Una burbuja inmobiliaria ‘a la mexicana’

HUEHUETOCA, México—Ya casi nadie visita el centro de ventas para viviendas de bajo costo en este municipio al norte de Ciudad de México. Incluso la única agente operativa allí hace unos días, Carolayn León, dice que ya no confía en su empleador, que le debe varios meses de sueldo.

Los compradores de casas e inversionistas están volviendo sus espaldas a los proyectos de viviendas para los mexicanos de bajos ingresos, frenando en seco el boom financiado por el gobierno durante más de una década. Cientos de nuevas viviendas en comunidades remotas están vacías, mientras que los bancos han cancelado las líneas de crédito de algunas de las mayores constructoras del país.

Tras captar más de US$1.000 millones en capital extranjero mediante una venta de bonos en el exterior, dos grandes promotoras mexicanas, Urbi Desarrollos Urbanos SAB y Corporación Geo SAB, incumplieron los plazos de pago de su deuda en abril. Los analistas indican que Desarrolladora Homex SAB parece encaminada al mismo destino. Las acciones de Urbi, Geo y Homex —las tres mayores constructoras del país en términos de volumen— han caído más de 60% desde principios de año.

La lista de acreedores incluye nombres de peso. Ashmore Group PLC y BlueBay Asset Management LP, ambas de Londres, y la firma de inversión estadounidense, Pacific Investment Management Co., formaron un comité de acreedores de Urbi y Geo, informaron personas al tanto de la situación. Las firmas declinaron ofrecer comentarios. Homex no respondió a solicitudes de comentarios.

La campaña de viviendas sociales comenzó con una premisa simple: millones de mexicanos pobres que vivían en chozas se beneficiarían de viviendas modestas donde podrían hacer realidad su sueño de la casa propia.

Los gobiernos consecutivos del Partido de Acción Nacional (PAN) respaldaron fuertemente el desarrollo de este tipo de vi-viendas desde que el partido llegó a la presidencia en 2000. El PAN veía la propiedad de la vivienda como una forma de apuntalar el crecimiento económico y una creciente clase media, su base principal de electores. Por eso, incrementaron la cantidad de créditos otorgados por la agencia gubernamental de hipotecas Infonavit y subsidiaron directamente a las constructoras.

Durante los últimos 12 años, Infonavit, que está detrás de 75% de las hipotecas de México, concedió unos 4,4 millones de créditos, el doble de los que otorgó desde su incepción en 1972 hasta 2000. La mayoría de los créditos de Infonavit va a parar a manos de obreros con sueldos mensuales de menos de US$630.

Este auge inmobiliario atrajo a empresarios de todo tipo. Homex, que contaba con el magnate estadounidense Sam Zell como uno de sus primeros inversionistas, llevó a cabo un ostentoso debut bursátil en 2004 en la Bolsa de Nueva York. Zell se deshizo de su participación entre 2006 y 2008.

Los consumidores mexicanos entusiasmados con los créditos baratos obtuvieron préstamos prácticamente con los ojos cerra-dos, sin considerar demasiado la ubicación de la casa o los servicios disponibles en los alrededores, explica Víctor Manuel Borrás, quien dirigió Infonavit durante las dos presidencias panistas.

Desde 2000, se han construido al menos dos millones de viviendas de bajo costo, con precios de entre US$15.000 y US$30.000.

Estas comunidades acabaron teniendo un enorme costo social. Los residentes se cansaron pronto de los largos trayectos al trabajo, los servicios como el agua a veces escaseaban y muchos compradores se quejaban de la mala calidad de las construcciones. Los datos del censo de 2010 revelaron que 14% de estas viviendas estaban deshabitadas.

Aldo Ortiz, de 34 años, se vio atraído por el crédito y precio barato de la casa que compró en el Parque del Ciprés, de Homex, en Huehuetoca. Pero una vez allí, descubrió que tardaba 90 minutos para llegar a su trabajo en Ciudad de México. Así estuvo ocho meses, hasta que dejó su empleo en una compañía de electrónicos y abrió una pequeña tienda de abarrotes en la sala de su casa.

Ante los problemas de planificación, el gobierno comenzó en 2011 a eliminar los subsidios a las urbanizaciones que contribuyen a la dispersión urbana y que tenían pocas probabilidades de progresar. El gobierno pasó entonces a favorecer las edificaciones en áreas urbanas y las torres de apartamentos en vez de casas de un piso.

La presión para adaptarse puso en jaque a las constructoras: algunas tuvieron que detener obras y reducir los esfuerzos de ventas, conforme se evaporaba el crédito. Los analistas esperaban que el nuevo gobierno de Enrique Peña Nieto, que asumió la presidencia en diciembre, anunciaría medidas para apuntalar el sector. Pero en febrero, el presidente se limitó a decir que tiene la intención de seguir promocionando la construcción vertical y sostenible, provocando una caída precipitada de las acciones y bonos del sector inmobiliario.

—Emily Glazer en Nueva York contribuyó a este artículo.