Corte Suprema: ahora es necesario enmendar el error
El gobierno de Milei deberá superar con sabiduría las equivocaciones cometidas en el desgastante proceso de renovación del alto tribunal
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A partir de muchas de las declaraciones que emitiera durante la Segunda Guerra Mundial y a lo largo de su extensa carrera política, se ha atribuido a Winston Churchill la frase que expresa que “todos los hombres cometen errores, pero solo los sabios aprenden de ellos”. Vale la cita tras el duro traspié que acaba de sufrir el gobierno de Javier Milei con el amplio rechazo por parte del Senado a los pliegos de los postulantes a la Corte Suprema de Justicia Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, propuestos un año atrás por el Poder Ejecutivo.
En este caso, y más allá de las idas y venidas en el tratamiento de las candidaturas planteadas, lo cierto es que el Gobierno cometió al menos dos claros errores. El primero de ellos fue propiciar la llegada al máximo tribunal de la Nación de un calificado jurista con reconocidos méritos académicos y profesionales junto a un juez federal que fue objeto de fundadas impugnaciones por la morosidad en su actuación, el mal desempeño en sus funciones y cuestionamientos patrimoniales.
El segundo error fue el de pretender imponer los nombramientos sobre el filo del inicio de las sesiones ordinarias del Congreso mediante un cuestionable procedimiento, como su designación en comisión mediante un decreto. Aunque esta idea pueda ser admisible jurídicamente, no resulta compatible con una adecuada concepción de la independencia que deben tener los magistrados en un sistema republicano de gobierno.
Lamentablemente, a lo largo de todo el debate público, la cuestión se transformó en una lucha política de egos y vanidades que, por momentos, fue más allá de los nombres de los candidatos para convertirse en una inconducente disputa por definir quién era el más fuerte para imponerse en esta discusión.
Del mismo modo, casi no hace falta recordar que el proceso estuvo teñido por las sospechas de que lo único que le interesaba a la líder del Partido Justicialista, Cristina Kirchner –y al buen número de senadores que la respaldan–, era asegurarse una Corte dócil a sus planes para tener garantías de impunidad frente a la condena a prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, confirmada en dos instancias judiciales, en la llamada causa Vialidad.
Surge el interrogante de cómo funcionará de aquí en adelante el más alto tribunal, con el aditamento de que el doctor García-Mansilla se encuentra actualmente en funciones, solo que “en comisión”, sin que se sepa qué postura adoptará sobre su continuidad tras el contundente rechazo del Senado.
Por lo pronto, los tres miembros plenos de la Corte –Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti–, por así decirlo, deberán hacer un esfuerzo especial por mostrar cohesión en todos aquellos casos donde les sea posible alcanzar una mayoría para el dictado de sentencias. De esa manera evitarán la necesidad de convocar conjueces provenientes de las Cámaras Federales de Apelación del país. Esta última herramienta es la que permite resolver las causas donde los miembros de la Corte no puedan acordar una sentencia.
Las señales que han venido dando últimamente esos tres jueces de la Corte, en cuanto a exhibir cohesión y lograr consensos, no han sido precisamente alentadoras. Así, en el pasado reciente el juez Lorenzetti hizo públicas sus fuertes disidencias con sus colegas a la hora de resolver contrataciones de personal y distribuir tareas entre las secretarías del tribunal, con utilización de un lenguaje muy alejado de la necesaria armonía.
Cabe esperar que de aquí en más esos jueces sepan limar sus diferencias, pues la Corte, como institución, es mucho más importante que la suma de sus integrantes. Y para el Gobierno ha llegado la hora de aprender de los errores y de proponer dos nuevos candidatos –preferentemente, mujeres idóneas– cuya honorabilidad y capacidad no puedan ser puestas en duda, manteniendo en cinco el número de integrantes del tribunal.
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