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Arslanian y la lucha contra el delito
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La gestión ministerial de León Arslanian es la primera que ha logrado poner en marcha en la provincia de Buenos Aires una auténtica política de Estado destinada a frenar la actual escalada delictiva. Corresponde celebrar que en el distrito más poblado y violento del país se esté llevando adelante por fin una enérgica y efectiva depuración de la fuerza policial. Con los reemplazos que el ministro ha ordenado, el número total de agentes separados de la institución desde marzo último asciende a más de 800.
En los últimos días se supo, justamente, en virtud de una denuncia anónima, que existía en territorio provincial un plan para atentar contra la vida del doctor Arslanian, así como contra otros dos importantes funcionarios: el subsecretario de Seguridad, Martín Arias Duval, y el camarista Fernando Maroto. Esta información es extremadamente grav e y debe ser investigada a fondo. Los promotores de ese complot criminal serían un comisario mayor, tres comisarios y tres oficiales inspectores. Todos ellos estarían incluidos en la nómina de policías que el gobierno provincial ha decidido desplazar.
El drástico pase a retiro de 37 oficiales y suboficiales fue dispuesto como resultado de una serie de denuncias administrativas y penales que habrían permitido comprobar el mal desempeño de los principales integrantes de la Jefatura Departamental San Isidro. El jefe de esa unidad habría dejado de cumplir reiteradamente con las medidas de control y de represión que correspondía adoptar ante el elevado número de delitos y casos de corrupción que se habrían ido verificando. En el juicio oral por el secuestro y el homicidio de Juan Manuel Canillas se puso de manifiesto, en principio, la complicidad de policías de la zona norte con los delincuentes responsables de esos hechos sombríos.
El actual ministro de Seguridad provincial, que ya estuvo al frente del área durante unos meses en 1998, ha venido insistiendo, desde el comienzo de su actual gestión, en la necesidad de poner en ejecución un plan integral de transformación de la estructura policial del distrito, que incluyera cambios profundos en el escalafón y una mayor profesionalización de la fuerza. El plan incluirá también -según se ha anunciado- mejoras salariales a efectivos policiales en función de méritos propios y contemplará modificaciones institucionales tendientes a permttir que los jueces bonaerenses -y no sólo los magistrados federales- puedan perseguir los hechos delictivos perpetrados por el narcotráfico. Asimismo, se tiene la intención de ejecutar un programa destinado a urbanizar villas de emergencia para la prevención del delito.
Distintos especialistas, tanto argentinos como extranjeros, han recomendado la descentralización de las fuerzas del orden para que las autoridades locales sean responsables ante sus vecinos por el éxito o el fracaso de la política contra la delincuencia. También aconsejaron enfocarse hacia el seguimiento del delito barrio por barrio, a partir de la acción de una policía de patrulla que trabaje mancomunadamente con fiscales y con los encargados de investigaciones y del control del narcotráfico. El plan trienal anunciado por Arslanian apunta, en ese sentido, a ratificar su antigua idea de descentralizar la acción policial, con amplia colaboración de sectores civiles.
El debate sobre la policía bonaerense parece reeditarse y, por supuesto, sobran motivos. A estas alturas, resulta innegable que algunos sectores de la organización policial bonaerense se han caracterizado por una conducta ilegal y hasta mafiosa, que ha incrementado la desconfianza de la ciudadanía.
Por supuesto, es necesario insistir en que esa fuerza de seguridad contaminada por actos corruptos no representa de ninguna manera la totalidad del problema, sino sólo una parte de él. Además, la mayoría de los negocios oscuros de la policía bonaerense cuenta con la complicidad de parte de la dirigencia política local, de jueces venales, de abogados inescrupulosos y, en suma, de intereseses inconfesables vinculados con el sector privado.
Sin aventurarnos sobre las razones de que impere la delincuencia organizada a metros de municipalidades o de comisarías, ¿acaso un intendente o un concejal de un partido del conurbano pueden desconocer la existencia de lugares donde se desarman autos robados, se ejerce la prostitución con participación forzada de menores, se practican juegos de azar en forma clandestina con "protección" policial o se venden los productos comercializados por el narcotráfico?
En los últimos años, los sucesivos gobiernos de la provincia de Buenos Aires han oscilado entre políticas de rupturas y purgas y otras de acercamiento con la fuerza policial. Han cambiado muchos de los hombres de la organización, pero no sus vicios. Y no son los uniformados, por cierto, los únicos responsables.
Este círculo vicioso de corrupción, en el que también entra buena parte de una sociedad a menudo temerosa -a veces con fundada razón- de denunciar violaciones a la ley, sólo habrá de romperse con una clara voluntad política para desarrollar hasta sus últimas consecuencias una estrategia eficaz en materia de seguridad, que no deje espacios para pactos oscuros. Para esto será indispensable que el ciudadano vea al policía como su aliado y no como su adversario.
La nueva política instrumentada por el ministro de Seguridad provincial parece apuntar en esa dirección. Es de esperar que siga contando con el respaldo necesario para llevar adelante esa dura tarea de transformación.
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