Tras el decreto del presidente Mauricio Macri que flexibilizó la ley de tierras para facilitar la llegada de inversores extranjeros, en el sector de las inmobiliarias rurales confían en que esa medida sea un primer paso para algo más importante: un cambio de fondo para la ley actual. Sucede que la norma, sancionada en 2011, impuso un límite de 1000 hectáreas para que un titular extranjero sea propietario en la denominada zona agrícola núcleo. Ese límite por ahora no se modificó. Expertos del mercado creen que levantar ese tope atraería más inversiones. En ese sentido, en las inmobiliarias insistirán en este punto ante el Gobierno.
