Alimentos y sobreprecios: un escandaloso procedimiento
Si bien el Presidente reaccionó velozmente ante la injustificable irregularidad, lo ocurrido impone replanteos en los procesos de compras del Estado
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La escandalosa compra masiva de alimentos por parte del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación a precios considerablemente superiores a los que se conseguirían por productos similares en cualquier góndola de un supermercado ha provocado una lógica indignación en la ciudadanía.
Afortunadamente, el presidente Alberto Fernándezactuó con la necesaria rapidez frente a un acto de gobierno que despierta justificadas sospechas de corrupción, al margen de una probada inoperancia e incompetencia para controlar eventuales malversaciones de fondos públicos.
El primer mandatario anunció que dio la orden de que ninguna compra de alimentos por parte del Estado se hiciera a precios superiores a los máximos fijados para los comercios minoristas por el gobierno nacional. De este modo, frenó el pago al que se comprometió el citado ministerio con los proveedores que se beneficiaron de esta compra directa, realizada sin licitación previa en función de la presente situación de emergencia económica y sanitaria. Asimismo, el Presidente dispuso el cese en sus funciones del secretario de Articulación Política Social, Gonzalo Calvo, y de otros 14 funcionarios de la cartera comandada por Daniel Arroyo.
Más allá de la trayectoria y la imagen de honestidad que transmite el ministro, la gravedad del episodio impone investigar profundamente toda la cadena de responsabilidades. No puede dejar de cuestionarse al mismo tiempo el hecho de que el Ministerio de Desarrollo Social se asemeja a un enjambre de compartimientos, como si esta cartera hubiese sido loteada entre distintos sectores del oficialismo, entre los que se encuentran el massismo, la agrupación La Cámpora, el Movimiento Evita y distintos grupos cercanos a intendentes del conurbano bonaerense. De estos últimos, precisamente, emergió Calvo, un exfuncionario de las intendencias de Lomas de Zamora y Almirante Brown, donde curiosamente fue objeto de cuestionamientos no menores, asociados con sospechas de corrupción.
Lamentablemente, el presidente Fernández no mostró igual severidad frente a la impericia exhibida por el titular de la Anses, Alejandro Vanoli, responsable principal de la decisión que provocó el viernes pasado una injustificable y peligrosa aglomeración de adultos mayores en las entidades bancarias.
Pero independientemente de la veloz reacción presidencial para ponerle fin al escándalo por los sobreprecios, lo sucedido plantea numerosos interrogantes y lecciones que deberían ser tenidas en cuenta en los actos gubernamentales que impliquen contrataciones públicas.
Ninguna situación de emergencia puede dar lugar a un estado de excepción pasible de transformarse en campo propicio para negociados que beneficien a los amigos del poder y perjudiquen a todos los contribuyentes.
Un simple cálculo es indicativo de la dimensión de la escandalosa pérdida que supondría la reciente compra de alimentos por parte del Estado. La diferencia entre lo que se comprometió a pagar el Ministerio de Desarrollo Social y lo que se hubiera abonado si los mismos o similares productos se adquirieran a los valores de mercado o a los precios máximos fijados por el Gobierno asciende a unos 164 millones de pesos. Esto es, alrededor del doble de lo que se recaudó el domingo último para la lucha contra el coronavirus en el programa Unidos por la Argentina, transmitido por la totalidad de los canales de televisión abierta. Y si se tomaran los precios que por los mismos productos alimenticios se pagarían a un mayorista, la diferencia se acercaría a los 300 millones de pesos.
Es inentendible del mismo modo que el Estado se dirija, para una compra semejante, a intermediarios, en lugar de recurrir directamente a los productores, contra quienes difícilmente alguien pueda competir en precios y en cantidades.
Lo ocurrido obliga a replantear los procesos de compras por parte del Estado y a fortalecer la transparencia en todas sus instancias. Nos enseña que la emergencia no puede servir de pantalla para la malversación de fondos públicos y deja para el propio presidente de la Nación dos lecciones que no debería olvidar. La primera es que no es una señal de debilidad desprenderse de funcionarios corruptos o claramente incompetentes. La segunda es que, antes que denunciar como "miserables" a reconocidos empresarios, debería detenerse a observar la miserabilidad dentro de su propio gobierno, por cuanto apropiarse del dinero destinado a quienes más lo necesitan es una de las conductas más condenables de cualquier servidor público.
