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A casi dos años de su aprobación en la Cámara de Diputados, el proyecto de prevención de la ludopatía y regulación de juegos de azar y apuestas en línea permanece demorado en el Senado y está próximo a perder estado parlamentario. La iniciativa, votada a fines de 2024, buscaba ponerle límites a una industria que creció sin control durante la pandemia y que hoy tiene a los adolescentes como uno de sus principales públicos.
El texto aprobado en Diputados proponía restricciones centrales al corazón del negocio: prohibición de publicidad de casas de apuestas en medios masivos y en vía pública, fin a los patrocinios de equipos de fútbol y clubes, regulación de los “promotores” e influencers que captan nuevos jugadores, y creación de un registro único de apostadores con controles de edad y geolocalización. También establecía campañas de prevención en escuelas y centros de salud.
El gobierno nacional no solo no impulsó su tratamiento en la Cámara de Senadores, sino que en el mes de mayo pasado presentó un proyecto alternativo que apunta a bloquear y sancionar sitios no autorizados, con prisión y multas más altas, pero no regula a los operadores que sí tienen licencia. El giro implica resignar la prevención en favor de la persecución penal.
La preocupación también llegó a la Iglesia. La Comisión Episcopal de Pastoral Social emitió hace pocos días una carta dirigida a la vicepresidenta Victoria Villarruel y a los integrantes del Senado en la que manifiesta “profunda preocupación por la falta de tratamiento” del proyecto aprobado en 2024. “Frente al sufrimiento de tantos, no actuar no puede ser una opción”, plantea la Comisión en el texto, donde sostiene que el problema ya excede el reconocimiento de los riesgos y requiere una respuesta institucional.
Los obispos advierten que las consecuencias del juego compulsivo no se limitan a quienes apuestan. También alcanzan a sus familias, a las instituciones educativas y a las comunidades que deben afrontar sus efectos. Además, piden a los legisladores asumir la responsabilidad de proteger la salud mental y la dignidad de las nuevas generaciones por encima de cualquier interés económico.
Es urgente que el Senado trate y sancione el proyecto aprobado en Diputados a fines de 2024. Postergarlo es optar por mirar para otro lado mientras una industria crece a costa de la salud mental de los jóvenes. La ludopatía ya es un problema de salud pública. Dejar de lado los intereses económicos y poner por delante la prevención y el cuidado de las nuevas generaciones debería ser la prioridad del Congreso. No actuar no puede ser una opción.
