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Una calificadora subió de posición a Córdoba y la provincia aspira buscar créditos en el exterior
Moody’s destacó una mejora en los resultados del distrito gobernado por Martín Llaryora, quien aguarda novedades de las negociaciones nacionales con el FMI para buscar nuevas fuentes de financiamiento
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LA NACION
La calificadora Moody’s Argentina mejoró la puntuación crediticia de Córdoba, al destacar los resultados fiscales de la provincia, y evaluó que, debido a un perfil de deuda con fuerte exposición a moneda extranjera, el distrito deberá buscar diversas fuentes de financiamiento.
En los papeles formales, Córdoba pasó de “A.ar” a “AA-.ar”, lo que representa una mejora en su posición según la calificación que realiza Moody’s. La entidad argumentó su decisión en “la mejora de los resultados fiscales y el control del gasto público”.
Pero en esta historia hay una de cal y otra de arena, ya que la calificación de Moody’s también incluyó una evaluación sobre el perfil de deuda de la provincia.
Si bien destacaron el manejo prudente de gastos y describieron que posee un endeudamiento manejable, advirtieron que aún cuenta con una fuerte exposición a moneda extranjera.
“Es probable que la provincia necesite acceder a diversas fuentes de financiamiento para poder hacer frente a los vencimientos de capital en los próximos años y, a la vez, mantener niveles adecuados de inversión en obra pública”, evaluó Moody’s.
Esa observación llega en un momento particular, de acuerdo con lo informado por las autoridades cordobesas. Tal como sostuvieron, el gobernador Martín Llaryora “aguarda la evolución del acuerdo de Argentina con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para salir a buscar fondos en el mercado externo, a fin de cumplir con compromisos y sostener el ritmo de la obra pública anunciada”. Uno de los hombres clave en esa tarea es el ministro de Economía y Gestión Pública, Guillermo Acosta.
Durante 2024, la provincia superó las expectativas fiscales originales. Esto se debió, por un lado, a que los gastos corrientes aumentaron por debajo de la inflación y, por otro, a una reducción de los gastos de capital en términos reales, lo que incrementó su participación en el gasto total.
Para los próximos años se espera una normalización fiscal, en línea con la recuperación económica y la desaceleración inflacionaria del país. Entre sus fortalezas crediticias se destacan una economía local diversificada, un historial positivo de resultados financieros y una baja proporción de gastos en personal en comparación con otras jurisdicciones.
En contraste, las debilidades señaladas son la alta exposición a deuda en moneda extranjera y el contexto económico adverso. Entre los factores que podrían mejorar su calificación futura se encuentra una disminución de la deuda en moneda extranjera, mientras que una caída sostenida en la proporción de ingresos propios o un deterioro fiscal significativo podrían generar un recorte de calificación.
A nivel financiero, la provincia mostró en 2024 un margen operativo del 18,3% ($1.441 millones), superior al 17,1% del año anterior, y un superávit financiero del 4,8%, con una mejora en sus ingresos propios, que alcanzaron el 46,8% del total operativo frente al 39,4% de 2020.
La carga de intereses se mantuvo estable en 1,8% (había sido de 3,4% en 2020), gracias a una reestructuración de deuda que incluyó tasas escalonadas. La deuda total al cierre de 2024 alcanzó los $2.155.683 millones, de los cuales el 86,2% está denominada en moneda extranjera, aunque esta proporción ha disminuido 13,4 puntos porcentuales respecto al año anterior. La mayor parte de la deuda está en títulos públicos emitidos tanto a nivel local como internacional.
El presupuesto 2025 proyecta ingresos por $10.597.562 millones y gastos similares, lo que llevaría a un superávit financiero marginal del 0,1% y un margen operativo del 16,6%.
La estructura de ingresos contempla 44,1% de coparticipación federal y 30,1% de ingresos brutos, mientras que en el gasto se destina 31,7% a personal y 18,2% a capital.
En cuanto al perfil de vencimientos, la provincia enfrenta mayores obligaciones de pago desde 2023, producto de la reestructuración del bono internacional en 2021, y para cubrir estos vencimientos, será necesario acceder al mercado de capitales o a otras fuentes de financiamiento.
En lo que respecta a los Títulos de Deuda, los Clase 1 emitidos en 2016 con vencimiento en 2026 están garantizados por la coparticipación federal, mientras que en 2024 se emitieron los Títulos Clase 2 y Clase 4, ambos con vencimiento en 2027, ajustables por CER y garantizados por ingresos corrientes.
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