Un regreso más: la vuelta de los fondos de inversión

"Hay una percepción en el mercado de que estás iniciando un ciclo virtuoso. Hoy fue un día clave. Hay que apuntalarlo. Creo que en las reuniones de octubre en el Banco Mundial sería crítico que anuncies ante grupos privados de inversores sofisticados tu plan financiero 2010. Si para entonces esto sigue para arriba estarás a un paso de consumar un canje y salir al mercado."

El e-mail del importante abogado que actualmente reside en Wall Street entró a las 0.37 del martes 4 de agosto de 2009 en la dirección de correo electrónico privada del ministro de Economía, Amado Boudou. Había sido un día de fiesta para las plazas financieras con un ojo en la Argentina: el Gobierno había cumplido con un pago del Boden 2012 por US$ 2251 millones y había invitado a los bancos, luego de una reunión entre Boudou y Jorge Brito, a formar parte de un grupo de actores privados para auditar al Indec. Esa congregación nunca funcionó.

"Tener los papeles lleva 3 a 4 meses. Una vez que estemos listos podrás decidir si se hace o no un canje", agregó el abogado con estrechos lazos con tradicionales operadores del justicialismo y bancos de inversión, importante experiencia local en reestructuraciones de deudas provinciales y en cuyo estudio trabajaba Pablo Bossio, hermano del titular de la Anses.

El correo electrónico forma parte de uno de los anexos de la denuncia penal contra Boudou, Diego Bossio (Anses) y el entonces secretario de Finanzas y hoy ministro, Hernán Lorenzino, que el diputado Claudio Lozano elevó a la Justicia. Semanas atrás, el caso cayó en manos del juez Norberto Oyarbide. La propuesta de parte de los actores privados, según confirmaron tres fuentes a LA NACION, llegó primero al entonces jefe de Gabinete, Sergio Massa.

Tras su renuncia, el tema terminó en su delfín –Amado Boudou–. Logró más tarde el necesario respaldo del banco de inversión Barclays. Un año después del e-mail, ya sumados el Citi y Deutsche Bank al proceso, el canje se cerró, pero no para siempre.

Lozano denuncia que ese correo –a los que suma varios otros con consejos al ministro, arreglos de mitines y otros indicios que surgen de la evolución misma de los hechos– es un ejemplo del "tráfico de influencia" e "información privilegiada" del que abusaron funcionarios públicos. Para el diputado son claros delitos. Banqueros, abogados y funcionarios cuentan que se trata, en cambio, del lobby diario del poder económico para acceder a negocios millonarios a través de vínculos subterráneos con la política. Y esas relaciones afloran, dicen, cuando las operaciones finalmente se concretan, como en la actualidad.

Como ocurrió en los 90 con el grupo Exxel, fondos de inversión –representados por banqueros y con poderosos estudios de abogados detrás– volvieron a posar estos días sus ojos en la Argentina. Con visión a largo plazo y ante un clima –que proyectan– diferente, los fondos Gramercy y Fintech ampliaron sus negocios con el país y se vuelven como nunca un espejo para el poder político y económico.

En el mundo existen diferentes tipos de fondos de inversión, aunque la clasificación es sólo para puristas. Aparecen los más líquidos, que compran acciones de empresas, bonos y otros títulos (allí están los fondos comunes de inversión, los hedge funds y los offshore) para especular a corto plazo; luego están los fondos de private equity –ilíquidos– y orientados a la adquisición de empresas y, finalmente, los fondos distress (divididos entre pasivos y agresivos), que buscan negocios en las reestructuraciones de deudas corporativas y soberanas.

Gramercy y Fintech están entre estos dos últimos tipos. En rigor, todos los fondos hacen lo mismo: buscan dinero de inversores a los que les ofrecen altos rendimientos y luego adquieren activos baratos para luego venderlos más caros.

Gramercy, según indicaron cerca del fondo, maneja actualmente alrededor de US$ 4000 millones, de los que 60% son activos provenientes de América latina. Se trata de uno de los fondos que ingresó en el canje en 2010, luego de comprar millones de dólares en bonos a bajo precio para luego canjearlos. Su fundador y actual CEO, Robert Koenigsberger, es un experto en crisis de deuda en la región.

A mediados de 2012, Gramercy contrató a los negociadores –financistas– que impulsaron el cuestionado canje 2010 desde el Barclays. El año pasado el banco desmanteló sus oficinas en la región. Ese mismo equipo ya había participado del primer canje en 2005 y mantiene estrechas relaciones con Lorenzino, incluso desde tiempos de reestructuraciones de bonos en la provincia de Buenos Aires. LA NACION consultó al Ministerio de Economía, pero no obtuvo respuesta.

El contexto en el que Gramercy aparece no es caprichoso. Como en aquel agosto de 2009, vuelven a estar presentes las posibilidades de mejorar el clima con el mundo. Claro que esta vez, es la crisis de tipo de cambio y la fuga de dólares lo que empuja a Cristina Kirchner a la necesidad de emitir deuda a tasas razonables. A ese marco se le suma la casi segura derrota de la Argentina en la justicia de los Estados Unidos, causa que tuvo a Gramercy de fuerte aliado oficial.

Desde que asumió, Lorenzino buscó una solución para el aislamiento internacional. Entendió que éste es el momento de jugar sus cartas. Así el ministro fogonea la llamada "Gramercy solution", que –según varias fuentes cercanas a la negociación–, aún no está cerrada ni tiene el aval definitivo de la Presidenta, que si bien teme un default técnico es reacia a negociar con este tipo de fondos.

Hoy, la deuda argentina en default (7% de los acreedores) es de US$ 6000 millones en capital. Si se suman los intereses caídos, llega a US$ 20.000 millones. La propuesta de Gramercy implica que el Gobierno emita títulos similares a los del canje 2010, y que los que entraron al canje (el 93% de los bonistas) acepten una quita –parte no estipulada de los intereses que cobrarán en los próximos cinco años– que irá a parar a un fideicomiso y que servirá de "bonus" para los holdouts.

Según Gramercy, logrado un tercer canje mejoraría la performance de todos los papeles de deuda. Lo más atractivo para el Gobierno, no obstante, es que la solución implica sólo un acuerdo entre privados. Un círculo virtuoso con bajo costo político para el relato kirchnerista. En el fondo estiman que podrían lograr avanzar el acuerdo de los acreedores antes de fin de año y, con suerte, la ejecución del canje para fines del primer trimestre del año que viene.

Para los ex secretarios de Finanzas, Daniel Marx y Guillermo Nielsen, la propuesta tiene algunos desafíos difíciles de superar. "Se va a necesitar 85% del total de los acreedores o 75% de los tenedores de cada serie para obligar a los demás a entrar por la cláusula de acción colectiva. Será muy difícil de convencer a quienes ya aceptaron una quita para que vuelvan a aceptar otra", explica Marx. Nielsen coincide con el tema de la masa crítica, pero estima que el principal obstáculo tiene que ver con las cláusulas de compliance –normas regulatorias– que rigen los fondos de inversión. "Después de 2008 y la caída de Lehman Brothers, el reticulado regulatorio es muy fuerte y paraliza estas iniciativas."

Todos los consultados por este medio coinciden en que el agresivo fondo NML Capital, que ya envió emisarios al Gobierno, sería fácil de convencer, ya que, a pesar de tener el aval de la justicia estadounidense, teme que un default técnico argentino lo deje directamente sin la posibilidad de cobrar nada.

La solución tiene sus antecedentes. El fondo de Koenigsberger logró privatizarle sentencias negativas en el Ciadi al Gobierno por US$ 500 millones. Gramercy negoció los laudos finales de tres empresas (Vivendi, Continental Casualty Company y National Grid). Se sumaron otras dos firmas Azurix y Blue Ridge que fueron acercadas por otros actores: Merrill Lynch y Deutsche Bank.

"Teníamos que hacerles entender a esas empresas que iban a cobrar con descuento, que no te van a dar cash, sino bonos, y que tienen que sacar el pie del acelerador de todas las iniciativas en las que buscan poner obstáculos a la Argentina", contó alguien que participó de la negociación y que jura que la forma de pago fue lo que se conoce en Wall Street como "two and twenty" (un 2% por el valor total del activo más un fee de gestión por las ganancias de un 20%). Según supo LA NACION, Gramercy ya tiene los mandatos de varias empresas más con juicios contra la Argentina ante el Ciadi, pero que todavía no tienen el laudo final.

Existe otra propuesta impulsada por el Estudio Garrido y el abogado Eugenio Bruno, por ahora sin aval oficial, que implica la emisión de bonos nuevos con una mejora para los holdouts –en términos que se están definiendo– y que, a su vez, le da la opción al mercado de que ingrese dinero fresco para proyectos energéticos.

"En la Argentina vendía que tenía llegada a Néstor [Kirchner] y a Clarín", dice un abogado de Wall Street que pidió anonimato para describir a David Martínez Guzmán, cara visible de Fintech, que –a diferencia de Gramercy– es un fondo cerrado (no acepta inversores externos). Cerca de Fintech, dicen que el dinero que maneja es de su familia.

El accionar de Fintech está en el ADN de sus miembros. "El ex presidente del fondo Julio Herrera estaba tan caliente con su vecino que le compró la deuda de su casa y después lo ejecutó", contó un banquero para describirlos. En la Argentina, el brazo ejecutor de Martínez es el ex JP Morgan Sebastián Sánchez Sarmiento, su hombre en Cablevisión y ex director en Autopistas del Sol.

"Soy un comprador de activos subvaluados", se definió Martínez alguna vez ante un importante funcionario que lo conoció en Medio Oriente. "Hoy está viendo un país sin Moreno, Kicillof ni Marcó del Pont", asegura este ex funcionario para completar la explicación sobre la flamante compra de Telecom, en la que el mexicano ya tenía importantes posiciones accionarias.

El jueves pasado, Telecom Italia y Fintech anunciaron que el fondo se quedaría con el control de la telefónica por US$ 960 millones. "David ya estaba dentro de Telecom desde 2005. Vio la crisis en la firma italiana y como la empresa tenía que desinvertir por temas de monopolio en la Argentina y Brasil, la compró barata", cuentan cerca del mexicano a LA NACION. La Secretaría de Comunicaciones aún no aprobó la operación, sello que tardaría unos seis meses en llegar.

"Fintech se quedó con dos tercios de Sofora, controlante de Telecom. El otro tercio es de la familia Werthein, con los que David tiene buena relación", estima la fuente. Los nuevos socios de Martínez otorgaron un waiver –renunciaron a derechos adquiridos–, ya que tenían un derecho de preferencia para ofertar a Telecom Italia por la filial local. Según supo LA NACION, la idea de Martínez es desarrollar Telecom –agregarle valor–. Pretende presentar un plan de inversiones que le permita traer el 4G a la Argentina y mejorar "la baja calidad del servicio". Pero para eso, dicen cerca de Fintech, tiene la necesidad de aumentar el espectro radioeléctrico que tiene la firma, hoy cerca del tope permitido por la regulación, y para eso necesita que el Estado licite nuevo espectro.

De perfil bajo pero "brillante y osado para los negocios", Martínez es un conocedor del país. Según la revista Expansión, a través de Fintech Advisory, fondo que creó en 1987 con un préstamo de su abuela, en 1994 compró deuda argentina por US$ 834 millones. Martínez participó además de los canjes de 2005 –por el que perdió dinero–, pero también de 2010 –"Se compró todos los bonos Samurai", apunta un banquero–. Según Marx, entre 2004 y 2006 compró bonos con un valor nominal de US$ 700 millones a sólo 100 millones de dólares.

Martínez es hoy un fuerte aliado del Gobierno en la justicia estadounidense y, principalmente, frente a Paul Singer, número uno de NLM Capital, a quien aborrece tras haber perdido un multimillonario juicio por una empresa mexicana.

Nacido en Monterrey, recibido de ingeniero y con un MBA en Harvard Business School, en su juventud trabajó en el departamento de Mercados Emergentes del Citi bajo las órdenes del banquero Bill Rhodes. "Es el Costantini de la Gran Manzana", lo describió un ex funcionario. El mexicano compró en 2003 un dúplex en el Time Warner por US$ 42 millones, según The New York Times.

Hoy gestiona US$ 4500 millones como cabeza de Fintech. En el país, el fondo participó de las reestructuraciones de Autopistas del Sol, Cablevisión, Multicanal, Metrogas, Transener, Ciesa y Edenor. En varios casos, tomó posiciones y se quedó con parte de esas empresas. Según versiones, el mexicano piensa en ampliar sus negocios energéticos en el país.

En 2006, cuando entre el Gobierno y Clarín había sintonía fina, Néstor Kirchner recibió a Martínez en el consulado argentino en Nueva York. Según contó una fuente que participó del encuentro al que describió como "protocolar", quien arregló la reunión –a través de gestiones del ministro de Planificación, Julio De Vido– fue el banquero Jorge Brito, dueño de Banco Macro. Cinco días después, Martínez se quedó con el 40% de Cablevisión. Tras su entrada a Telecom, ese paquete accionario violaría la ley de medios audiovisuales.

Incluso, a días del famoso 7-D fogoneado por el Gobierno, Martínez se vio forzado a presentar a las apuradas un esbozo de propuesta de adecuación para su porción de Cablevisión. "Estaba presionado por el kirchnerismo", dicen cerca del grupo de medios. "Hace tiempo que no venía al país porque tenía miedo de no poder salir", cuenta un ex funcionario que lo conoce bastante.

Martínez hace equilibrio. Necesita de la buena sintonía con el Gobierno para hacer avanzar el proyecto Telecom. Sin embargo, los conspiradores de siempre se atreven a insinuar que el esbozo de propuesta de adecuación que presentó Martínez es marcadamente similar a la que presentó luego el Grupo Clarín. Ironías del destino: Telecom era la ambición que unía los deseos tanto de Néstor Kirchner como de Héctor Magnetto.

A pesar de la visibilidad que ganaron Gramercy o Fintech, la Argentina es todavía un país poco atractivo en América latina para aquellos fondos de inversión especializados en la adquisión de activos.

Un informe de Latin American Private Equity & Venture Capital Association (Lavca) estima que, entre 2008 y 2012, Brasil cerró 462 operaciones de ese tipo por US$ 19.851 millones. Detrás aparecen México (190 operaciones por US$ 2446 millones), Colombia (75 por 1697 millones), Chile (80 por 1440 millones) y Perú (55 por 1049 millones). Sólo detrás de esa lista de países está la Argentina que, en ese mismo período, logró cerrar 60 negocios por US$ 541 millones.

Otro informe de Lavca afirma que la Argentina aparece décimo en el ránking entre los países que otorgan más facilidades impositivas y legislativas de la región para estas operaciones detrás de Trinidad & Tobago, Uruguay, Costa Rica o Panamá, entre otros.

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Amado Boudou

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