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Un grupo de jubilados de la Anses recibirá montos adicionales a sus haberes, a partir del aumento del salario mínimo
Por una cláusula de una ley de 2017, hay casos en que los ingresos mensuales no pueden ser inferiores al 82% de ese sueldo de referencia; en este mes deberá haber un complemento de hasta $15.571, que alcanzará, con limitaciones, a quienes tienen un ingreso de hasta $86.510; qué pasará en agosto y septiembre
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LA NACIONSilvia Stang
Un grupo de jubilados (aproximadamente, 1,4 millones) recibirá montos adicionales a sus haberes como consecuencia del incremento que se le aplicará al salario mínimo, vital y móvil. Los extras serán de hasta $15.571,76 por los ingresos correspondientes al actual mes de julio, y de hasta $21.311,76 por los de agosto. Y deberán ser cobrados por quienes tengan haberes brutos de hasta $86.510 y de $92.250 respectivamente (es decir, en julio y en agosto).
El pago de esos adicionales para los jubilados del sistema que gestiona la Anses ocurrirá por la vigencia de la ley 27.426, aprobada en diciembre de 2017, que establece una garantía por la cual los haberes no pueden ubicarse por debajo del 82% del salario, mínimo. La garantía excluye, en rigor, a la mayoría de quienes cobran los ingresos más bajos del sistema, porque el requisito es haberse jubilado con 30 años de aportes efectivamente hechos durante la vida laboral. Según datos de la Secretaría de Seguridad Social, del total de prestaciones pagadas por el sistema general de la Anses cuyo monto equivale al haber mínimo, hoy de $70.938, el 80% fue obtenido por la vía de moratorias, es decir, por quienes no tenían suficientes contribuciones para acceder a la prestación.
Según anunció ayer el Ministerio de Trabajo, el Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil determinó un camino de incrementos que llevará la variable de los $87.987 vigentes en junio a $105.500 en julio (una suba de casi 20%), a $112.500 en agosto y a $118.000 en septiembre.
Según la ley antes mencionada, ningún haber jubilatorio al que se accedió con al menos 30 años de aportes puede estar por debajo del monto equivalente al 82% de ese salario básico de referencia. Por lo tanto, las actualizaciones anunciadas para el mundo del trabajo, en respuesta a la realidad de una inflación que llegó al 115,6% anual, lleva a las siguientes situaciones:
*En julio (mes actual) el salario mínimo, vital y móvil es de $105.500. El 82% de esa cifra es $86.510 y, por tanto, los jubilados y pensionados cuyos haberes mensuales sean inferiores recibirán un plus para completar ese importe. Los bonos o refuerzos no integran el haber propiamente dicho y, por lo tanto, no se cuentan para definir si corresponde o no la garantía legal del 82%. Entonces, quienes cobran la jubilación mínima tendrán un complemento de $15.571,76. Y, por ejemplo, quien tenga un haber mensual de $81.000, recibirá un extra de $5510. Como las prestaciones ya están en curso de pago, se entiende que habrá una nueva liquidación con los adicionales, que podrían percibirse el mes próximo.
*En agosto el salario mínimo subirá a $112.500 y el 82% resulta ser $92.250. Entonces, el adicional por la cláusula de garantía será, como máximo (es decir, en el caso de quienes cobran el haber básico), de $21.311,76. Para una prestación de, por ejemplo, $90.500, habrá un plus de $1750.
*En septiembre se concretará un incremento que hará que el salario mínimo quede en $118.000, con lo cual el ingreso garantizado será de $96.760. Pero ese mes habrá un nuevo reajuste de los haberes jubilatorios, según el resultado de la fórmula de movilidad. Como todavía no se conoce cómo quedarán los ingresos tras la recomposición, no es posible saber cuál será el complemento (sí es altamente probable que se aplique, porque difícilmente el haber mínimo ya cumpla, por sí mismo, con la garantía legal).
La garantía del haber mínimo vinculada con el salario más bajo para los trabajadores en actividad está vigente desde 2018. En 2010, el Congreso había aprobado una ley para garantizar, de manera similar a lo que rige hoy, que los haberes no fueran inferiores al 82% del salario mínimo; pero la entonces presidenta Cristina Kirchner la vetó inmediatamente.
