Se tensó el diálogo entre Malena Galmarini y López Murphy por una licitación de AYSA

Malena Galmarini y Ricardo López Murphy hablaron ayer a la tarde, pero no se pusieron de acuerdo. Lo hicieron por teléfono, no cara a cara porque, hasta ahora, el diputado no aceptó la invitación que la presidenta de AYSA le hizo el viernes por carta: ir personalmente a esas oficinas para entender los criterios con que la empresa de agua elige a proveedores y contratistas. La controversia había explotado la semana pasada cuando, advertido de una millonaria licitación cuyos resultados se conocerán hoy y que podría adjudicársele a Mauricio Filiberti, empresario cercano a Sergio Massa, López Murphy escribió en Twitter que investigaría a fondo el proceso.

La apertura de sobres es hoy. El diputado se pregunta si la operación por la que AYSA pagará más de 127 millones de dólares durante los próximos tres años para comprar policloruro de aluminio (PAC), un coagulante potabilizador que en la Argentina fabrica casi exclusivamente Filiberti, está hecha a medida de un oferente. Por eso fue inusualmente duro. “Le pedí que suspendiera la licitación, pero no lo hizo. No tenía sentido que yo fuera”, dijo anoche cuando LA NACION le preguntó cómo había sido su diálogo con Galmarini.

En Twitter, el jueves, había sido más directo. “Vamos a investigar las maniobras espurias del ministro Sergio Tomás Massa -escribió-. Impulsaremos un pedido de informes desde el Congreso para que nos explique la utilización escandalosa de fondos públicos en favor de sus amigos y socios”.

Galmarini le envió la invitación al día siguiente. “Me dirijo a usted con relación a sus dichos manifestados en la red social Twitter el 16 de marzo”, empieza, y le propone “tomar vista de los antecedentes y procedimientos de la selección” del contratista.

En AYSA no ven motivos para suspender nada: dicen que la licitación es transparente. Pero las dudas aparecieron no bien se conoció la convocatoria, no solo en la oposición, sino también en la industria, y desde múltiples aspectos.

En primer lugar, en el más elemental: es altamente probable que Filiberti, proveedor de AYSA desde hace décadas, resulte ganador porque es el único fabricante argentino en condiciones de cumplir con el volumen de PAC requerido. Otras tres empresas, Meranol, Faisán y Arquimia, quisieran que el texto del pliego fuera menos taxativo: que no dijera, como dice, “policloruro” sino “coagulante”, porque eso les daría la oportunidad de participar ofreciendo otra de las sustancias que el mundo usa para potabilizar y que AYSA empleó hasta 2009, el sulfato de aluminio. Por las características del agua del Río de la Plata, afirman quienes han quedado excluidos, el sulfato de aluminio representaría para el Estado un ahorro de 40%.

En AYSA y en Transclor se defienden. Ante la consulta de este diario, dicen que el PAC es más apropiado, que para el sulfato de aluminio ya hubo otra licitación en septiembre del año pasado y que justamente Alquimia, Faisán y Meranol resultaron adjudicatarias. Es en realidad una cuestión de volúmenes: para sus tres plantas ubicadas en Bernal, Capital Federal y Tigre, AYSA emplea 78% de PAC y 22% de sulfato de aluminio. Un debate técnico global que depende en gran medida de la fuente de que provenga el agua, pero que en la Argentina, como casi todo, se politiza: hay una histórica relación entre AYSA y Filiberti cuyos criterios nunca se terminaron de aclarar.

Todo empezó en 2006, cuando Néstor Kirchner estatizó la concesión, hasta entonces controlada por el grupo francés Suez, luego de un año de discusiones por el cumplimiento del contrato. “Si se quieren ir, que se vayan. El pueblo va a saber lo que tiene que hacer -había dicho Kirchner en 2005 en Florencio Varela-. Suez, por más plata que gaste en los medios para victimizarse, durante muchos años ha llevado a la Argentina a la desinversión total y este presidente no va a permitir que esa empresa siga dejando sin cloacas ni agua a los argentinos”. Mediante el decreto 304, el gobierno creó entonces Agua y Saneamientos Argentinos SA, cuyas acciones estaban divididas en 90% para el Estado y 10% para los trabajadores, representados por el Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias, que todavía conduce José Luis Lingeri.

Desde entonces, AYSA tuvo su propio reglamento de compras y contrataciones. Al ser una sociedad anónima, sus procesos de adquisición pueden hacerse de tres maneras: licitaciones públicas o privadas, compra directa o acuerdo marco. Así, el 25 de enero de 2007, fecha de inicio de la nueva etapa, la empresa firmó con el sindicato un convenio de operaciones para la planta de Bernal, que hasta entonces utilizaba sulfato de aluminio. Ese acuerdo le daba prioridad de abastecimiento a AYSA y agregaba que el sulfato restante se podría vender a terceros. ¿Sabía, sin embargo, el gremio, nuevo operador, algo de sulfato de aluminio? ¿Tenía los fondos para invertir? Ni lo uno ni lo otro. Pero, ese mismo día, Lingeri firmó otro acuerdo para la fabricación del producto con un especialista: Transclor. A cambio, la operadora pagaría $276.000 mensuales cada semestre.

Por qué se eligió a Filiberti y no a otro es una de las grandes incógnitas del universo contratista. Un informe del auditor Juan José Calandri, de la Coalición Cívica, dice que, por haberse firmado entre privados, esos acuerdos no se hicieron bajo ningún control.

La controversia de estos días se relaciona en realidad con algo que pasó dos años después de aquellos primeros pasos, cuando AYSA le da un giro a su modelo de negocios y, basada en un informe técnico que Suez había hecho en 2002 sobre la posibilidad de cambiar de coagulante por cuestiones de costos, y con el argumento de que había subido el precio del ácido sulfúrico que importaba como materia prima, decidió sustituir importaciones: dejaría de utilizar sulfato de aluminio y, de ahí en más, potabilizaría con PAC. Otro golpe de suerte para Filiberti, precisamente quien producía en el país un insumo con que se elabora el PAC, el ácido clorhídrico.

El modo de instrumentar ese “Vivir con lo nuestro” fue el mismo con con la estatización. El 30 de marzo de 2009, mediante otro acuerdo marco, AYSA autorizó al sindicato la operación por sí o por terceros de una planta de PAC en Bernal. La producción pertenecería al Estado pero, según el texto, el excedente podría seguir siendo vendido a terceros. En el contrato, AYSA se comprometía además por 10 años a reconocer la inversión hecha mediante la compra mínima anual de 47.000/50.000 toneladas de PAC.

Es evidente que Lingieri estaba a gusto con el convenio anterior, porque volvió a pensar en Filiberti. Y exactamente el mismo día, 30 de marzo, firmó otro acuerdo con Transclor, por el cual la empresa instalaba, operaba y mantenía la planta en Bernal a cambio de una suma semestral de $250.000.

Transclor estaba entonces frente a la oportunidad no sólo de usufructuar un predio ajeno, sino además de diferenciarse con un producto que le permitiría adjudicarse cualquier licitación futura. Por eso, Filiberti no dudó en invertir en 2012 unos 10 millones de dólares para un proyecto que, con el argumento de que el coagulante es estratégico, AYSA le recompró en 6,6 millones.

A partir de allí, el contrato se renovó varias veces y con distintas exigencias. El 22 de octubre de 2015, por ejemplo, Cristina Kirchner firmó el compromiso de mantener la tonelada de PAC en US$469 hasta el final del gobierno de Macri, que a su vez lo extendió después hasta el 31 de diciembre de 2022. Cuando asumió, Galmarini obtuvo una rebaja de 19 dólares por tonelada para el contrato y agregó el compromiso de que, cuando venciera, a fines de este año, se llamaría por primera vez en 17 años a licitación para operar la planta.

¿Aparecerá otro interesado antes de enero? Difícil. La licitación de hoy, la que preocupa a López Murphy, tiene fecha de entrega entre el año próximo y 2026, pero es prorrogable por otros 24 meses si las partes lo requieren. Traducido: los competidores de Filiberti podrían tener que esperar hasta 2028 para venderle algo a AYSA. ¿Por qué se hizo con tanta anticipación?, se preguntan en la oposición. En AYSA dicen que era el único modo de no afectar el abastecimiento si hubiera, después de la licitación, un cambio de manos. “Se licita con anticipación, dados los tiempos de este tipo de convocatorias (157 días) y los tres meses mínimos previstos de transición ante el posible cambio de operador”, contestaron.

Filiberti no tiene en realidad una mala relación con la dirigencia opositora. Es, por lo pronto, socio de Nicolás Caputo en la empresa de aviones Patagonia Jet. Y durante la última administración de Cambiemos, incluso se le renovó el contrato, aprobado por el directorio de AYSA el 2 de diciembre de 2019, seis días antes de que se fuera Macri. “Es decir que la gestión anterior también dejó asegurado el suministro de este insumo crítico”, recuerdan con ironía en la empresa.

Con Macri en el poder hubo apenas dos novedades al respecto. La más relevante: el sindicato abandonó el contrato. “Nos retiramos definitivamente”, contó Lingeri a LA NACION. La otra es un informe crítico que hizo el 5 de abril de 2019 la Dirección de Asuntos Jurídicos de la empresa. “Ante la inexistencia de una compulsa inicial y debido a sus importantes dimensiones -dice-, la relación comercial entre AYSA y Transclor ha devenido en una suerte de monopolio u oligopolio bilateral en donde el precio del PAC no surge del libre juego de oferta y demanda, y, por tanto, existen dudas con respecto a la competitividad del precio al que AYSA compra el insumo.” El texto admite la existencia de un estudio de factibilidad para incorporar otro proveedor o importar el insumo, pero agrega que, en ambos casos y por motivos de precio, disponibilidad, volumen y calidad, se llegó a la conclusión de que no convenía. También consigna algo obvio: que no hay muchas alternativas de proveedores porque la capacidad instalada de Transclor para producir PAC es de 100.000 toneladas al año, y la del otro fabricante posible, Petroquímica Río Tercero, de 40.000.

Como si todo hubiera sido un plan perfecto de 17 años.