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Repartir hasta lo ajeno para pagar la elevada factura de la devaluación oficial
Las medidas del Gobierno bajo la lupa en un contexto de crisis que se expande
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LA NACIONFrancisco Jueguen
Es la maldición del ministro-candidato. Para conseguir dólares para sus flacas reservas en el Banco Central, el ministro de Economía, Sergio Massa, se comprometió con el Fondo Monetario Internacional (FMI) a una devaluación y un ajuste fiscal. Gastar menos, no imprimir tantos pesos y sumar divisas como sea fue la precaria manera que encontró de intentar anclar las descontroladas expectativas y evitar una mayor volatilidad. Es un atisbo –no hay reforma estructural ni plan de largo plazo– del camino para poder normalizar la economía.
Pero el candidato vive presionado a desarmar ese dique de contención. Necesita repartir muchos pesos prestados de organismos internacionales, recaudados por el Estado, impresos por el Banco Central o incluso de las empresas mismas, eso no importa. Además, debe subsidiar más (tarifas o tasas de créditos) y hacer crujir la relación con el Fondo para lograr ser competitivo electoralmente.
Massa es un experto, en comunicación. Lo que el ministro quita, el kirchnerismo lo oculta. Lo que el candidato ofrece es propalado por la maquinaria oficial. Curiosamente, nada parece alcanzar. Ni lo que quita ni lo que da. Se puede ir un poco más allá: lo que el candidato ofrece es porque antes fue sustraído por el ministro. El paliativo anunciado sólo sirve para contener parte del impacto de la devaluación. Y se paga con plata de otros. En ese camino, el cuarto kirchnerismo arriesga la estabilidad para colarse al ballotage.
En esta trampa, el FMI y el Gobierno comparten un mandato: llegar. En el organismo multilateral descuentan que el actual es un programa de cortísimo plazo, que quien asuma como presidente en diciembre en la Argentina querrá su propio plan y que las elecciones –que suman incertidumbre a una economía que describió como “cada vez más frágil”– multiplicarán las tensiones hasta diciembre. No sólo entre el organismo y el kirchnerismo, que no suele asumir responsabilidades de gestión. También con otros sectores de la economía. No por nada, muchos de ellos –extenuados– ya rechazaron las medidas anunciadas.
Un ejemplo. En un “gobierno de científicos”, la salud cruje. Las medidas electoralistas encendieron las alarmas. “Se intenta solucionar un problema generando otro con el consecuente desfasaje entre los costos de las prestaciones médicas, honorarios, tratamientos e insumos”, se agarraban los pelos en una de las prepagas más grandes, en la que vaticinaban mayor conflictividad con médicos, prestadores y laboratorios. “Esto no va a colaborar con una mejor atención” de los pacientes, advirtieron sobre el congelamiento anunciado.
La mirada del Fondo
Es probable que los técnicos del Fondo ya tengan en evaluación los paliativos anunciados vía Instagram por Massa durante todo el domingo. En una primera mirada, se trata de una batería de medidas más amplia a las que la letra chica del staff report de la quinta y sexta revisión del Programa de Facilidades Extendidas (EFF, según las siglas en inglés) preveían. El informe elaborado por los técnicos que siguen el caso argentino difundido el viernes sólo esperaban aumentos a la Asignación Universal por Hijo (AUH), mejoras en las asignaciones familiares y en la Tarjeta Alimentar, además de continuar con los aumentos por la actual ley a jubilados y algunos bonos.
Según el Gobierno, el paquete de medidas rondaría los $730.000 millones, es decir, 0,5% del PBI. Ese gasto extra del candidato deglutiría, por otro lado, el ahorro en el año en subsidios por el aumento de tarifas del propio ministro.
Es mucho dinero si se tiene en cuenta que la meta del Gobierno con el FMI sufre un desvío difícil de enderezar. Ese criterio fiscal era la única ancla de la economía hasta que este año apareció la sequía (el impuesto PAIS es actualmente la nueva retención para las arcas públicas). Pero los paliativos son acotados si se enmarcan en un contexto en el que los ingresos luchan por sostenerse frente a una inflación de entre 140% y 170% para 2023.
Ese fino equilibrio entre el ministro y el candidato debe aliviar el costo que tuvo el salto del dólar –y de los precios– entre los segmentos más vulnerables y, a la vez, no perder la ganancia de competitividad que logró con la devaluación de 27% desde fines de julio (al salto del oficial post PASO hay que agregarle la aceleración de crawling peg desde fines de julio pasado, ya que ambos pasos fueron negociados con el Fondo Monetario).
Vale una aclaración importante para entender lo que viene: en la letra chica del acuerdo no hubo acuerdo sobre la decisión de dejar el tipo de cambio oficial fijo hasta fines de octubre, como anunció Massa. Todo lo contrario. El Fondo pide no atrasar el dólar. En ese sentido, es probable que el tipo de cambio vuelva a acelerarse después de atravesar dos meses de inflación –agosto y septiembre– con cifras de dos dígitos. Hay una sola forma en la que el Gobierno puede llegar a una inflación mensual de 5% con un programa al que además deberá agregarle un nuevo aumento de las tarifas de la luz para septiembre. Se llama recesión.
Si las metas no se vuelven testimoniales –algo de lo que el Fondo intentó cubrirse con la larga lista de prior actions (medidas que debió tomar el Gobierno para recibir US$7500 millones) mencionadas en el staff report–, Massa tendrá que bajar salarios públicos en el segundo semestre y lograr una caída del gasto del 11% (menos transferencias a provincias, empresas públicas y gasto de capital). Son noticias que no se verán por Instagram.
Encima, los riesgos crecen. A esa malaria económica y el shock electoral, se suma el cisne negro para el ministro y candidato. La preocupación en el mercado por una apuesta extrema: la dolarización sin dólares.
