¿Ampliando derechos?

Mientras los principales líderes del oficialismo se siguen jactando de su vocación por la “ampliación de derechos”, la reciente decisión del gobierno de Alberto Fernández de derogar una norma que habilitaba el voto por correo de los ciudadanos argentinos que residen en el exterior del país exhibe una flagrante contradicción con aquel hipócrita discurso.

Las actuales autoridades nacionales anunciaron la derogación de tres decretos del gobierno de Mauricio Macri, que datan de enero de 2019. Uno de ellos permitía que más de 360.000 argentinos que viven en otros países y están habilitados a emitir su sufragio en elecciones nacionales puedan votar por carta entre 7 y 12 días antes de la votación, previa inscripción en un registro online. Hasta aquel momento, esos ciudadanos solo podían hacerlo acercándose a las sedes diplomáticas el día de los comicios.

Otros dos decretos cuya derogación se anunció facilitaban el voto anticipado de los argentinos que se encuentren cumpliendo prisión preventiva, al igual que de los integrantes de las Fuerzas Armadas y de seguridad que forman parte del comando electoral, que tiene a su cargo la preservación del orden durante las elecciones.

Si bien la secretaria de Asuntos Políticos de la Nación, Patricia García Blanco, justificó la medida derogatoria en que cualquier modificación del sistema de votación debe pasar por el Congreso y en que el voto anticipado no se halla contemplado en el Código Nacional Electoral, por lo cual los decretos de Macri serían inconstitucionales, no hay un pronunciamiento firme de la Justicia sobre esa particular cuestión.

Por el contrario, la Cámara Nacional Electoral, en un fallo firmado por los jueces Santiago Corcuera y Alberto Dalla Vía, rechazó una resolución anterior de la jueza federal electoral María Servini de Cubría y convalidó el voto por correspondencia de los argentinos residentes fuera del país. Los dos camaristas expresaron: “No se observa que el sistema de voto por correo postal que establece el decreto cuestionado, y que se presenta como una modalidad extendida en el mundo, constituya un exceso que pueda reputarse inconstitucional”.

La constitucionalidad de las medidas dictadas por el gobierno macrista debería ser dirimida por la Corte Suprema de Justicia, ya que hasta ese ámbito llegó el cuestionamiento que oportunamente presentaron el Partido Justicialista, sectores del kirchnerismo y el Frente Renovador. Lamentablemente, el gobierno nacional no está dispuesto a esperar el pronunciamiento final del máximo tribunal y decidió avanzar con la derogación de las normas, volviendo abstracta la controversia judicial y contradiciendo alevosamente su declamado propósito de ampliar derechos.

Alejada de razones de tipo constitucional, la decisión del Gobierno guarda relación con especulaciones meramente electorales

No ha sido la única vez que, en las últimas semanas, el Gobierno recurre a un procedimiento similar, que exhibe absoluto desprecio por el Poder Judicial. Recientemente, también derogó modificaciones de Macri a la ley migratoria, que imponían controles más estrictos para impedir el ingreso al país de extranjeros con causas penales. Esa cuestión había sido judicializada, pero las actuales autoridades del Poder Ejecutivo prefirieron no esperar una decisión de los jueces y optaron por avanzar con la derogación mediante otro decreto.

Lo cierto es que, en el caso de la derogación de la posibilidad del voto por correo de los argentinos en el exterior, más que con razones de tipo constitucional, la decisión guarda relación con especulaciones meramente electorales. Es claro que en el oficialismo se ve al universo de votantes residentes en el extranjero más cerca de apoyar a las fuerzas de la oposición que a la coalición asociada al kirchnerismo que hoy gobierna la Argentina.

En las elecciones nacionales celebradas en 2019, el número de votantes argentinos en el exterior se triplicó respecto de su participación en los comicios legislativos de 2017.

Un récord de 49.300 ciudadanos argentinos votaron dos años atrás en el exterior. De ellos, alrededor de 8300 lo hicieron a través del novedoso sufragio por vía postal. Si bien el número total de votantes argentinos en países extranjeros representó apenas el 13% del total de aquellos en condiciones de sufragar, se trató de una cifra mucho mayor que la de los 14.000 ciudadanos que se acercaron a los consulados para votar dos años antes.

El resultado de la votación en el exterior arrojó en 2019 una amplia ventaja de Juntos por el Cambio, que cosechó cerca del 75% de los sufragios emitidos, mientras que la fórmula integrada por Alberto Fernández y Cristina Kirchner alcanzó menos del 20%.

Los decretos cuya derogación se acaba de anunciar no modificaron la ley electoral, sino anteriores decretos reglamentarios, y apuntaron a acortar distancias y facilitar el voto en sintonía con lo que ocurre en otras partes del mundo. Pero, lamentablemente, al actual oficialismo solo parece importarle ampliar derechos cuando esto resulta conveniente a sus mezquinos intereses.