Alianzas entre el crimen organizado y el terrorismo
La Triple Frontera sigue siendo una zona de nadie donde tres Estados miran para otro lado con la excusa de que el problema es del vecino
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Hay una geografía que el crimen organizado descubrió antes que los Estados y que treinta años después sigue explotando con la misma impunidad. Es un rectángulo de agua y selva donde el río Paraná separa y a la vez une a Foz de Iguazú, Ciudad del Este y Puerto Iguazú. En ese cruce de tres soberanías —tres policías, tres justicias, tres burocracias que rara vez hablan entre sí— el dinero y el crimen encontraron hace décadas su hábitat natural. La Operación Hawala, desplegada hace unas semanas por el Ministerio Público brasileño y la Policía Civil de Río de Janeiro, no descubrió nada que la inteligencia regional no supiera. Pero por primera vez lo puso en un expediente: el mismo circuito financiero que blanquea la plata del narcotráfico brasileño roza, en algún punto de su recorrido, las redes de financiamiento de Hezbollah y Al Qaeda.
El caso empezó en una tienda de fundas de celulares en una favela del centro de Río, controlada por el Terceiro Comando Puro (TCP), que a su vez lava dinero como si prestara un servicio a terceros. De ese hilo modesto salió una arquitectura que movió unos 19 millones de dólares entre 2021 y 2024 al servicio de las tres facciones más poderosas de Brasil: el Primer Comando Capital, el Comando Vermelho y el propio TCP. Tres organizaciones que se matan entre sí en los pasillos de las favelas y que, sin embargo, comparten sin conflicto la misma lavandería. Esa es la primera lección incómoda del expediente: la guerra territorial es una cosa, y el negocio financiero, otra muy distinta. Arriba, donde se compensan las deudas y se mueven los millones, los enemigos son socios.
El salto de escala llegó por un hallazgo lateral. Los investigadores detectaron una relación comercial entre una empresa vinculada a los acusados y un hombre sancionado por la OFAC, la oficina del Tesoro estadounidense que administra las listas negras financieras, señalado por integrar una estructura de financiamiento de Al Qaeda y Hezbollah. Y en el corazón del capítulo fronterizo del caso aparece un núcleo de empresarios de origen libanés —los hermanos Zayoun— y varios apellidos más de la colectividad, en operaciones que movían valores entre las firmas de pantalla de Río y los operadores de la frontera. El nombre elegido para el operativo no es casual: hawala es el sistema informal de compensación, milenario, que permite mover dinero entre países sin que un solo dólar cruce físicamente una frontera ni pase por un banco. Es invisible por diseño. Y es exactamente el mecanismo que las investigaciones internacionales vienen asociando, desde hace décadas, con el comercio de la Triple Frontera y las redes de recaudación en el Líbano.
La pregunta por hacer no es si el terrorismo internacional financia sus operaciones en nuestra frontera -eso ya lo sabemos desde 1994, y lo pagamos con vidas-. La pregunta es por qué, treinta años después, la misma estrategia parece sorprendernos como si fuera nueva
La denuncia formal es por lavado de activos para las facciones. La palabra terrorismo no figura en el comunicado de los fiscales. La conexión con Al Qaeda y Hezbollah es, por ahora, una línea de investigación policial, no un hecho probado en sede judicial. Esa distinción importa: la historia de la Triple Frontera está llena de anuncios altisonantes que nunca terminaron en una condena. El periodismo serio y la Justicia seria comparten esa obligación de cautela. Pero cautela no es negación. Que algo todavía no esté probado no significa que no esté ocurriendo, y hay un piso de hechos que ya no admite discusión.
Por la Triple Frontera pasaron los recaudadores de Hezbollah investigados tras los atentados a la embajada de Israel y a la AMIA. Allí fue detenido en 2018, a pedido de la justicia argentina, el jefe del clan Barakat. Y, en diciembre de 2021, el Tesoro norteamericano sancionó por primera vez a una red de Al Qaeda asentada en Brasil. No estamos ante una novedad, sino ante la reaparición documentada de un patrón viejísimo.
El año pasado, un testigo paraguayo -David Rachid Lichi, miembro de una familia dueña de una de las financieras más importantes de Asunción- entregó al fiscal Sebastián Basso dos bultos con chequeras, boletas de depósito y documentación original de la firma Safio. Según esa documentación, entre 1989 y 2000 se habrían transferido unos 12 millones de dólares a Ali Hussein Abdallah, el hombre que dio cobertura en la Triple Frontera a Salman Raouf Salman, acusado de coordinar la fase final del atentado que dejó 85 muertos en nuestro país. Solo en 1994, el año del ataque, los depósitos habrían sumado dos millones de dólares, fraccionados casi a diario en montos de entre 10.000 y 300.000 dólares, canalizados a través de un banco que después fue absorbido por otro. La técnica -el goteo pequeño para no despertar alarmas- es la misma que la Operación Hawala describe tres décadas más tarde con otro nombre: smurfing.
Ahí está el punto que ninguna de las dos investigaciones puede probar todavía, pero que ambas iluminan desde extremos distintos de la misma línea temporal. En 1994, el dinero del terrorismo se movía por las financieras de la frontera con métodos de fraccionamiento y triangulación. En 2024, el dinero del narcotráfico se mueve por los mismos corredores, con las mismas técnicas y, según la hipótesis policial brasileña, a veces con los mismos operadores. Cambió el origen de los fondos; la cañería es idéntica. La Triple Frontera no es un lugar donde ocurren cosas: es una infraestructura. Y las infraestructuras, cuando funcionan, sirven para que todo el que pase pague peaje.
El contexto internacional le agrega urgencia a este cuadro. Desde junio, el PCC y el Comando Vermelho son Organizaciones terroristas extranjeras para los Estados Unidos, una designación que habilita sanciones secundarias contra cualquier banco o empresa de la región que opere con sus estructuras. Bajo ese paraguas, la vieja discusión académica sobre si estas facciones son “crimen organizado” o “terrorismo” deja de ser un debate de categorías para volverse un riesgo concreto sobre el sistema financiero de toda la región, la Argentina incluida. Si la hipótesis brasileña se confirma, el caso Hawala será la primera prueba judicial de una convergencia que los organismos antiterroristas vienen denunciando durante años sin lograr documentarla. Si no se confirma, quedará igual la fotografía inquietante de tres facciones enemigas compartiendo una misma lavandería clandestina.
La pregunta por hacer no es si el terrorismo internacional financia sus operaciones en nuestra frontera -eso ya lo sabemos desde 1994, y lo pagamos con vidas-. La pregunta es por qué, treinta años después, seguimos descubriendo la misma estrategia como si fuera nueva. La respuesta incomoda: porque la Triple Frontera sigue siendo, sobre todo, una zona de nadie donde tres Estados miran para otro lado con la excusa de que el problema es del vecino. Las armas robadas de un batallón cerca de Rosario aparecen en un camión rumbo al PCC; la cocaína baja por la Hidrovía; el dinero se compensa por hawala entre Foz, Ciudad del Este y Beirut sin tocar un banco. Los tres flujos usan la misma geografía. Que después de tres décadas eso siga siendo posible no es un misterio del crimen organizado.
