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Un fallo de la jueza Preska acerca el cierre del juicio por YPF y la caída del reclamo por US$16.000 millones
A través de un nuevo trámite administrativo, quedaría cerrado formalmente el expediente en primera instancia en Nueva York en favor del Estado argentino, en el caso por la expropiación de la petrolera
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LA NACION
La jueza federal norteamericana Loretta Preska habría concluido su intervención en el juicio por la estatización de YPF con una resolución que deja sin efecto su propia sentencia emitida en 2023 a favor de los demandantes: de esta forma quedaría cerrado formalmente el expediente en primera instancia en Nueva York. La magistrada habría acatado el fallo de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito que en marzo revocó la condena contra la Argentina por más de US$16.000 millones.
De ahora en adelante, la Corte Suprema de Estados Unidos (Scotus, por sus siglas en inglés) deberá determinar si asume el caso tras el recurso presentado por el fondo Burford Capital -que litiga en representación de los derechos de las empresas Petersen Energía, Petersen Inversora y la firma Eton Park-, para que se revise el fallo.
Pese a que se trataría de un significativo avance, el decreto que lleva la firma de la magistrada estadounidense no representaría el punto final del ida y vuelta judicial. El amended final judgement -o sentencia definitiva modificada-, acata la resolución dictada por el Tribunal Superior y, a partir de esta maniobra de Preska, incorpora el resultado al expediente de primera instancia y oficializa su clausura en ese juzgado.
Si bien el anhelo de los demandantes era dilatar esa decisión a la espera de la revisión de la Scotus, la jueza nombrada en 1992 por el presidente George H. W. Bush, habría denegado mantener con vida esa posibilidad.
Previo al dictamen de este lunes, Preska estuvo al frente del expediente cerca de diez años. La causa se había iniciado con una demanda en 2015 por parte del fondo Burford Capital. Dos años más tarde, la jueza neoyorquina ganó protagonismo tras el fallecimiento de Thomas Griesa, primer magistrado del juicio por YPF.
Quien también se hizo eco del fallo de la jueza neoyorquina fue Sebastián Soler. En su cuenta personal de la red social X, el exsubprocurador del Tesoro de la Nación, escribió: “Acatando el fallo a favor de Argentina de la Court of Appeals de NY, la jueza Preska “ORDENA, JUZGA y DECRETA” que su sentencia a favor de los demandantes de 2015 queda sin efecto. Con esas palabras rituales, Preska da por terminado el caso YPF en Nueva York y su rol en el mismo".
En el mismo tuit y sobre la actuación de la magistrada, el exfuncionario remarcó: “La orden de Preska desestima el último intento de los demandantes de diferir el cierre del caso en Estados Unidos, un resultado que sólo podría revertir una improbable decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de revocar la decisión de la Court of Appeals”.
La causa YPF se originó en 2012 cuando la expresidenta Cristina Fernández impulsó la expropiación del 51% de las acciones de la petrolera que para aquel entonces pertenecían al grupo español Repsol. El núcleo del conflicto legal posterior radicó en que el Gobierno omitió el estatuto de la compañía, el cual obligaba a cualquier comprador que tomara el control de la firma a lanzar una Oferta Pública de Adquisición (OPA) al resto de los accionistas minoritarios.
Más tarde, el Estado nacional tomó las acciones de Repsol, con Axel Kicillof -por entonces viceministro de Economía- argumentando la soberanía hidrocarburífera del país. Una vez con YPF bajo control estatal, se prohibió el giro y reparto de dividendos. Esto asfixió financieramente a los accionistas minoritarios locales del Grupo Petersen - representado por la familia Eskenazi, que poseía el 25% y pagaba los créditos de su compra con esos dividendos-, llevándolos a la quiebra en España.
A diferencia de los otros damnificados, en 2014 Repsol cerró un acuerdo con la Argentina a través de una indemnización dotada de US$5.000 millones en bonos soberanos. A partir de 2015 se daría el inicio de un nuevo frente de batalla con los popularmente conocidos “fondos buitre”. En abril de ese mismo año, Buford Capital demandó al Estado argentino ante los Tribunales del Distrito Sur de Nueva York, basando su reclamo en el incumplimiento del estatuto corporativo que protegía a los actores minoritarios en la Bolsa de Wall Street
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