Quiénes pagarían y cuánto por el impuesto a los Bienes Personales si se aprobara el proyecto que impulsa ahora la oposición

Con activos declarados por un valor de $15 millones, todos ubicados en el país, se deberá pagar por el impuesto a los Bienes Personales correspondiente a 2021 un monto de $66.250, tal como quedó la ley que fue aprobada en el Congreso a fines del año pasado. Sin reforma, con esos activos se hubiera tenido que tributar un total de $106.250. Y si se aprobara un proyecto que ayer presentaron legisladores de la oposición en la cámara de diputados, se abonaría una cifra aun bastante menor: $25.000, es decir, un 62,3% menos que con la ley actual.

La iniciativa presentada por Luciano Laspina (Pro-Santa Fe) y acompañada por otros diputados de Juntos por el Cambio y por José Luis Espert (Avanza Libertad-Provincia de Buenos Aires), busca elevar de $6 millones a $10 millones el mínimo no imponible del impuesto y de $30 millones a $60 millones el valor exento de la vivienda. Eso reduciría el impuesto en todos los casos, con efectos negativos en la recaudación fiscal.

Además, pretende eliminar las alícuotas incrementadas por la tenencia de bienes en el exterior, y actualiza los valores de la tabla que determina, dependiendo de cuánto valgan los bienes gravados, qué alícuota se paga (aunque no modifica los montos fijos que son parte del tributo y que se diferencian según el escalón en el que se ubique el contribuyente).

También se propone dejar sin efecto las dos nuevas alícuotas que se incorporaron con la última ley y que incrementan el tributo para los patrimonios más elevados, los superiores a $100 millones y a $300 millones. Y busca establecer un mecanismo de actualización automática de las variables del impuesto siguiendo la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec entre los meses de noviembre de un año y otro (la última ley estableció el uso de ese mismo indicador a partir del ejercicio fiscal 2022, pero considerando la variación interanual a octubre).

Por la suba del mínimo no imponible y la eliminación de la tabla de alícuotas por bienes en el exterior, la iniciativa beneficiaría especialmente a quienes tienen bienes gravados por valor de más de $6 millones y de hasta $10 millones (porque quedarían al margen del tributo), y a quienes tienen activos fuera de la Argentina. En estos últimos casos, y a menos que se haya hecho una repatriación parcial bajo las condiciones definidas por la normativa, ya se pagó una imposición agravada (con una alícuota de hasta 2,25%) en los últimos dos años, por una medida que nació como temporal y que ahora, según la ley 27.667, seguirá rigiendo mientras exista el impuesto a los Bienes Personales.

Pero, más allá de eso, si se aprobara la iniciativa todos los alcanzados por el impuesto verían reducida la carga significativamente. Tras haber impulsado a fines de 2021 que se aprobara un proyecto para subir de $2 millones a $6 millones el mínimo no imponible (sin que aumentara el tributo para los patrimonios más altos ni se prorrogara la vigencia de alícuotas agravadas por bienes en el exterior, dos puntos que el oficialismo logró que se votaran favorablemente ante la ausencia en el recinto de diputados de Juntos por el Cambio), ahora la oposición pide que esa base para empezar a tributar sea un 66,67% más alta.

El argumento, expresado en los fundamentos de la iniciativa, es que con la cifra de $10 millones se llegaría a un monto similar, traducido a dólares (considerando el tipo de cambio oficial, que es el utilizado en las valuaciones de Bienes Personales), al que estuvo vigente en los años 90, cuando la base imponible era de $102.300, que equivalían a US$102.300.

Con ese cambio propuesto, alguien que tenga un patrimonio gravado valuado en $12 millones, pagaría un impuesto de $10.000, en lugar de los $37.500 que tributará con la ley actual, lo que implica una reducción del monto de un 73,3%. Si no se hubiera hecho ninguna modificación (tal como desde el oficialismo se pretendía hasta hace tan solo un mes), la cifra a pagar hubiera sido de $76.250.

Otro ejemplo: con activos por $50 millones, todos en el país, se pagará con la ley aprobada a fines de 2021 un impuesto de $481.250, mientras que se abonaría, con la iniciativa de Juntos por el Cambio, $216.250, un 55,1% menos. Sin ninguna modificación respecto de cómo fue el impuesto hasta 2020, se habría tenido que tributar $531.250. Si de los $50 millones la mitad estuviera en el exterior, con la normativa actual se tributará una cifra mayor por el impuesto correspondiente a 2021: $731.250 (en lugar de los $481.250 en el supuesto de que todos los bienes estén en la Argentina). Con la propuesta opositora, el monto sería el mismo que en la hipótesis en la que todo el patrimonio está en el país: $216.250. Así, en este caso la reducción del gravamen sería de un 70,4%.

Si se trata de un patrimonio de $100 millones con el 80% fuera de las fronteras, con el sistema actual se tributará $1.916.250, mientras que con el proyecto opositor la cifra sería de $456.250, un 76,2% inferior.

Con $320 millones en bienes ubicados en el país, la nueva ley produce, por los cambios impulsados por el oficialismo, un incremento del monto a abonar. El impuesto será de $4.426.250, mientras que si no se hubieran aprobado las modificaciones habría sido de $3.906.250. Con la iniciativa de Laspina, que busca eliminar las alícuotas más elevadas para quienes tienen patrimonios más altos, el tributo se reduciría a $3.206.250, un 27,5% menos en comparación con la cifra actual. Si con $320 millones en total, el contribuyente tuviera $100 millones en la Argentina y $220 millones en el exterior, el tributo por 2021 será, según la ley 27.667, de $6.056.250, en tanto que bajaría a $3.206.250 (un 47,1% menos) con el proyecto opositor. Sin modificación del mínimo no imponible de $2 millones que estuvo vigente en 2019 y 2020 y si el Gobierno hubiera buscado aplicar la alícuota diferenciada por bienes en el exterior, se habría tributado $6.106.250.

Según los fundamentos del nuevo proyecto, se pretende eliminar la tabla de alícuotas incrementadas por bienes en el exterior porque “quedó demostrado que los contribuyentes afectados, en lugar de optar por repatriar activos [para evitar la mayor imposición], han mudado su residencia permanente a otros países donde la presión fiscal sobre el ahorro y el patrimonio se encuentra en niveles razonables”. Y se agrega que esa consecuencia se traduce “en una merma considerable de recaudación”.