y dispone que son necesarios nuevos aumentos para “actualizar las tarifas de energía” para “reflejar mejor los cambios en los costos de producción que mejore a su vez la progresividad del sistema.

En el primer semestre del año, el gasto primario se contrajo un 5,7% en términos reales, de acuerdo con las estimaciones de Invecq. Producto de la fórmula de ajuste previsional y la aceleración inflacionaria, el gasto en jubilaciones (representa el 54% del gasto total del estado nacional) se contrajo un 8% en términos reales.

También hubo un recorte del 29% en programas sociales, y del 13% en el gasto en subsidios económicos en el primer semestre del año.

Reservas

Es el punto donde mayores concesiones hizo el FMI, y la más críticas de las variables macroeconómicas de la Argentina. En lugar de la meta de US$8000 millones que se había establecido en la cuarta revisión, el nuevo acuerdo fija un objetivo de acumulación de reservas de US$1000 millones para fin de este año.

Entre otros puntos, el documento del Fondo hace referencia al impacto de la sequía, que afectó a la cosecha agrícola y redujo los saldos exportables en alrededor de US$20.000 millones.

A comienzos del año, el BCRA tenía reservas brutas por US$44.608 millones (las netas eran de US$7280 millones, según estimaciones de Invecq), contabilizando préstamos de organismos (Banco Mundial, CAF, BID, entre otros), la expansión del swap con China y las divisas que ingresaron por las diferentes ediciones del ‘dólar soja’, entre otras medidas.

Hoy, las brutas se ubican en US$25.346 millones y las netas son negativas en más de US$7404 millones. En otras palabras, el organismo perdió en lo que va de 2023 más de US$19.000 millones.

Emisión

El FMI insiste en limitar la emisión monetaria por parte del BCRA para financiar al Tesoro, y define que “la senda fiscal acordada no supone una dependencia adicional del financiamiento monetario directo”. En otras palabras, insiste en que el BCRA no recurra a la ‘maquinita’ para financiar el déficit, aunque el Gobierno en el segundo trimestre incumplió la meta acordada, al exceder el monto de emisión de pesos establecido en la última emisión del acuerdo.

En este sentido, el FMI destaca los recientes canjes de deuda que impulsó el Gobierno para despejar el horizonte de vencimientos de deuda en pesos, que han “reducido significativamente los riesgos de refinanciación”.

Intervención en el mercado

Es el punto más ambiguo del comunicado del FMI, porque no prohíbe explícitamente al Gobierno su intervención con compra y venta de bonos, que es el mecanismo al que apela el BCRA para intentar contener las cotizaciones de los tipos de cambio financieros y poner un techo a la brecha cambiaria.

Sin embargo, el documento difundido elude precisiones, y plantea que esas intervenciones “se centrarán en garantizar el funcionamiento normal del mercado”. Al mismo tiempo, establece que deberán “proteger al mismo tiempo el balance del Banco Central”. El planteo del FMI es evitar que el BCRA gaste reservas (mediante la compra de títulos públicos), a fin de condicionar sus cotizaciones y así evitar que escalen los tipos de cambio financieros, aunque no establece en esta instancia pautas claras o precisas de cómo deberán ser esas intervenciones.