Alimentos, proteger el derecho del niño
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Los deudores alimentarios continúan desafiando la creatividad de nuestros magistrados burlándose de la Justicia, afectando derechos imprescindibles mediante el vergonzoso acto de no brindar el debido sostén económico a sus hijos.
A partir de la creación de la Red Federal de Registros de Deudores Alimentarios Morosos, conformado merced a convenios de colaboración entre jurisdicciones, aquellos inscriptos pueden ser sancionados en cualquier lugar del país. El castigo corresponde a quienes adeuden total o parcialmente dos cuotas consecutivas o tres alternadas de alimentos provisorios o definitivos fijados u homologados por sentencia firme. Además de la prohibición para renovar licencias de conducir o pasaportes y restricciones a la apertura de cuentas corrientes u obtención de tarjetas de crédito, están inhabilitados para ejercer cargos públicos y pueden ver retenidos sus haberes y bloqueadas sus redes sociales o billeteras virtuales para promover la generación de ingresos. En la ciudad de Buenos Aires tienen también vedado el acceso a eventos deportivos o musicales, casinos, juegos de azar.
Los datos disponibles hasta fines de 2025 permiten contabilizar más de 11.500 deudores alimentarios morosos, con unos 3000 inscriptos en jurisdicción porteña, una de las que posee mayores controles.
Dos situaciones novedosas se dieron al comienzo de este año en el caso de un planteo de demanda por alimentos provisorios que llegó a segunda instancia mientras regía la feria judicial. La Justicia de Familia ordenó trabar un embargo sobre la renta por un bien inmueble alquilado en la ciudad de Buenos Aires que percibe un padre deudor. Además de haberse habilitado la feria a este fin, el embargo corre también por “los alimentos futuros” lo cual permite no solo saldar lo adeudado, sino que asegura también la cobertura mensual por los siguientes cuatro meses.
El planteo revistió carácter de cautelar, pues se trataba de una medida urgente ya que involucraba el derecho a la alimentación de una hija en común con la expareja. La demanda por incumplimiento de pago de cuota alimentaria había comenzado hace unos años. El año pasado se solicitó una actualización del convenio en función de los desajustes inflacionarios que impactaron sobre el valor de la canasta familiar.
El índice de incumplimiento es tan alto que un 56% de las madres no recibe las correspondientes cuotas. Desatender las obligaciones de manutención de los hijos constituye una forma de violencia económica y patrimonial que debe ser rápida y efectivamente sancionada.
Celebramos que distintos instrumentos estén contribuyendo a poner las cosas en su lugar y destacamos la creatividad de magistrados que hábilmente salen al cruce de tantos padres carentes de vergüenza moral.
