Asambleas barriales
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LAS asambleas barriales que se están celebrando en nuestra ciudad -y en otras zonas del país- han nacido del deseo de amplios sectores de la población de participar de manera directa y comprometida en la solución de los graves problemas que aquejan a la República. El escepticismo de mucha gente respecto de la legitimidad del actual sistema de representación político-partidaria, manifestado de manera tumultuosa en calles y plazas, ha potenciado el deseo de los habitantes de muchos barrios de hacer oír su voz, buscando canales de expresión más cercanos a la democracia directa.
De esa inquietud popular han surgido las asambleas barriales. Constituyen un intento de generar un sistema de participación que comience por controlar el manejo de los fondos públicos que atañen al barrio y por establecer pautas sobre el uso de los recursos presupuestarios en el nivel municipal.
Si bien es cierto que el auge de estas asambleas aparece como una consecuencia del hartazgo público ante las conductas poco confiables de la clase política, debe tenerse en cuenta que tales mecanismos de deliberación popular encierran un peligro, pues por su naturaleza pueden acercarse al sombrío modelo de decisión de los "soviets", donde el lirismo idealista de muchos terminaba siendo casi siempre manipulado por una minoría de activistas ideologizados, duchos en el arte de proponer soluciones grandilocuentes y efectistas de puro contenido emocional -a menudo de imposible cumplimiento- y de captar, así, la voluntad de mayorías que no siempre advierten a tiempo la trampa que se les tiende.
La posibilidad de que esos órganos populares pretendan hacer justicia por su propia mano y sustituir a jueces, legisladores y administradores gubernamentales encierra un alto riesgo, en la medida en que se puede desembocar en el extremo no querido de que una reunión populosa de dudosa racionalidad -en la cual las decisiones se toman con frecuencia por aclamación- termine convirtiéndose en un factor de perturbación institucional.
La experiencia enseña que estas asambleas son a veces copadas por agentes de ideologías extremistas, que aprovechan la legítima indignación de la mayoría para pescar en río revuelto y tratar de lograr lo que nunca pudieron obtener por la vía del sufragio. No está mal que la gente quiera expresarse. De la consigna "el pueblo quiere saber de qué se trata" nació, al fin y al cabo, hace 192 años, la nación que habitamos. Pero es fundamental tener en cuenta que una cosa es protestar tumultuosamente y otra muy distinta tomar decisiones de gobierno en función del interés público y el bien común.
"El pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes", dice sabiamente la Constitución nacional. Ese principio nació del horror que les inspiraba a los constituyentes la amenaza de las turbas desatadas, un temor que se había incubado al abrigo de los excesos e injusticias que se habían perpetrado en el mundo en nombre de la libertad, de la Revolución Francesa en adelante. Nuestras asambleas barriales deben ser cuidadosas y estar prevenidas ante cualquier desviación que las acerque a los malos ejemplos históricos que proporcionaron, tantas veces, las multitudes enardecidas.
Las inquietudes que se manifiestan en esta clase de reuniones populares deberían tener un cauce real y no frustrar la legítima aspiración que los argentinos alentamos de reconstruir la representación política de los ciudadanos, cansados de episodios como el de las coimas en el Senado, la reiteración de actos de corrupción, el cuestionado financiamiento de la política por vías espurias y tantas otras señales de declinación moral.
"El pueblo quiere saber de qué se trata" quiere decir más y mejor participación política por los carriles institucionales previstos en nuestro sistema constitucional. No se puede ignorar, de todos modos, que las asambleas barriales son la respuesta inorgánica a las vacilaciones y las demoras del poder en instrumentar la reforma política reclamada por la ciudadanía.
