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Ante una corrupción en aumento
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Inadvertido en medio de la incesante catarata de escándalos que sacude al kirchnerismo, el 4 del corriente mes se cumplió un año de uno de los más sonados casos de corrupción de la actual gestión: el secuestro de la valija con 800.000 dólares que el venezolano Guido Alejandro Antonini Wilson quiso ingresar en la Argentina tras bajar de un taxi aéreo contratado por la empresa estatal argentina Enarsa.
Por tratarse, debido a la valija, de algo mucho más gráfico y asible que el complejo caso Skanska, con sus coimas y sobreprecios millonarios en gasoductos, el llamado "valijagate" y sus dólares de origen desconocido se convirtió en símbolo de la corrupción kirchnerista, que nada tiene que envidiarle a la del menemismo, precursor en el trasiego de valijas con dólares, como las del "narcogate" o lavado de dinero de la droga, en 1991.
En este sentido, hay una continuidad entre los gobiernos de los Kirchner y los de Carlos Menem. Esta continuidad se extiende a la forma como la Justicia aletarga las investigaciones de estos hechos, al tiempo que procura beneficiar a los funcionarios involucrados.
Porque poco ha avanzado la Justicia desde aquel 4 de agosto del año pasado, cuando la valija de Antonini Wilson fue secuestrada en el Aeroparque ante la mirada de sus compañeros de vuelo desde Caracas, como el entonces titular del Organo de Control de las Concesiones Viales (Occovi), Claudio Uberti; su secretaria, Victoria Bereziuk, y el presidente de la empresa estatal Enarsa, Exequiel Espinoza. Poco se ha avanzado, pese a que el caso adquirió una mayor dimensión, primero, cuando se supo que, en el marco de la investigación nor- teamericana, uno de los involucrados sostuvo que el dinero estaba destinado a financiar la campaña presidencial de Cristina Kirchner. Después, cuando se confirmó que, apenas se produjo el secuestro de los dólares, Uberti se comunicó varias veces con la quinta presidencial de Olivos.
Sin embargo, como ya cuestionamos en esta columna editorial, el juez federal Daniel Petrone, nombrado recientemente por la Presidenta, eliminó del expediente la figura de contrabando y la reemplazó por la de lavado de dinero, más difícil de probar que el contrabando y, además, excarcelable. Luego, el juez benefició a Uberti con una falta de mérito. En cuanto a Espinoza, también compañero de viaje de Antonini Wilson y responsable de la empresa que contrató el taxi aéreo, aún no ha sido imputado.
Mientras tanto, el caso Skanska languidece, igual que las causas conexas a que dio origen, todas referidas a presuntos negociados con las obras públicas. La investigación del recorrido y monto de los fondos de Santa Cruz que Néstor Kirchner depositó en el exterior cuando fue gobernador de esa provincia se archivó, igual que la del notorio incremento del patrimonio de la pareja presidencial.
Pero, al mismo tiempo, quizá debido a una especie de ley de las compensaciones, denuncias de particulares obligaron a la Justicia a abrir investigaciones sobre el presunto pago de coimas de Siemens a funcionarios durante el gobierno de Néstor Kirchner, y sobre el sospechoso descuido que, a costa del fisco, habría permitido a las grandes exportadoras de granos quedarse con millones de dólares.
Ante este panorama, no debe extrañar que, desde hace años, la Argentina obtenga malas calificaciones en los rankings de corrupción o transparencia institucional que elaboran entidades internacionales. Según el informe difundido el año pasado por la organización Transparencia Internacional, nuestro país apareció en el lugar 105° de la tabla de posiciones, sobre un total de 179 naciones relevadas, y se ubicó entre los Estados de mayor corrupción de América latina.
Por otra parte, según el Barómetro Global 2007, el 70 por ciento de los argentinos señaló que el Estado había sido muy poco efectivo para combatir la corrupción, debido al alto nivel de informalidad en la gestión pública, a la baja institucionalidad existente y a la debilidad de los organismos de control.
Poco tiempo atrás, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que integran 30 países desarrollados, exhortó a la Argentina a adoptar medidas para sancionar a las empresas que cometan actos de corrupción. Dicha exhortación se produjo luego de la visita de una misión que vino en diciembre último y determinó que algunas compañías radicadas en la Argentina admitieron que deben adoptar prácticas poco claras para concretar negocios. Por otro lado, existe una fuerte preocupación por la falta de avances en la formulación de medidas para sancionar la responsabilidad de las empresas en casos de corrupción.
Tampoco faltaron en el informe comentarios críticos respecto del proceder de las empresas, por su falta de compromiso en la lucha contra este grave y endémico problema.
El reciente caso del fusilamiento en un descampado de General Rodríguez de tres jóvenes empresarios también pone sobre el tapete el tema de los aportes empresariales a las campañas presidenciales. Uno de los asesinados, Sebastián Forza, era propietario de una droguería que fue una de las principales aportantes a la campaña de Cristina Kirchner. Da la casualidad de que uno de los recaudadores, Héctor Capaccioli, es el superintendente de Servicios de la Salud, encargado de supervisar empresas proveedoras de servicios de salud.
La corrupción ha llegado a formar parte del sistema político, lo que demuestra que existen instituciones débiles. Para desterrar la cultura de la corrupción, tanto del ámbito público como del privado, deberá garantizarse la ausencia absoluta de impunidad, cuyo presupuesto fundamental es la independencia real y efectiva del Poder Judicial. Sin una justicia independiente, no hay forma alguna de combatir la corrupción. También deberá contarse con una apropiada desregulación y transparencia de la actividad económica, sin manipulaciones y con el funcionamiento pleno de las instituciones democráticas, con una prensa libre y el acceso directo del público a la información relacionada con el ejercicio de poder y las actividades gubernamentales.
