Abanderados del populismo

El gobierno de La Pampa, encabezado por el justicialista Sergio Ziliotto, resolvió que no serán los alumnos con mejores promedios los que tendrán la posibilidad de portar la bandera, sino que se tomarán “otros criterios” –aún no decididos– para elegir a los abanderados. La explicación de tamaña subversión de valores es que “en un paradigma inclusivo, cada uno tiene un valor para dar y todos tienen el derecho a portar la bandera”.

La decisión del ministerio educativo pampeano se inscribe en la creencia que busca imponer el oficialismo respecto del mérito, un disvalor al que hay que combatir. Promueve así en el terreno de la educación, como lo ha demostrado ya durante la pandemia, la eliminación de exámenes y de la evaluación de los docentes, considerada innecesaria.

Con un criterio totalmente opuesto y, a nuestro juicio, acertado, opinó la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña. “El abanderado –dijo– es un referente positivo para sus compañeros. Es una figura que muestra que esforzarse tiene valor y que cada chico tiene la oportunidad de conseguirlo”.

La decisión pampeana constituye un auténtico disparate conceptual, a contramano de la inclusión, que solo apunta a boicotear el esfuerzo, a rechazar la excelencia y a nivelar para abajo.

Si nos detenemos a mirar los resultados de las pruebas y evaluaciones nacionales e internacionales sobre la calidad de nuestra educación y los paupérrimos resultados que obtuvieron los alumnos, no podemos sino concluir que la ausencia de exámenes, el “todos pasan” y el “nadie repite”, resultan nefastos.

Ha sido claro y contundente al respecto el presidente de la Academia Nacional de Educación, Guillermo Jaim Etcheverry. “Son un escándalo que a nadie parece preocupar. Es un problema gravísimo que deberíamos resolver todos, que responde al desinterés de la sociedad por el trabajo y el esfuerzo”, dijo, y agregó: “Lo mejor que pueden hacer los padres y los docentes es precisamente exigir más”.

Hoy ya son varias las generaciones de familias que viven sin trabajar en nuestro país. Son abuelos, padres y nietos que hacen uso de la dádiva estatal con planes que muy pocas veces exigen asistencia a las aulas como contraprestación, sin mayores controles de cumplimiento.

No es insensato pensar que esa condición de pobreza intelectual y desmerecimiento a la meritocracia les sea útil a la hora de ganar votos a muchos dirigentes que encuentran en el pobrismo la razón de ser de su sostén político. Esa mirada corta y egoísta prima en los populismos de todo el mundo, acostumbrados a nivelar para abajo. El Estado se suicida con esta falsa igualdad, que relega a generaciones de estudiantes, futuros trabajadores, frente a las posibilidades laborales, pues ninguna empresa seria se privará de elegir a los mejores. En consecuencia, los supuestamente incluidos por la normativa que aquí objetamos serán claramente marginados de los mejores empleos.

Es hora de que quienes tienen la responsabilidad de gobernar retomen la senda que hizo de nuestro país un ejemplo, que puedan abrevar –sin ideologías obtusas ni falsos relatos– de aquellas épocas de esplendor educativo, precisamente de cuando dominaban y eran reconocidos como valores esenciales el esfuerzo, la exigencia y el mérito.