Un problema irresuelto desde hace dos décadas que también interpela a la oposición

Cada tanto, algún gobierno kirchnerista toma la misma decisión: anuncia y, a veces concreta, la intervención directa o indirecta en una distribuidora de gas o electricidad por mala prestación. Edesur, por ejemplo, tiene ya una veedora, la ingeniera Silvia Carmen Merzi, facultada desde enero del año pasado para acceder a datos y operaciones de la empresa. Llegó en su momento por 30 días, pero sigue ahí.

En 2012, también por cortes y por iniciativa de Julio De Vido, se había designado en ese lugar a otro ingeniero, Luis Barletta. Metrogas lo vivió en 2010 y después fue adquirida por YPF. Tres años antes, Guillermo Moreno había ordenado desplazar al CEO de la empresa, Roberto Brandt.

El trasfondo de todo es un problema irresuelto desde la devaluación de Duhalde: la Argentina tiene tarifas de energía que no alcanzan para pagar lo que cuesta producirla y eso atenta contra la calidad de los servicios. Hasta 2002 el sistema, privatizado en 1992, no sólo estaba equilibrado, sino que había llegado a ser considerado modelo en el mundo. Menem, que venía de los apagones de Alfonsín, consiguió que durante esos años llegaran al país unos 16.800 millones de dólares de inversión y eso provocó un shock positivo de oferta. Los cortes no sólo bajaron entonces de 21 a 5 horas promedio por usuario, sino que no hubo impacto en las facturas de los clientes. Al revés: una familia tipo que pagaba en septiembre de 1992 por la luz 35 pesos sin impuestos pasó a pagar 28 pesos en 2002.

¿Tenían entonces las empresas eléctricas accionistas más capacitados o de almas más nobles que los actuales? Las sucesivas prórrogas de la emergencia económica desde 2002 obligan más bien a mirar al sector público: fue el Estado el que, con el argumento de que debía resguardar el poder adquisitivo de los trabajadores, fracasó en el sendero de regreso a la normalidad. Se postergaron los aumentos tarifarios, se crearon fideicomisos y subsidios, y el embrollo cobró tal magnitud que ya no afecta sólo a la energía, sino a la economía en general: el gasto energético, el segundo en importancia después del social, obliga al Banco Central a emitir para cubrir el agujero y se convirtió, así, en una de las grandes causas de la inflación. “Populismo energético”, lo llamó en su momento el analista Daniel Montamat.

Esta no es la primera vez que Edesur falla en el suministro.

Los cortes, que empezaron el viernes pasado con 180.000 usuarios por falta de generación y desencadenaron la reacción del Gobierno, llegaron en alguna oportunidad a afectar al millón de clientes. Es cierto que la empresa viene acumulando desde hace tiempo una serie de dificultades, algunas de las cuales son inherentes a la naturaleza de su concesión. Atiende, por ejemplo, las tres cuartas partes del servicio eléctrico de la Capital Federal, un área que tiene la mayoría de los cables bajo tierra y, por lo tanto, tiempos de reparación más extensos. Y también que acaba de entrar en proceso de venta de activos, algo que lleva al Gobierno a endilgarle escasos incentivos para invertir. Francesco Starace, CEO de la italiana ENEL, grupo controlante de la distribuidora, dijo este año en un seminario en Harvard que la Argentina tenía la regulación “más bizarra del mundo”.

Pero la crisis no parece distinta de otras. Tal vez tenga que ver el contexto en que sobreviene: en medio de un proceso de venta, durante un año electoral y con el ministro del área, Sergio Massa, discutiendo internamente su condición de candidato.

Presiones políticas

“No nos va a temblar el pulso si eso implica tener que terminar el contrato de concesión del servicio de distribución eléctrica a cargo de la empresa Edesur”, publicó el domingo en Twitter la secretaria de Energía, Flavia Royón. En el sector privado desconfían de todo. De las reales intenciones y de que finalmente se concrete. Ya en otros años, durante peores momentos, hubo amagos similares. Guido Lorenzino, defensor del Pueblo Bonaerense, funcionario cercano a Martín Insaurralde, encabezó el año pasado con un grupo de intendentes los pedidos de quita de concesión. E Insaurralde acaba de retomar la idea: “Creemos que llegó la hora de tomar cartas en el asunto”, dijo ahora, y propone que los municipios formen un consorcio para comprar la empresa.

De todos modos, la fórmula pensada inicialmente por Massa, según los trascendidos del informe que envió a la Casa Rosada, era bastante extraña: “Intervención sin afectación de capital”. ¿Qué significa exactamente? ¿No es lo que viene haciendo el Gobierno a través de su veedora? Finalmente, la fórmula elegida es una multa millonaria y más presión a través de un grupo más amplio de veedores.¿No habría que pensar en algo más, tal vez relacionado con el proceso de venta de la distribuidora? No hay dudas de que habrá interesados.

Por ahora, la industria eléctrica da por sentado que Central Puerto, la generadora más grande del país y dueña del 49% de Edesur, pretende adquirir el resto haciendo uso de la cláusula de first refusal, que le da prioridad si iguala cualquier oferta.

En el sector no tienen claro qué propone el Gobierno. Pero agregan que es difícil que alguien quiera hacerse cargo de la empresa en las condiciones actuales, incluso sabiendo que el precio puede ser barato en términos absolutos y que la situación del país obliga a una recomposición tarifaria.

Por eso el caso Edesur interpela también al próximo gobierno. A la oposición, por lo pronto. ¿Qué líder estará en condiciones de instrumentar un programa de recomposición de tarifas en términos reales en esta situación cambiaria y de caída en el salario? La política energética, uno de los pocos ámbitos en que la administración de Macri pudo mostrar resultados positivos, es considerada todavía internamente en Juntos por el Cambio como uno de los errores que condujeron a la derrota de 2019. Los petroleros suelen decir que para invertir en la Argentina no sólo se necesita capital, sino también coraje.