Jubilaciones por moratoria: cuántas son las que se pagan hoy y qué planes siguen vigentes

Dos de cada tres jubilaciones vigentes en el sistema previsional gestionado por la Anses fueron obtenidas tras la adhesión a una moratoria por aportes impagos. En cifras: 3.283.753 prestaciones jubilatorias sobre un total de 5.053.331, según datos oficiales de diciembre de 2020, tuvieron por detrás ese plan que implica un subsidio estatal, por tratarse de casos de personas que no registraban aportes, o que sí tenían, pero en cantidad insuficiente respecto de lo exigido por la ley para acceder al cobro de forma regular. Si se mira el total de prestaciones, incluyendo las pensiones contributivas, el índice es del 52,8%, ya que en estos últimos beneficios la incidencia de los planes es más baja (el 13,1% tiene moratoria).

Los datos, que surgen del boletín estadístico de la Secretaría de Seguridad Social, son reflejo de problemas de fondo que hay en la economía y en las políticas de la Argentina, como el de la persistencia de una muy elevada informalidad laboral y el de la ausencia de un debate de fondo sobre el sistema previsional.

De las jubilaciones dadas de alta en 2020, casi el 58% incluyó moratoria, un porcentaje similar al de los tres períodos previos. En el último año hubo un número muy reducido de nuevas jubilaciones, por efecto del cierre de las oficinas de la Anses durante unos meses -por la cuarentena decretada por el Gobierno-, y de las dificultades y demoras posteriores para acceder a turnos de atención presencial o para hacer trámites virtuales. En todo el año se habilitaron 115.196 nuevas jubilaciones, contra el promedio anual de 237.125 que hubo entre 2017 y 2019.

Antes de 2017, la tasa de participación de los casos con moratoria en el total de altas era mayor: el récord fue en 2015, cuando llegó a 88%. En 2014 se había aprobado la ley 26.970, que habilitó la declaración de deudas por aportes hasta diciembre de 2003.

Por el paso del tiempo, las posibilidades de lograr una jubilación o pensión por esta vía se va acotando. Y desde 2016 existe la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), equivalente al 80% del haber mínimo y creada por la ley 27.260, a la que se accede con 65 años de edad (tanto varones como mujeres), sin las complejidades que implica una moratoria y si se pasa un examen socioeconómico. Esta última condición se aplica también al ingreso a la moratoria, si bien en los primeros tiempos el plan era irrestricto y no contemplaba la situación económica y patrimonial de las personas, ni si ya se cobraban otras prestaciones. Tampoco hubo una estimación de costos o una planificación para definir cómo sería el financiamiento de las obligaciones que fue y que va asumiendo el Estado.

Las PUAM en curso de pago son algo más de 186.000. El 54% de las otorgadas en 2020 fueron para personas que no tenían ninguno o tenían menos de un año de aportes, en tanto que poco menos de 2% había aportado por 10 años o más, al menos según los registros del sistema (que parten de julio de 1994). Por su diseño, la prestación no diferencia montos según la cantidad de contribuciones y, si bien hoy y en función de los datos oficiales eso no es algo con impacto para muchas personas, sí resulta un tema a analizar a futuro, sobre todo si un tipo de pagos como la PUAM se consolida como reemplazo de las moratorias. Mientras que los problemas del mercado de trabajo hacen que para muchos sea dificultoso reunir 30 años de aportes, el sistema no prevé pagos proporcionales según las contribuciones hechas.

La tasa de participación de las jubilaciones con moratoria creció rápidamente. En 2005 eran el 0,26% del total; en 2010, el 55%; en 2015, el 62,3% y, en 2020, el 64,8%, siempre según datos de la Secretaría de Seguridad Social. Entre las mujeres en particular, el índice llegó al 77%.

Si bien no necesariamente se cobra el haber mínimo por un beneficio con moratoria, en la mayoría de los casos sí ocurre eso: en diciembre, el 65% del total de prestaciones (jubilaciones y pensiones) no superaba la mínima, mientras que ese índice era del 88,6% entre los beneficios con moratoria, y de 38,6% entre los que se jubilaron con al menos 30 años de aportes hechos con anterioridad.

¿Cuáles son los planes que hoy siguen vigentes? Está, por un lado, la moratoria de la ley 24.476, por la que pueden declararse aportes hasta septiembre de 1993 y siempre que se haya tenido al menos 18 años al inicio del período informado. La limitación para ingresar a ese plan va siendo mayor con el paso del tiempo. La ley 26.970, en tanto, les permite a las mujeres de 60 años o que cumplen esa edad hasta el 23 de julio de 2022, declarar deudas por períodos hasta diciembre de 2003; los varones pueden acceder si cumplieron 65 años antes del 18 de septiembre de 2016.

Ingresar a una moratoria implica declararle al fisco una deuda por aportes, para saldarla usando un plan especial, con cuotas que se descuentan de los haberes. El mecanismo implica un parche en un país con una amplia problemática laboral. Según los datos de la Encuesta Permanente de Hogares del Indec, al tercer trimestre de 2020 el 45% de los puestos de trabajo correspondían a asalariados sin aportes o a cuentapropistas, entre los cuales hay muchos informales y contribuyentes de aportes bajos, por lo que, en los hechos, están en sistemas subsidiados en lo previsional, como el del monotributo o el de servicio doméstico.

En rigor, se estima que la situación es más grave de lo que parece ser cuando se mira la estadística más reciente: la pandemia y la cuarentena hicieron que muchos informales pasaran a la inactividad (no tienen ocupación ni la buscan). Ese fenómeno se reflejó en el segundo trimestre de 2020 y, con menor fuerza, en el tercero. A medida que esas personas van volviendo al mercado laboral, los índices van mostrando un peso creciente de la informalidad.

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