Sebastián Waisgrais: “Sin la AUH, hoy la tasa de indigencia infantil sería diez puntos más alta”

Es economista graduado en la Universidad de Buenos Aires (UBA) e hizo un doctorado en Economía en la Universidad Pública de Navarra (España); trabaja en temas de economía laboral, educación, inversión social e inclusión; desde 2008 trabaja como especialista de monitoreo e inclusión social de Unicef Argentina

En la Argentina más de 7,3 millones de menores de 18 años viven en situación de pobreza y solo en el último año unos 643.000 cayeron en la indigencia. Los datos son de Unicef Argentina, fueron elaborados a partir de información del Indec, y muestran el impacto de la crisis económica y sus consecuencias en el mediano plazo.

“La reducción de los desequilibrios fiscales es relevante para que el país crezca y eso está claro, pero atender a estos grupos poblacionales que hoy están en una condición de mayor vulnerabilidad también, y debería estar en la agenda de las políticas públicas”, plantea en diálogo con LA NACION el economista Sebastián Waisgrais, especialista de Monitoreo e Inclusión Social en Unicef Argentina, quien advierte que, aun tras las últimas ampliaciones presupuestarias, el crédito disponible para programas vinculados a niñez y adolescencia en 2024 tiene una caída real interanual de casi el 60%.

Según su diagnóstico, la tendencia del deterioro social de la Argentina y el crecimiento de la pobreza infantil tiene “dos períodos” en la última década, con una profundización reciente vinculada con la aceleración inflacionaria. “Un período inicial, entre 2016 y antes de la pandemia, en el cual la pobreza en la niñez se movía entre el 46% y 48%; después vinieron la pandemia y otras situaciones que generan niveles de pobreza mucho más elevados, y ahora llegamos al segundo semestre de 2023 con un 58,5%”, dice el analista, graduado en la UBA y doctor en Economía por la Universidad Pública de Navarra (España). “Obviamente que tiene relevancia este conjunto de siete millones de chicos y chicas que, extrapolando el dato al conjunto de la población, viven en la pobreza, pero la preocupación central es la situación de la pobreza extrema”, afirma.

–¿Por qué?

–Porque ahí es donde se produce un aumento. En esta tendencia que hablábamos, en 2016 la pobreza extrema no superaba el 10% y hoy está cerca del 20%. Es decir, se duplicó, y solo en el último año aumentó cinco puntos. Son hogares con niños y niñas que viven en situación de inseguridad alimentaria o que no llegan a cubrir una canasta básica de alimento. Ahí está el foco de atención.

–¿A qué se debe? ¿Es una cuestión solo macroeconómica?

–En este último período claramente sí hay una cuestión más macro, en la cual la canasta básica de alimentos, que es con la que se mide la pobreza, se estuvo moviendo en el año más cerca de 300%, muy por arriba del IPC y de los salarios también medidos por el Indec, tanto registrados como no registrados, que subieron un 115%. En estas magnitudes de la dinámica del mercado de trabajo, el impacto de la inflación, la dificultad del poder adquisitivo del esquema de protección y los ingresos no laborales se explica este incremento de la pobreza en particular.

–¿Qué proyecciones tienen para el corto y el mediano plazo?

–Hicimos simulaciones y, teniendo en cuenta algunos intervalos de confianza, estamos previendo que la pobreza para el conjunto de la población que se está moviendo entre 45% y 47% en 2024, con lo cual la pobreza en niñez se acerca a 70%. En términos absolutos hablamos de 8,3 millones de chicos. Y en los próximos meses, aun con una inflación que va a estar bajando, la pobreza extrema puede llegar a 35%. Es decir, la mitad de la pobreza en la niñez va a estar explicada por la pobreza extrema.

–¿Qué análisis hace respecto del enfoque macroeconómico del Gobierno?

–En lógica macroeconómica, uno esperaría y también hay consenso, habrá un rebote, no necesariamente en 2024, que podría ir generando niveles más reducidos de pobreza, teniendo en cuenta la sensibilidad de la pobreza a los cambios en el PBI: por cada punto de incremento del producto, hay casi 1,4 de reducción de pobreza, y un punto de pobreza son 130.000 chicos. Con respecto al presupuesto, efectivamente tenemos una restricción. Hay un presupuesto prorrogado que no consideró la dinámica inflacionaria que estamos teniendo en 2024, y el primer análisis que hicimos, hacia febrero, nos da una reducción muy significativa en lo transversal a la niñez, que contempla el gasto específico directo en ese segmento, como la AUH, becas escolares o programas nutricionales. Es una caída en torno a 75 puntos. Recientemente, el decreto 280 amplió el gasto con incrementos a las prestaciones que están en torno al 35%, y es uno de otros más que van a ir ocurriendo. Se va corrigiendo la nominalidad, pero en términos reales, la pérdida en el presupuesto asignado para el año sigue siendo del 60%. Y se van a necesitar otras ampliaciones para las prestaciones básicas de protección de ingresos, la tarjeta Alimentar y demás.

–Suponiendo que ese esquema se mantiene, ¿alcanza?

–No. Uno tiene el consenso y plena conciencia de la necesidad de la reducción del déficit fiscal, y me parece que con eso no hay mucho debate. Lo que pasa es que hasta que haya otras condiciones, los mecanismos de protección de ingresos son centrales. Hay mucha evidencia en la literatura de que no solo generan un piso de protección, sino que, además, tienen retornos a futuro en términos de educación, salud e ingresos laborales. Y es un mecanismo de romper con la transmisión intergeneracional de la pobreza. Pero, ¿cuál es el problema que tenemos? En 2016 la AUH cubría el 65% de la canasta básica alimentaria. Hoy, después de la duplicación del monto en diciembre y del último incremento por movilidad, está en torno al 40%. Entonces, planteamos que se ponga en agenda la necesidad de incrementar las prestaciones a través del presupuesto y de una revisión de los mecanismos de movilidad. Hay muchas más herramientas, no digo para erradicar la indigencia, pero sí para reducirla consistentemente. Solamente un dato. Hicimos un análisis contrafáctico, y hoy tendrías una tasa de indigencia casi diez puntos más alta si no tuvieras la AUH, con lo cual el impacto sobre este grupo poblacional, que es el que está con mayores dificultades, es significativo.

–¿Cuál es el efecto de mediano y largo plazo de las prestaciones?

–Resulta clave. Hay estudios muy recientes, no solo aplicados en la Argentina, que miden estos retornos. Hoy tenemos el mismo PBI per cápita medido en valores constantes que en 2007, y hace 11 años que la economía está estancada y le cuesta generar un patrón de crecimiento sostenido, con lo cual reforzar estos mecanismos es la mejor manera de tener una sociedad mucho más cohesionada, acompañado por otras políticas, porque no solo es un tema de ingresos, sino que también es un tema vinculado a la necesidad de continuar invirtiendo en vivienda, en saneamiento, de hacer que los hogares tengan agua segura, un baño en la casa, y que no estén en zonas que se inunden o cercanas a un basural. Es decir, parte de esto tiene que ver con los ingresos, pero también hay que reducir la pobreza vinculada a otro tipo de privaciones. Hoy hay un núcleo de población de aproximadamente el 30% de los chicos y chicas del país que tiene privaciones por ingresos y por acceso a derechos básicos. Y esto requiere inversiones y también se asocia a presupuesto. Que la reducción de los desequilibrios fiscales es relevante para que el país crezca, está claro, pero atender a estos grupos poblacionales que hoy están en una condición de mayor vulnerabilidad también lo es, y debería estar en la agenda de las políticas públicas.

–Es un tema sobre el cual hasta el FMI le advierte al Gobierno…

–Sí. Los organismos internacionales, como el FMI, están poniendo en la agenda la necesidad de que las políticas vayan en el buen sentido, y de que hay que priorizar a los sectores en mayor vulnerabilidad. Y ellos mencionan particularmente los esquemas de seguridad social, como las asignaciones contributivas, la AUH y por embarazo, la prestación Alimentar y, adicionalmente, todo el esquema previsional que también está en debate.

–¿Cómo impacta la dinámica del mercado laboral sobre la pobreza? ¿Qué brechas existen?

–Mencionamos la idea de que con trabajo ya no alcanza. Los grupos de hogares con chicos y chicas donde un papá, una mamá o un referente del hogar tenía un empleo asalariado formal, la tasa de pobreza en ese grupo no superaba antes el 20%, incluso más atrás era más bajo. Hoy está en torno al 36% y va en aumento, y ni hablar de los hogares en los que nadie tiene una relación asalariada formal; allí la pobreza infantil trepa al 75%. Entonces, poder generar una dinámica de empleo que no solo esté mirando obviamente el tema salarial, sino también las condiciones laborales y demás, resulta clave para tener una reducción consistente de la pobreza en el tiempo. De hecho, estamos viendo un fenómeno que antes era casi inexistente: hoy casi un 4% de los hogares donde los referentes tienen un empleo asalariado formal está en la indigencia. Y esto sí se explica por dinámicas salariales que no acompañan el ritmo inflacionario. Uno estima que la reducción de la inflación va a tener alguna mejora en los indicadores; el tema es si es consistente en el tiempo.

–Desde Unicef advierten por otras brechas, vinculadas con lo educativo y otras variables. ¿Cómo es ese escenario y cómo impacta en la pobreza infantil?

–Hay dos determinantes muy fuertes de largo plazo. Uno es el clima educativo del hogar; es decir, la suma de años de educación en valores per cápita. Y cuando la suma no llega a un primario completo, los niveles de pobreza infantil superan el 80%. Y el segundo condicionante que vemos, también estructural, es dónde está localizada la vivienda. Cuando la vivienda está localizada en un barrio popular, que también se vincula con inversiones, presupuesto y acceso a bienes y servicios básicos, los niveles de pobreza aumentan significativamente. Por eso, no alcanza mirar el promedio, que es un indicador, porque eso nos hace olvidar que por detrás tenemos fuertes desigualdades entre los niveles de pobreza.

–¿Y la cuestión de género?

–Una tercera situación son los hogares monomarentales, donde efectivamente lo que uno viene observando es que se trata de mujeres con mayores dificultades para insertarse en empleos asalariados, donde usualmente la falta todavía de oferta pública de un sistema de cuidado (y no hablo de un sistema de calidad, sino de un sistema de cuidado) hace que las mujeres se enfrenten a múltiples dificultades en términos de compatibilizar y conciliar vida laboral y la personal, sobre todo si hay chicos al cuidado. Y hay un factor que agrava la situación, que tiene que ver con la cuota alimentaria. Seis de cada 10 hogares donde el papá no está presente en el hogar, no paga la cuota alimentaria. Y todas estas situaciones de barrios populares, economía informal, situación de las mujeres, requieren miradas más específicas y un poquito más de inteligencia en la política social para poder quizás segmentar respuestas y no que haya algo plano. Mirar estas situaciones nos daría mayores efectos por parte de las respuestas.

Esteban Lafuente

LA NACION

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