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Suba de edades y de aportes: cómo es la reforma jubilatoria que empieza a regir en una provincia para aliviar el déficit
Una ley aprobada en Entre Ríos equipara de forma gradual el requisito de edad de su caja de estatales con el del sistema nacional; se cambia el cálculo del haber inicial y la movilidad y se limitan los pagos por fallecimiento; cómo está el régimen, qué pasará con los docentes y qué otras modificaciones prevé la norma, vigente desde mañana
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LA NACIONSilvia Stang
Una suba gradual, a partir de 2031, de la edad mínima para acceder a la jubilación; un incremento de las tasas de aportes y contribuciones al sistema previsional y de la cantidad de años de servicios exigidos; cambios en la fórmula de cálculo del haber inicial y en la determinación de la movilidad, y limitaciones al carácter vitalicio de las pensiones por fallecimiento son los ejes principales de la reforma previsional aprobada por la Legislatura de Entre Ríos a fines de julio.
La ley, que lleva el número 11.302 y que modifica a la 8732, se publicó hoy en el Boletín Oficial de la provincia, por lo cual y según lo establecido, rige desde mañana.
Es una norma que modifica varios aspectos del sistema que rige para el empleo público de los tres poderes de la provincia y de los municipios y comunas adheridos, y que es gestionado por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos. Se trata de uno de los regímenes previsionales provinciales que no fueron transferidos al esquema nacional de la Anses en la década del 90, cuando se promovieron esos traspasos.
Las modificaciones promovidas por el gobierno de Rogelio Frigerio buscan reducir el déficit, estimado en los últimos meses en el 30%, si se cuentan los ingresos por aportes y contribuciones y los llegados desde el Estado nacional. Por tanto, se busca disminuir la dependencia de recursos del Tesoro (en este caso, provincial). La participación de esta última fuente de recursos, de todas formas, será inevitable en los sistemas previsionales en general, a causa del avance de los cambios demográficos y de la realidad del mundo laboral.
Entre Ríos es una de las pocas provincias que recibió transferencias durante la gestión de Javier Milei, en el marco de la conflictiva y vieja cuestión de la cobertura de los desequilibrios de las cajas provinciales. Pocos días atrás se firmó un nuevo pacto, por el cual desde noviembre se transferirán a la provincia, desde la Nación, $10.000 millones durante 12 meses.
La caja entrerriana tiene 66.823 beneficios en curso de pago, con un haber promedio algo superior a los $1,7 millones, según datos oficiales. En informes hechos por el organismo previsional, se consigna que entre 2003 y 2024 el número de beneficiarios creció a un ritmo de 3,18% anual, en tanto que la cantidad de aportantes avanzó al 1,97%, y se detalla que entre 2024 y 2026 los activos caen al 1,11 % anual. La relación actual es de 1,82 aportantes por beneficiario del régimen, y se proyecta que, hacia 2036, será de entre 1,41 y 1,26. En esos y en otros datos demográficos y fiscales se basó la argumentación de la reforma jubilatoria, según explicó a LA NACION Gastón Bagnat, presidente de la Caja.
La nueva ley declara en emergencia “económica y financiera” al sistema previsional por un período de dos años, prorrogable por otros dos. Y en el marco de esa declaración dispone la vigencia de un aporte extraordinario de 3% (adicional al 16% vigente) en las remuneraciones mensuales superiores a $3 millones. También se establece una alícuota adicional de 3% a la contribución del empleador, que se reduce a 1,5% si se logra y se mantiene la condición de no ser una dependencia del Estado deficitaria.
Además, se prevé que, ante desequilibrios que “comprometan la sustentabilidad” de la caja, el gobierno provincial podrá disponer que haya aportes solidarios a cargo de jubilados y pensionados.
Suba de edades
¿Qué se modifica en cuanto a las edades para jubilarse? El régimen entrerriano prevé jubilaciones ordinarias “comunes” y “especiales”. En el caso de las comunes -por ejemplo, quienes trabajan en la administración pública general-, hoy acceden a la prestación los varones a partir de los 62 años y las mujeres a partir de los 57, con 30 años de aportes.
Esas edades se equipararán progresivamente a las del sistema nacional: 65 y 60 años, según se trate de varones o mujeres. Las condiciones actuales se mantendrán hasta fines de 2030, y en 2031 comenzará la suba gradual, que contempla que cada año y hasta el inicio de 2036, se exigirán 6 meses más de edad para jubilarse. Por ejemplo, desde enero de 2031 se requerirán 57 años y 6 meses a las mujeres y 62 años y 6 meses a los varones, en tanto que al iniciarse 2032 esas edades serán de 58 y 63 años.
La ley incluye una cláusula por la cual, si en el sistema nacional se modifican las edades de jubilación, el cambio se replicará en el régimen provincial.
Además, a partir de 2031 se elevará el requisito de años de aportes, a razón de un año cada dos. En 2031 se exigirán 31 años de aportes; en 2033, 32 años, y así hasta los 35 años en 2039.
Eso regirá, como se consignó, para la “jubilación ordinaria común”. El sistema mantendrá la “jubilación ordinaria especial” para quienes desarrollan determinadas tareas (se eliminaron algunas del listado), como la docencia, la atención de pacientes con problemas de salud mental, o el trabajo en el servicio penitenciario. En esos casos, las edades para jubilarse son más bajas y lo seguirán siendo.
En la docencia, por ejemplo, el requisito es de 57 o 53 años, según se sea varón o mujer, si hubo más de 10 años al frente de un aula, o de 54 o 52 años (varón o mujer) con 25 años de servicios al frente directo de alumnos.
Sin embargo, según destacó Bagnat, una cuestión no menor es que quienes accedan a esos beneficios a partir de enero de 2028 deberán hacer aportes especiales a la caja durante el período en el que tengan una edad inferior a la que rija como requisito para la jubilación común (con algunos casos exceptuados).
Ese descuento del haber será de un porcentaje que irá bajando hasta llegar a 0 al cumplirse la edad general. Para establecerlo, el período que falte para que se cumpla la edad de la jubilación común se dividirá por cuatro, para establecer cuatro etapas. En la primera, el descuento será de 19%; en la segunda, de 17%; en la tercera, de 12%, y en la cuarta, de 6%. Más allá de ese aporte especial, que no alcanzará a todos, rige de manera generalizada un descuento de 3%, hasta cumplirse la edad del régimen común, que fue dispuesto en 2024.
Cuánto se cobrará
El haber inicial de la jubilación equivaldrá al 82% del promedio actualizado de las últimas 180 remuneraciones sujetas a aportes (será un período de 15 años, mientras que hasta ahora era de 10 años). Esto, según las proyecciones, reducirá la tasa de sustitución efectiva, es decir, el porcentaje que representa la jubilación respecto del último sueldo.
La movilidad de las prestaciones, en tanto, se regirá en función de los aumentos salariales otorgados al grupo de empleados públicos con mayor cantidad de aportantes. Ya no se diferenciarán los porcentajes de aumentos según la actividad que se haya desarrollado. Según Bagnat, eso evitará subas que estén determinadas por realidades ajenas a lo que ocurre en la jurisdicción, como las definidas a partir de los acuerdos paritarios nacionales de bancarios, algo que rigió hasta ahora para quienes trabajaron en su momento en el banco de la provincia, privatizado más de dos décadas atrás.
Pensiones limitadas
Otra particularidad de la reforma es la limitación temporal para cobrar pensiones por fallecimiento, en el caso de viudas y viudos de beneficiarios del sistema. La prestación se percibirá por un período equivalente a la duración del matrimonio o la unión convivencial (y en este último caso, habrá un máximo de 8 años). De todas formas, se dispone que en algunos casos la pensión sí seguirá siendo vitalicia; por ejemplo si el beneficiario tiene más de 55 años y no cobra otro beneficio, o si la muerte se produjo en el desempeño de las funciones.
Por otra parte, se elimina el derecho a compensar el exceso de años aportados con la falta de edad (para obtener una jubilación más temprana); se sube de 68 a 70 años la edad para una jubilación por edad avanzada, para la cual se requieren 20 años de aportes, y se ajustan los requisitos para los beneficios por invalidez. Estas dos prestaciones (edad avanzada e invalidez) serán equivalentes al 70% de la remuneración actualizada promedio de las últimas 180 remuneraciones. Hasta ahora, eran equivalentes a la jubilación ordinaria, por lo que la medida implica una reducción de los beneficios futuros.
