Sigue la disputa entre Guzmán y el Instituto Patria por las tarifas de gas

En el desarrollo de la segunda audiencia pública para definir el nuevo cuadro tarifario del gas, convocada esta vez por el Enargas (ente regulador del sector), sigue vigente el debate sobre el impacto de los subsidios a la energía en el déficit fiscal entre el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el interventor del Enargas, Federico Bernal.

El exacadémico de la Universidad de Columbia repite en cada exposición pública que uno de los pilares de la recuperación económica es la “sostenibilidad fiscal”. Utiliza ese argumento también para explicar por qué es importante que los subsidios a la energía no se incrementen y se mantengan constantes en relación al PBI, como proyectó en la ley de presupuesto 2021, “el corazón de la política económica”, según define.

“No hay nada más desestabilizante para la actividad económica que un salto devaluatorio. Para evitar un salto devaluatorio, hay que tener cierta coherencia y consistencia en el manejo de la macroeconomía. Por eso hay que tener ciertos cuidados con el déficit fiscal, con cómo se financia”, indicó anoche, en una entrevista con Carlos Pagni en el programa Odisea Argentina, luego de que se le preguntara sobre las tarifas.

Como anfitrión de la segunda audiencia pública, Bernal inauguró hoy las exposiciones con una larga presentación que hizo hincapié en el rol “constitucional, social, económico, nacional, democrático y de garantía de los derechos humanos” de las tarifas de gas. El interventor no opinó sobre cuánto debería ser el incremento de las facturas, a diferencia del informe que presentó un día antes la Secretaría de Energía (que depende del Ministerio de Economía), pero criticó que se hable del gasto fiscal que ocasionan las tarifas de los servicios públicos de luz y de gas, ya que no sucede lo mismo con el costo que implican otros “derechos esenciales”, como la salud y la educación.

“¿Por qué no se computa y critica el impacto de la salud y la educación en el PBI, auscultándolo con lupa como suele hacer, ya enfermizamente, cierto sector de la prensa argentina escrita y hablada con la energía y las tarifas de los servicios públicos? ¿Por qué no se propone, como sí con la energía y las tarifas, eliminar o reducir drásticamente los subsidios a la salud pública, a la educación pública, a la ciencia y a la tecnología?”, preguntó Bernal.

“Algo pasó en algún momento de la historia reciente, y no solo en la Argentina, sino en buena parte del mundo, que culturalmente se logró escindir a la energía y a los servicios públicos del resto de los derechos sociales y los derechos humanos”, agregó el interventor.

Las empresas distribuidoras –entre las que están Metrogas, Naturgy y Camuzzi– y las transportistas –TGN y TGS– hicieron público hoy la necesidad de incrementar sus ingresos. Si bien cada una presentó su propuesta, en general los aumentos pedidos fueron de 60% en promedio, lo que implica un incremento total menor al 20% en la factura final.

La tarifa de gas está compuesta por tres componentes: el transporte explica alrededor del 12% del precio final, mientras que la distribución impacta en el 25%. El resto de la factura está explicada por el precio del gas en sí, que pesa un 40%, y los impuestos, que significan otro 25%, aproximadamente.

La audiencia pública que se realizó ayer bajo la convocatoria de la Secretaría de Energía fue para aumentar el porcentaje del precio del insumo que pagan los usuarios residenciales y comercios, que actualmente es de entre 40 y 44% del costo total, según datos oficiales. El 60% restante lo subsidia el Estado. La cartera energética indicó ayer que, para que los subsidios no se incrementen este año, los usuarios deberían pasar a pagar por lo menos el 63% del costo del gas. Para ello, las tarifas deberían subir entre 26% y 35%.

Pero este aumento no tiene en cuenta el alza que les corresponde a las empresas de transporte y de distribución. Antes de suspender el anterior cuadro tarifario, congelado en 2019, los ingresos de las empresas distribuidoras y transportistas se actualizaba de forma semestral en base a la inflación pasada.

Tanto las distribuidoras como las transportistas dicen que les corresponde un ajuste de sus ingresos en el orden del 128%, dado el tiempo transcurrido desde la última actualización. Naturgy (ex Gas Ban), por ejemplo, dijo que si bien le corresponde el 128,16% “establecido por RTI vigente, por el período de congelamiento tarifario”, pidió un incremento del 51,05%, que implicaría una suba de la factura final promedio para el sector residencial, comercial, pymes y GNC de 14%, si no se aumentara el costo del transporte ni el del gas.

En el caso de Metrogas, la distribuidora, cuya mayoría accionaria es de YPF, hizo dos propuestas, que incluyen aumentos de 148,9% y de 58,49%, pero “deberá ser objeto de un nuevo ajuste en diciembre del corriente año”.

Camuzzi, por su parte, propuso un incremento de 50% en la tarifa de distribución de Pampeana y de un 75% en Sur (las dos divisiones que tiene). “En ambos casos, esta variación se encuentra por debajo de otros indicadores de la macroeconomía: construcción (130%), IPC (105%), salarios (89%)”, justificaron.

Por el lado de las transportistas, TGN señaló que su solicitud “tiene como fundamento principal que la prestación del servicio público de gas se viene brindando en los últimos dos años sin variación alguna de su tarifa, ello combinado con un incremento significativo de sus costos producto del proceso inflacionario (de 118%) y similar devaluación del peso registrados en dicho período”. Finalmente, TGS indicó que necesitaría un incremento de 58,6%, para que los ingresos cubran los costos y no tenga déficit.

Según fuentes del sector, la idea de Bernal es darles a las distribuidoras un incremento de alrededor del 20% y no actualizarles los ingresos a las transportistas, lo que implicaría una suba final de la factura de entre 7 y 9%.

Por Sofía Diamante

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