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Estatización de YPF: se acerca la fecha límite para realizar un descargo en Nueva York
La presentación motivó que la jueza Preska les pida opinión a las partes; dio plazo hasta mañana martes para que presenten sus argumentos
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LA NACIONMaría Julieta Rumi
La ONG Republican Action for Argentina (RAFA) se presentó la semana pasada en el juzgado de Loretta Preska de la Corte del Distrito Sur de Nueva York para pedir que se revoque el fallo en contra de la Argentina por US$16.100 millones en el juicio por la expropiación de YPF, y logró que la jueza emitiera una orden de vista a las partes involucradas en el juicio. Las partes deberían dar su opinión este martes.
“Las partes, incluyendo el Estado argentino e YPF, tienen hasta mañana para responder, según lo ordenado por la jueza Preska. Es de suma trascendencia que avalen las razones de la presentación para proteger los derechos de todos los argentinos”, dijo a LA NACION Fernando Irazú, representante de la ONG.
Según el abogado, la sentencia es “un fraude procesal que consuma un fraude internacional en un esquema criminal por el cual se llevan el fruto de una corrupción gubernamental que ha afectado a YPF y a todos los argentinos”. Irazú se presentó en el juzgado de Preska con información y documentos sobre la supuesta compra fraudulenta, en 2008, del 25% de las acciones de YPF por parte del Grupo Petersen, de la familia Eskenazi, en connivencia con el matrimonio Kirchner.
De acuerdo con el letrado, no solo están afectados los intereses de los argentinos, sino también de los norteamericanos, porque el fallo es un “policy making” terrible que abre el sistema judicial estadounidense para que corruptos vayan a solicitar el fruto de la corrupción”.
Sin embargo, conocida la presentación, Sebastián Maril, director de Latam Advisors y quien sigue de cerca los juicios contra el país en el exterior, dijo que el tema Eskenazi ya fue parte central de este juicio y no formó parte del fallo final por falta de pruebas, porque la misma jueza consideró que no había argumentos para anular el caso.
En el mismo sentido, el presidente del Tribunal Fiscal de la Nación, Miguel Nathan Licht, dijo que el planteo de la ONG es un “remedio heroico que tiene la misma chance de progresar que mandando al arquero a cabecear en el último minuto del partido y ese arquero es el Chapulín”. En su cuenta de X, agregó: “Ya en United States v. Beggerly, 524 U.S. 38 (1998), la SCOTUS consideró que el alivio bajo la regla 60(b)(6) está disponible solo en casos extraordinarios y que las partes deben demostrar que no pudieron haber descubierto la evidencia de corrupción con anterioridad mediante una diligencia razonable ¿Cuál sería el hecho de corrupción que le fue omitido al tribunal si dicen que se basó en una denuncia que tiene más de 15 años? Y vamos a suponer que con posterioridad a la sentencia se hubiera confirmado un hecho de corrupción en el país demandado. ¿En serio piensan que el tribunal americano está obligado a tomar nota? ¡Qué poco serio todo!”, cerró.
Línea de tiempo
El 16 de abril de 2012, las acciones de YPF eran propiedad en un 57,5% de Repsol, un 25,5% de Petersen (una filial constituida en España de propiedad de la familia Eskenazi) y un 17% de otros inversores minoritarios, incluido Eton Park, con una participación accionaria del 3%. El 7 de mayo de ese año entró en vigor en la Argentina la ley de interés público que dejó el 51% de las acciones de YPF en poder de Repsol “sujetas a expropiación” y bajo “ocupación temporal” por el Estado argentino. En julio, Petersen se declaró en quiebra en España tras haber incumplido en mayo con el pago de los préstamos que hizo un pool de bancos europeos para financiar la compra de las acciones de YPF.
En mayo de 2014, se completó la expropiación por parte de la Argentina del 51% de las acciones de YPF en poder de Repsol, luego de pagarle a la empresa española US$5000 millones en bonos soberanos.
El 4 de marzo de 2015, el síndico de la quiebra de Petersen, extenedor de acciones de YPF, vendió todos los reclamos relacionados con la expropiación a Prospect Investments LLC, una subsidiaria de Burford Capital LLC, fondo que presenta los reclamos en nombre de Petersen, según se desprende del escrito que presentó la petrolera.
Apenas un mes después, el 8 de abril, Petersen presentó una demanda contra el país e YPF por “incumplimiento anticipado de contrato, incumplimiento del deber implícito de buena fe y trato justo, e impedimento promisorio”. Y agregó: “Petersen alegó que YPF incumplió supuestas obligaciones de hacer cumplir las disposiciones de la oferta pública de adquisición y sanciones sobre las acciones adquiridas en violación de dichas disposiciones”.
En junio de 2015, Eton Park, otro extenedor de acciones de YPF, presentó demandas contra la Argentina y la petrolera.
El 31 de mayo de 2023, la jueza Loretta Preska culpó al Estado argentino, pero eximió de responsabilidades a YPF. El 16 de septiembre, después de un proceso en que se analizó el monto de la indemnización, la jueza confirmó que la Argentina deberá pagar casi US$16.100 millones más intereses.
En febrero de 2024, el Estado argentino presentó en la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York el primer escrito con los argumentos para que los jueces de segunda instancia revisen la sentencia de Preska.
En septiembre, se presentaron los últimos escritos finales de las tres partes (los demandantes, YPF y el Estado) ante la Corte de Apelaciones y ahora se está a la espera de que designe un panel de tres miembros y resuelva la fecha de una audiencia en la cual se tratará el caso.
